Heladera rota

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Los interesados en ubicar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mapa ideológico suelen tildarlo de populista, ya que combina características tradicionalmente consideradas propias no sólo de regímenes izquierdistas sino también de derechistas con, como es habitual en tales casos, una fuerte dosis de retórica presuntamente progresista, pero tal vez el epíteto más apropiado sea consumista. Desde hace años, los encargados de la política económica, con Cristina a la cabeza, se han concentrado en estimular el consumo, a su entender la clave de la popularidad que le permitió anotarse el triunfo electoral de octubre del 2011, negándose a prestar atención a las consecuencias inflacionarias de las medidas que toman por suponer, a base de una lectura rápida de ciertos textos keynesianos, que si la gente sigue comprando la economía crecerá. Sin embargo, parecería que el intento de combatir la inflación congelando los precios en los supermercados, lo que a primera vista debería haber servido para alentar a los consumidores, ha resultado ser contraproducente. Según diversas fuentes, en febrero bajó mucho el consumo de bienes electrodomésticos, calzado e indumentaria, mientras que, en el conurbano bonaerense, el costo de la canasta básica alimentaria subió el 3,71%. A juicio de los especialistas, la caída de las ventas se debió más que nada a la decisión del todopoderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de castigar a los medios “hegemónicos” privándolos de la publicidad que, además de ayudar a financiarlos, había servido para mantener informados a los consumidores en potencia acerca de la oferta disponible. Sucede que, por extraño que les parezca a funcionarios como Moreno, las cadenas de supermercados invierten mucho dinero en publicidad no por querer respaldar a diarios, revistas o canales televisivos determinados, sino porque la experiencia les ha enseñado que las ventas dependen en gran medida de su capacidad para comunicarse con los interesados en comprar los productos que comercializan. No se trata de una manifestación de generosidad o de militancia política como parecen creer los kirchneristas. Hasta en países nominalmente comunistas como China, la publicidad suele mover muchos miles de millones de dólares porque sin ella la economía apenas puede funcionar, razón por la que, en los escasos lugares en que la publicidad empresarial se ha visto reemplazada por consignas políticas y exhortaciones supuestamente épicas, la actividad comercial es mínima y la pobreza extrema es casi universal. En buena lógica, pues, el gobierno debería haber ordenado a los fabricantes de bienes de consumo y a los supermercados que los venden invertir mucho más dinero en los medios principales para asegurar a los consumidores de que por fin los precios se mantenían estables, pero, es innecesario decirlo, tal alternativa hubiera beneficiado al periodismo no oficialista que, sin preocuparse por el eventual impacto político de su actitud, había colaborado, a través de la publicidad, con la estrategia kirchnerista de congraciarse con la ciudadanía estimulando el consumo. Si bien es posible que, después de cierto tiempo, el gobierno pueda anunciar que los precios, debidamente congelados, ya dejaron de subir, no lo es que los consumidores, víctimas del apagón publicitario, opten por reanudar sus compras con el entusiasmo de antes. Sin embargo, aunque virtualmente todos los economistas, incluyendo a los “heterodoxos” que se han acostumbrado a manifestar su aprobación, en términos generales, del “modelo” de Cristina, coinciden en que el congelamiento es a lo sumo un parche que, como tantos intentos voluntaristas anteriores de controlar los precios, está destinado a fracasar, también entienden que salir de él sería tan difícil que con toda probabilidad el gobierno se sienta obligado a prolongarlo, para que el “día 61” no se produzca una oleada de remarcaciones. Así, pues, pronto se hablará del “día 91” o del “día 121” hasta que, finalmente, el gobierno se vea constreñido a tirar la toalla, lo que haría resignándose a devaluar el peso. En ciertas circunstancias, tiene sentido controlar algunos precios, pero tratar de impedir que suban los de una gama muy amplia de bienes, como si el gobierno se creyera capaz de sustituir al mercado, siempre ha resultado ser un error.