HUGO CANON – FISCAL FEDERAL: Los juicios en la región «resultan razonables dentro de lo posible»

NEUQUÉN (AN-ACE).- Ante la falta de celeridad de los juicios contra los militares en la Argentina por los crímenes cometidos durante la última dictadura, el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, opinó que juicios como los que se van a realizar en Neuquén resultan «razonables dentro de lo posible», aunque no estén en el banquillo todos los responsables.

«Lo ideal, lo razonable y lo perfecto sería hacer un solo juicio con todos los imputados y por todas las víctimas de cada centro clandestino de detención», aclaró Cañón.

Especificó que en el caso de Bahía Blanca lo sería por el centro «La Escuelita», idéntico nombre que tomó en Neuquén el centro de torturas.

El nombre de ambos centros clandestinos fue una iniciativa del general (r) Adel Vilas, quien puso en marcha la detención clandestina y vejaciones durante el «Operativo Independencia», en Tucumán, en una escuela rural de Famaillá.

Cuando fue trasladado a la comandancia del V Cuerpo; el militar instauró en Bahía el centro de torturas en campos del Ejército del V Cuerpo, y en junio de 1976 en los fondos del batallón de Neuquén, ambos con el nombre de «La Escuelita», para emular a la «escuelita de Famaillá».

Varias víctimas de la causa en Neuquén, padecieron torturas en ambos centros durante su detención.

Vilas fue imputado por todos los casos de muertes, desapariciones y torturas en las investigaciones federales que se abrieron en Neuquén, Bahía y Viedma; pero fue declarado «incapaz» para ser llevado a juicio.

En Neuquén y Bahía las causas penales contienen las denuncias de los desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura y concentran -cada una- a más de 50 imputados, de los cuales están detenidos 8 a la espera de juicio en Neuquén, y 11 detenidos en período de instrucción en Bahía, de los cuales ocho ya fueron procesados.

Sobre la realización de los juicios Cañón planteó que «en todo el país la expectativa es bastante pesimista porque si hacemos un cotejo entre lo que hay en Chile y Argentina, existe la misma cantidad de procesados: alrededor de 300».

Detalló que desde la reapertura de las causas, la gran dificultad judicial «es llegar a juicios en tiempos razonables», y dejó en claro que la instrucción «de esta manera se podría prolongar durante largo tiempo» antes de llegar a un juicio.

«En algunas partes del país hay problemas muy serios con falta de tribunales alternativos, hay un solo tribunal oral y entonces si existen recusaciones, excusaciones o impedimentos de cualquier tipo, cuesta integrar los tribunales porque no están resueltas las subrogancias».

Especificó que en Capital Federal «si bien existen muchos juzgados y tribunales orales hay un cuello de botella que se produce con algún tribunal oral particular: una de las soluciones es no asignarle otras causas y juicios para que se puedan dedicar full time a este tipo de juicios por crímenes de lesa humanidad, pero aún así hay demoras y retrasos significativos».

Ejemplificó que en las causas regionales «hay gente prófuga, siguen apareciendo nuevos detenidos que tienen que ser indagados y si esperamos a que se complete todo el cuadro por «La Escuelita» de Bahía o «La Escuelita» de Neuquén, es muy difícil poder llegar a juicio, por eso parece razonable lo posible. Y lo posible es que se eleve un grupo de imputados aglutinados y se eleve la causa a juicio, es lo que va a suceder en Neuquén y lo que estimamos puede suceder en Bahía Blanca».