Hacia un nuevo paradigma de seguridad

SABRINA NOELIA MEDINA (*)

En los últimos tiempos hemos observado que se ha iniciado la discusión en torno a las políticas de seguridad que el Estado debe implementar en función del actual contexto social. Hoy por hoy es comprobable el divorcio presente entre las instituciones públicas y el resto de la comunidad. No es objeto de este artículo analizar las causales, pero lo cierto es que la ciudadanía en general presenta ciertos rasgos de desconfianza o reprobación hacia las organizaciones estatales, no siendo las fuerzas de seguridad la excepción. Frente a este panorama bastante desalentador es que se ha fomentado la implementación de políticas públicas tendientes a revertir esta situación, con el objetivo fundamental de acercar las instituciones de seguridad a la comunidad. Se ha instalado a lo largo del tiempo en el imaginario popular que las fuerzas de seguridad son actores ajenos a la sociedad civil, cuando en realidad son parte de la misma como toda organización social. Sin embargo no son pocos los ejemplos discursivos que ubican a las fuerzas de seguridad en un lugar relegado y separado de todo lo que hace a la sociedad en sí. Como ya se señaló anteriormente, no podemos dejar de reconocer que la historia de nuestro país, con sucesivos quiebres autoritarios y experiencias fundadas en el abuso de las fuerzas públicas, nos ha posicionado en este lugar de desconfianza hacia todo lo relacionado con una de las funciones del Estado moderno, en términos de Max Weber, el uso del monopolio de la violencia física. Ahora bien, este diagnóstico nos lleva a preguntarnos cómo revertir este divorcio entre fuerzas de seguridad y sociedad. En primer lugar debemos dejar de lado la distinción discursiva entre estas organizaciones y comunidad, simplemente porque las primeras son parte y conforman la sociedad en sí. Un agente policial antes de ejercer su labor diaria es, ante todo, un ciudadano con derechos y obligaciones en igualdad de condiciones que el resto de las personas que conviven en una comunidad determinada. Este escenario ha sido visualizado por funcionarios públicos, por eso es que se ha comenzado con la implementación de una serie de políticas tendientes a revertir esta situación. No son pocos los ejemplos en América Latina sobre determinados planes de acción con objetivo de cambiar el rol que ostentan actualmente las fuerzas de seguridad, principalmente la institución policial. En nuestro país también se plantea la idea de modernización de las fuerzas policiales con el fin de alcanzar una labor orientada a la prevención y control del delito. Por lo tanto, la modernización implica la revisión de las actuales políticas de seguridad y el desafío de innovar en la temática. La capacitación permanente de los agentes como así también la profesionalización de los mismos, acompañada por una política de incremento salarial, la incorporación de mayor infraestructura tecnológica y el diseño de políticas que respondan al interés del ciudadano, son algunos de los mecanismos institucionales para lograr dar una respuesta, alineada a los valores y fines democráticos, a la problemática del delito y la violencia. El abordaje integral al flagelo de la inseguridad está en el discurso de toda clase política que ocupa espacios de decisión gubernamentales, sin embargo es frecuente observar cómo el discurso no se traduce en políticas concretas con objetivos claros que fijen metas a mediano y largo plazo. Hasta el momento se han logrado avances en varios distritos provinciales en cuanto a la formación profesional de los agentes que integran la estructura policial, siendo Neuquén uno de ellos con la instrumentación de la Tecnicatura en Seguridad Pública y Ciudadana. La profesionalización de los agentes de seguridad es uno de los temas que forman parte de una serie de medidas tendientes a eficientizar el rol de los organismos de seguridad pública. Los planes de estudios de las carreras en Seguridad Ciudadana ofrecen un abanico de conocimientos teóricos y prácticos, brindándoles a los agentes herramientas que aportarán no sólo a la formación académica sino también al ejercicio diario de sus labores. Esto constituye un ejemplo de cómo se propone instalar un nuevo paradigma centrado en un marco democrático que tenga como ejes principales la modernización de las fuerzas de seguridad y la adecuación entre lo que demanda la sociedad y las respuestas brindadas por las instituciones públicas encargadas de la seguridad. El paradigma de seguridad ciudadana se debe concebir como una política pública integral, la cual debe incluir necesariamente el compromiso político de las autoridades como así también del resto de las fuerzas políticas que no forman parte del gobierno de turno, los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto. La demanda está latente en todos los países que conforman América Latina, donde la emergencia y el pedido de respuestas por parte de la población exige acciones concretas e inmediatas de las instituciones. Algunos cambios incipientes se visualizan, pero el recorrido es extenso y debe ser transitado por los estamentos de seguridad estatales en su conjunto y la ciudadanía en general. (*) Magíster en Estudios Políticos (UNRN)