¿Importará?
No bien se anunció que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, encabezaría la lista del Frente para la Victoria kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, se difundió nuevamente un video, tomado por una cámara oculta en el 2008, que lo vincula con el pago de coimas. Según la grabación que fue efectuada por periodistas de América Noticias, la entonces secretaria de Medio Ambiente de la comuna explicaba al presuntamente interesado en instalar un supermercado chino en un predio determinado que tendría que entregar 70.000 dólares “para que el intendente y el secretario de Gobierno” –es decir, Jorge Rossi e Insaurralde– “firmen el documento”. Aunque la causa llegó a la Justicia, terminó archivada como tantas otras que afectan a miembros de la clase política nacional, pero es poco probable que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aproveche la oportunidad brindada por el episodio para descalificar al Poder Judicial como se ha habituado a hacer, denunciando con vehemencia, a través de Twitter, aquellas deficiencias que más le indignan porque a su juicio han servido para beneficiar a alguno que otro enemigo de su “proyecto”. Antes de formalizar la lista oficialista de candidatos a diputados nacionales, Cristina tuvo que descartar a su cuñada, Alicia Kirchner, debido a su reducido poder de convocatoria, y también al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por temor a que, si participara, la campaña electoral bonaerense se viera dominada por las repercusiones de accidentes ferroviarios mortales como el que hace poco se dio en Castelar. Sería de suponer que la presidenta estaba enterada de que algunos años atrás Insaurralde fue blanco de acusaciones de corrupción, pero tal vez el asunto no le pareció lo bastante grave como para obligarla a optar por un personaje de trayectoria menos polémica. Al fin y al cabo, en nuestro país son tantos los políticos que juran haber sido víctimas inocentes de campañas de difamación urdidas por sus adversarios que encontrar uno libre de toda sospecha no sería nada fácil. Sea como fuere, es de prever que en las semanas venideras los rivales de Insaurralde hagan buen uso de las denuncias en su contra, lo que, huelga decirlo, sería perfectamente legítimo, ya que oponerse a “la política del prontuario” equivale a afirmarse a favor de dirigentes corruptos. ¿Incidirá mucho en la campaña electoral el hecho de que se haya puesto en duda, a base de evidencia que a primera vista parece convincente, la honestidad personal del hombre elegido por Cristina para liderar sus huestes en la provincia de Buenos Aires? Puede que no, que a los sectores que se han acostumbrado a votar por el oficialismo no les importe la ética y que, luego de atribuir las denuncias a la malicia opositora, subrayen otra vez su lealtad hacia la presidenta respaldando la lista encabezada por Insaurralde. Si bien a esta altura nadie puede ignorar que la franja de la clase política que nos gobierna desde hace muchos años es muy corrupta, parecería que la mayoría se ha resignado a esta realidad, justificando su indiferencia diciéndose que todos son iguales, que eliminar el mal sería extraordinariamente difícil y que, de todos modos, hay que privilegiar la gobernabilidad. De ser así, las perspectivas ante el país distan de ser brillantes. Aun cuando resultara que los políticos corruptos fueran más eficaces que sus congéneres honestos, planteo éste que se expresa mediante la consigna por lo común tácita “roban pero hacen”, confiarles el manejo del Estado y de la economía nacional sería un error gravísimo porque andando el tiempo subordinarían todo a la evolución de su propio patrimonio. Sin embargo, no hay motivo alguno para suponer que los corruptos se destaquen por su capacidad administrativa. Por cierto, éste no ha sido el caso últimamente, ya que el gobierno de Cristina ha sido extraordinariamente inepto. Asimismo, los más perjudicados por la mezcla desagradable de rapacidad e inoperancia que lo ha caracterizado serán precisamente los millones de pobres del conurbano y las provincias feudales que brindan a los kirchneristas su reserva electoral, por ser cuestión de personas que dependen por completo del estado de la economía y que no están en condiciones de defenderse contra las crisis que esporádicamente la convulsionan.
