Impunidad para todos

https://www.rionegro.com.ar/impunidad-para-todos-YPRN_1389505/

El senador por Río Negro Miguel Pichetto dejó boquiabiertos a muchos al afirmar que, si bien se oponía a ciertos artículos del proyecto de ley de un nuevo Código Civil y Comercial impulsado por el gobierno, lo votaría por “obligaciones políticas”, de tal modo recordándonos que los miembros del bloque mayoritario que encabeza se han acostumbrado a actuar como meros autómatas que obedecen debidamente las órdenes que reciben de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De tomarse en serio el principio reivindicado por el rionegrino, el país podría ahorrarse muchísimo dinero reemplazando a los legisladores de carne y hueso por versiones digitales programadas para cohonestar a libro cerrado todo cuanto les mande la jefa máxima, ya que no sería necesario que tuvieran opiniones personales, pero sucede que la presidenta tiene buenos motivos para querer conservar el sistema actual. Entre otras cosas, le asegura el respaldo de una proporción sustancial de los resueltos a continuar viviendo de la política que entienden que, para lograrlo, les convendría militar en el movimiento coyunturalmente más poderoso. Asimismo, aun cuando lo dicho en los debates parlamentarios no modifique nada, puesto que los participantes saben de antemano cómo votarán y no tienen ninguna intención de dejarse influir por los argumentos de sus adversarios incluso si los comparten, es posible que en el futuro el Congreso deje de ser sólo una cáscara hueca, de suerte que sería mejor mantenerlo funcionando con la esperanza de que un día se vea ocupado por legisladores auténticos que estén dispuestos a arriesgarse poniéndose a la altura de sus responsabilidades. Los artículos que más preocupan a Pichetto tienen que ver con la decisión oficial de considerar el momento de la concepción como el inicio de la vida. Se trata de un tema espinoso que ha perturbado a filósofos y teólogos desde hace más de 2.500 años; el parecer de Aristóteles, además, claro está, de los de Tomás Aquino y otros doctores de la Iglesia Católica, acerca del asunto sigue incidiendo en las polémicas que últimamente se han hecho aún más complicadas merced a la evolución de técnicas de fertilización y las campañas feministas a favor del aborto. Para otros legisladores, empero, lo más peligroso de la reforma que el gobierno kirchnerista está forzando a los oficialistas a ratificar por “obligaciones políticas” no es que a su juicio refleje la influencia excesiva del clero católico sobre un gobierno supuestamente progresista sino que, de aprobarla los legisladores el año que viene, limitaría drásticamente la responsabilidad del Estado al privilegiar a los funcionarios en desmedro de todos los demás. Según los defensores de los cambios propuestos, la ley debería poner fin a la llamada “industria del juicio”, pero sucede que lo haría a costa de conculcar los derechos de quienes no cumplen funciones oficiales, lo que, en opinión de la diputada nacional macrista Laura Alonso, nos retrotraería a “épocas del Virreinato”. Tal y como están las cosas, no es del todo sorprendente que un gobierno que ha adquirido la reputación de ser sumamente corrupto haya querido proteger a sus integrantes contra los riesgos que enfrentarán una vez devueltos al llano, de ahí las alusiones opositoras a su presunta intención de otorgarse a sí mismos una “autoamnistía” parecida a la ensayada, sin éxito, por los militares cuando se batían en retirada. Asimismo, el proyecto motiva alarma porque, como han señalado dirigentes de todas las agrupaciones salvo la kirchnerista, haría de los vinculados con el Estado una clase privilegiada que disfrutaría de impunidad, lo que significaría una violación evidente de las normas básicas de la democracia republicana. Tan fuerte ha sido la preocupación causada por la iniciativa que, según se informa, miembros de la Corte Suprema, conscientes de que ya no hay posibilidad alguna de que el proyecto sea consensuado como sería apropiado por ser cuestión de algo de tanta importancia, han optado por asumir una postura prescindente. Dadas las circunstancias, puede entenderse la resistencia de quienes seguirán en sus puestos cuando el gobierno actual sólo sea un recuerdo a prestarse a una maniobra que parece destinada a impedir que personajes acusados de delitos sumamente graves tengan que rendir cuentas ante la Justicia.