Guzmán tiene viento a favor para llegar a un acuerdo con el FMI

Un principio de acuerdo con el Club de París, para postergar los vencimientos, le daría aire al gobierno para redondear un entendimiento con el organismo que conduce Kristalina Georgieva.

El importante vencimiento que tiene Argentina con el Club de París, por un monto de 2.400 millones de dólares, a pagar el próximo 30 de mayo sería prorrogado por unos 180 días. De esa manera el Ejecutivo nacional tendría un margen más amplio negociar con ese grupo acreedor y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo aseguraron a RÍO NEGRO fuentes del Gobierno y este punto sería el aspecto más importante en la gira por Europa que realizó el presidente toda esta semana.

Las mismas fuentes revelaron que el presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, conversaron bastante sobre esta posibilidad en el encuentro que mantuvieron en Roma por más de una hora.

“La reunión con Georgieva fue crucial”, admitió uno de los funcionarios consultados, al considerar que en ese encuentro Fernández consiguió un cierto respaldo para la Argentina en cuanto a la urgencia de lograr un consenso con el Club de París y también sobre el tratamiento de los sobrecostos que tienen los programas de financiamiento del FMI.

El término crucial se debe a que en la gira por Europa, en las distintas reuniones que mantuvo el presidente, los mandatarios de Portugal, España, Francia e Italia le hicieron saber a Fernández que la única manera de lograr una renegociación con el Club de París era conseguir un respaldo primordial del FMI que actúe como un “cierto aval” para la reestructuración del vencimiento.

“El país no puede entrar en default con el Club de París”, repitió la misma fuente y aseguró que en función de todo esto se resolvió agilizar la reunión con Georgieva.

Precisamente, la titular del FMI se habría comprometido ante el Gobierno argentino para que el organismo emita en los próximos días una declaración dando un fuerte aval a las negociaciones con la Argentina y a la vez estableciendo una señal contundente para que el Club de París le otorgue más tiempo al Poder Ejecutivo.

Es más, tras el encuentro entre Fernández y Georgieva, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo en Roma una reunión con Julie Kozack, directora del Departamento Hemisferio Occidental del FMI, a fin de seguir delineando los términos para un futuro acuerdo con el organismo para reestructurar los vencimientos de 44.000 millones de dólares de crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri.


La paradoja de reestructurar un acuerdo propio del 2014


La paradoja de esta situación es que el Gobierno también se vio forzado a reestructurar el vencimiento con el Club de París, un acuerdo que había firmado en mayo de 2014 el entonces ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En aquel momento ese convenio fue sumamente criticado, ya que se aceptó asimilar una deuda que se encontraba originalmente en 6.500 millones de dólares y pasó a 9.500 millones de dólares.

Además, se incluyó una cláusula en la cual, ante el incumplimiento en los pagos, Argentina debía hacer frente a una penalización por otros 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, en el entorno del ministro Guzmán admiten que el objetivo del ala dura del Gobierno de conseguir un acuerdo mucho más amplio a lo que tiene contemplado el Fondo en sus estatuto “es una tarea sumamente difícil de poder cumplir”.

Lo máximo que contempla el FMI en cuanto a plazos para un acuerdo son 10 años. Desde el Instituto Patria que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se insiste en que se llegue a un acuerdo por más de 10 años, aunque en realidad se insiste con un período de 15 a 20 años.

Dentro del gabinete económico advierten que tampoco ayuda a esta negociación algunas señales que da el propio oficialismo, como fue la votación en el Senado de una proclamación para que la ampliación en la cuota parte que el FMI implementará para todos los países se utilice para atender gastos de la pandemia y “no para deuda”.

Se trata de unos 4.300 millones de dólares, que en el sector duro del oficialismo piensan en utilizar para desarrollar “políticas públicas expansivas”, en especial antes de las elecciones de noviembre.


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