Buscan evitar el desalojo mapuche en La Angostura con un abrazo simbólico

El martes 15, la jueza subrogante Andrea Di Prinzio Valsagna dio la orden que aún no se ejecuta. La comunidad Quintriqueo y la familia Melo se encuentran en estado de "alerta".

Este martes, la jueza subrogante Andrea Di Prinzio Valsagna ordenó que se ejecute el desalojo de la comunidad Quintriqueo (lof Kinxikew) y la familia Melo, que había dispuesto el juez Luchino en 2016. Pese al pedido de suspensión de la medida por parte de la defensa y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ayer la magistrada ratificó su decisión y exigió que abandonen las tierras ubicadas frente al lago Nahuel Huapi, a 35 kilómetros de Villa La Angostura. Mañana, la comunidad mapuche realizará un «abrazo simbólico» para resistir el desalojo.

El abogado defensor Virgilio Sánchez informó a RÍO NEGRO que la magistrada rechazó su pedido de suspensión del proceso. Ayer los notificó del lanzamiento de las fuerzas de seguridad para que los Quintriqueo y la familia Melo abandonen el territorio. El letrado señaló que trabaja en un «recurso de apelación» para frenar con la medida.

La comunidad, que lleva allí más de 40 años, no abandonará los terrenos que considera suyos por tratarse de «tierras ancestrales». La titular del INAI les dio la razón y exigió a la jueza subrogante que cese con el desalojo en orden a la ley 26.160 de relevamiento territorial que impide estos actos.

Las tierras en disputa se ubican a 35 kilómetros de Villa La Angostura, frente al lago Nahuel Huapi, en el área de Parques Nacionales. Sin embargo, María Broers las reclama por considerarse «heredera» del lugar.

Sánchez recalcó que la mujer ha demostrado un «gran desinterés» desde que el juez Luchino falló a su favor en 2016, luego de un «proceso sumarísimo» iniciado en 2012. «En cualquier juzgado pasado un año, las causas se archivan. No entendemos por qué no se archivó, por qué no caducó la causa, con este desinterés de la demandante, cuando los procesos caducan a los tres meses. Nos llaman poderosamente la atención», remarcó el letrado.

Por otro lado, explicó que «la sentencia definitiva que se está ejecutando, no ha resuelto que Broers tenga más derecho que la comunidad Quintriqueo sobre el territorio en conflicto». «Se trata de un ‘interdicto de recobrar’. Es una medida policial donde no se discute el derecho sobre las tierras», agregó el letrado.

Sánchez fue contundente y consideró: «La jueza no debería llevar adelante el desalojo hasta que no quede firme la resolución que dictó ayer, que desde ya anticipo, vamos a apelar. Si bien se está ejecutando una sentencia firme del año 2016 en un juicio de interdicto, los juicios ejecutivos son procesos autónomos que deben respetar el derecho de defensa».

La comunidad mapuche ya advirtió que resistirá el desalojo que aún no se ejecuta. Mañana realizarán un abrazo simbólico en el lugar, con el apoyo de otras organizaciones.


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