Hidrocarburos: nunca de rodillas

Nunca un decreto del Poder Ejecutivo Nacional originó tanto revuelo y la sola mención de su número, “1277”, referencia y enmarca toda una problemática que abarca nada más y nada menos que el horizonte de producción hidrocarburífera de la Argentina, con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento energético que alcanzó la república durante la administración del presidente Raúl Alfonsín y que perdió por los continuos desaciertos de las administraciones posteriores. El mentado decreto, apenas publicado en el Boletín Oficial, puso en alerta a algunos gobernadores miembros de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) y aunque por estos días, luego de reunirse con el ministro De Vido, todos confían en las buenas intenciones del gobierno nacional, por la saga previa al dictado del decreto nos permitimos mantener un cierto grado de escepticismo. Como decíamos, el decreto no constituye un hecho aislado que se circunscriba a lo usual de la reglamentación de una ley sino que debe analizarse como un hecho perfectamente interrelacionado con otros ocurridos desde los albores del presente año y que culminaron con la estatización parcial de YPF en mayo pasado. Ésta es la saga: • El discurso de la presidenta de la Nación por cadena nacional del 25 de enero, en el que admitió la insostenibilidad de las importaciones energéticas que el gobierno de ella y su marido llevaron desde 0 al valor más alto de toda la historia energética argentina • El DNU de intervención de YPF, inusual por su brutalidad en un Estado de derecho • La ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF, tratada en tiempos excesivamente cortos y que recibió un apoyo en general casi sin precedentes en el Parlamento argentino • Los festejos populares organizados por el partido del gobierno –propios de una fiesta maya– con que se celebró en la Plaza de los Dos Congresos la sanción de la ley con la presencia de altísimos funcionarios del Ejecutivo, festejos que incluyeron el agradecimiento de la Sra. presidenta a la oposición • Finalmente, el quinto hecho relevante en esta saga, que es el dictado del decreto 1277 que comentamos Todos los hechos están interrelacionados y tienen por objeto maniobrar para disimular la crisis energética más importante de cuantas haya tenido la Argentina en toda su historia. La idea central parece ser inscribir acciones en el marco de un clima épico y triunfalista poco amigable con la crítica y con el debate de ideas. Más aún, el decreto muestra en su elaboración un criterio ideológico autoritario y es incompatible con la actual organización sectorial de los hidrocarburos en la Argentina, basada en la economía de mercado y con actores que son empresas privadas argentinas y extranjeras, organización que surgió a partir de las privatizaciones de la década del 90 aprobadas por el Congreso de la Nación. La aplicación de este criterio sería propia de un sistema de capitalismo de Estado que hoy no rige en el sector energético en la Argentina. Desorden jurídico A pesar de las explicaciones, en cuanto a que es una norma menor que no puede avanzar sobre leyes que rigen para el sector y mucho menos sobre las constituciones nacional y provincial, la aplicación de este decreto en los hechos genera desorden administrativo en el Estado. Las funciones de la Secretaría de Energía establecidas en la actual ley de Ministerios quedan transferidas a la órbita de una comisión sin estructura en el ámbito del Ministerio de Economía. El decreto despoja a las provincias de funciones específicas de aplicación y fiscalización previstas en la legislación. Hace perder decisión al gobierno provincial sobre los recursos. Estoy persuadido de que el decreto profundizará el retroceso del sector energético argentino que se produce en todos los frentes desde el inicio de la década del 2000. Generará incertidumbre en los inversores y desalentará a los nuevos interesados. Es posible que haga de la Argentina en materia energética un país aún más dependiente de lo que es ahora. Si lo que se pretendía era cambiar la legislación, el Poder Ejecutivo debería haber enviado al Parlamento una nueva ley de hidrocarburos que reemplace el actual régimen de las leyes 17319 y 26197. La República Argentina sólo superará la crisis estructural que atraviesa su sector energético si afronta el desafío político de sancionar en forma democrática y sin presiones un nuevo régimen para los hidrocarburos. Vamos por todo La prepotencia con la que el gobierno nacional avanza sobre derechos inalienables de la provincia del Neuquén, pretendiendo desconocer las normas que los contemplan, como los artículos 124 de la Constitución nacional y 95 de la Constitución provincial y la ley nacional Nº 26197, nos obliga a pronunciarnos enérgicamente en contra de la validez del decreto 1277, que debiera considerarse nulo, cuando no inconstitucional, toda vez que en su parte final expresa “y toda otra disposición legal que se oponga a la presente”. El sentimiento centralista, unitario y hegemónico que anida en el gobierno nacional debe prevenirnos, porque cuando dicen “Vamos por todo”, nada nos asegura que no vengan ahora por nuestros recursos naturales. No nos olvidemos de que durante el cortísimo tratamiento de la ley de Soberanía Hidrocarburífera muchos legisladores pretendieron que las regalías que surgen de la explotación fueran repartidas entre todas las provincias, imaginando una similitud con el Fondo Sojero. “Éste puede ser el camino para apropiarse de una nueva y suculenta caja, no pequemos de ingenuos”. Si vienen por todo, nos encontrarán de pie para defender con vigor nuestros derechos. No permitiremos que la prepotencia nos avasalle. (*) Diputado provincial. Presidente del Comité Provincial de la UCR en Neuquén

ALEJANDRO VIDAL (*)