Primera condena a un exintendente de Río Negro en la causa Techo Digno tras un juicio abreviado

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot homologó este jueves el acuerdo entre la fiscalía y la defensa del exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro (PJ), y lo condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la megacausa Techo Digno.

 El exintendente fue acusado de la autoría de los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso.

El juez también tomó el pedido de la fiscalía para que se disponga el cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de salir, presentaciones periódicas ante el órgano contralor, mantener el domicilio y no cometer nuevos delitos. “Todo esto debe cumplirse o de lo contrario podría revocarse la condicionalidad”, expresó la fiscal jefa.

Montanaro se transformó así en el primer exjefe comunal en asumir sus responsabilidades y aceptar la formulación de cargos que había hecho la fiscalía que presidieron Graciela Echegaray, con la asistencia de la fiscal adjunta Mónica García.

Hasta ahora hubo líneas de investigación de Techo Digno llegaron a juicio y fueron absueltos los exintendentes Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini, de Bariloche. También fue absuelto Omar Reggioni, exintendente de Fernández Oro.

La acusación fiscal contra Montanaro sostuvo que la operatoria consistió en la firma de un convenio en 2014 para la construcción de 135 viviendas e infraestructura, cuyos montos superaban los 61 millones de pesos, pero se utilizaron certificaciones falsas que informaban un avance de obra mayor al efectivamente realizado para beneficiar indebidamente a las empresas constructoras.

Durante la audiencia del lunes 27 de abril donde se presentó el acuerdo al juez Martínez Vivot, el exintendente admitió ante la Justicia los hechos indicados por el Ministerio Público Fiscal y aceptó la pena propuesta, marcando un precedente al ser el primer exjefe comunal en asumir su culpa en el desmanejo de los fondos dentro de la megacausa en la provincia.

La defensa del exintendente de 75 años, a cargo de Damián Torrres, fundamentó la decisión en el evidente desgaste físico y emocional generado por el paso del tiempo, así como en la intención de evitar un litigio que se extendería por varios años más, logrando además quitar peso a una línea de investigación que involucra a su sucesora e hija, Claudia Montanaro.

«Estoy muy cansado, quiero terminar con esto», afirmó Montanaro al dar su aval al acuerdo el intendente el lunes pasado.

Más allá de que su decisión descomprime la línea de investigación sobre la actual intendenta Claudia Montanaro, durante la audiencia del lunes se remarcó que toda la negociación por los planes de viviendas nacionales la llevó adelante Montanaro padre, ya que tras dejar la intendencia continuó como secretario de Gobierno de la gestión de su hija.

De igual manera habrá que esperar para ver cómo evoluciona la investigación sobre la actual jefa comunal de Cervantes.

Qué había planteado la fiscalía en su acusación

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El lunes pasado, durante casi tres horas, la fiscalía leyó más de 80 puntos de sustento probatorio que involucró la denuncia e investigación del acuerdo firmado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Municipio de Cervantes, representado por Montanaro en su calidad de intendente, que luego continuó como Secretario de Gobierno y Producción.

“Concretamente, el funcionario debía cumplir lo dispuesto por el acuerdo y sus anexos -firmado en noviembre de 2014- para construir 135 viviendas e infraestructura, dividido en tres planes”, explicó la fiscalía, según informó esta tarde el área de prensa del Ministerio Público.

“El monto que implicaba en ese momento los tres planes de viviendas equivalía a $61.101.000 pesos. De esta manera, fueron licitadas y adjudicadas 44 viviendas e infraestructura por un monto total $19.914.400 a cargo de Baszkir construcciones, 48 viviendas e infraestructura por $21.724.800 a cargo de Eraiki S.A., y 43 viviendas e infraestructura por un monto total de $19.461.800 a cargo de ECA S.A.”, detallaron las fiscales.

“Con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014”, detalló el Ministerio Público Fiscal.

“Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley”, dijo la fiscal.

La fiscalía mencionó -entre la prueba -la denuncia penal interpuesta por la referente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación, donde se inició la investigación y diversos informes de organismos nacionales que se obtuvieron en distintos allanamientos.

Se agrega lo propio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro (IPPV), ordenanzas, las filmaciones de drones en ocasión de relevamientos efectuados acerca de las 135 viviendas, las licitaciones públicas, los dictámenes de pre-adjudicación, las actas de inicio de la construcción, las facturas emitidas por las empresas, los convenios de rescisión de contratos.

Además las pericias caligráficas, los informes remitidos por el coordinador de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Rio Negro, informes de ARCA, informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y las entrevistas que verificaron toda la prueba documental mencionada.