Imputan por violación de aislamiento al legislador Barreno

El parlamentario del FdT -que también es el titular de Sitrajur Viedma- asistió en mayo a tribunales. Piccinini lo denunció y la Fiscalía ahora lo imputa. El gremio lo define como "“acto persecutorio”.

El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno fue imputado por violación de aislamiento, con su formalización en una audiencia de cargos convocada para el próximo miércoles de 24 de febrero.

A mediados de mayo pasado, Barreno -que también es el titular de Sitrajur en Viedma- concurrió a tribunales e intentó ingresar para contactar el estado del edificio frente la situación de la pandemia. No se le permitió acceder y, luego, la entonces titular del STJ, Liliana Piccinini presentó una nota al procurador General, Jorge Crespo para investigue lo que a su entendió fue violación del aislamiento.

Esa causa fue tramitada por la fiscal Maricel Viotti, que concluyó en criterios de oportunidad con otros dos asistentes -entre ellos, Adriana Saber, que después renunció a la conducción de Sitrajur- quienes aceptaron desembolsos para concluir con el trámite penal.

Barreno no lo aceptó, por lo cual, la fiscal Viotti avanzó en la imputación, que se formalizará el próximo miércoles.

En respuesta, el gremio judicial, que conduce Emiliano Sanhueza, entendió que se trata de “una clara maniobra de continuidad de la persecución politica y sindical”, y “absolutamente irracional que atenta con la función” gremial.

Esa organización consideró que es un “acto netamente persecutorio” ya que la “formulación de cargos se dá por la ya conocida denuncia” efectuada por Piccinini a integrantes del Sitrajur “por intentar hacer una inspección de las condiciones de trabajo ante la vuelta del trabajo presencial en medio de la pandemia”.

En un comunicado, el sindicato afirmó que la “propia fiscal reconoce que la intención de Barreno era esa” al plantear que asistieron para “recorrer el edificio para constatar el cumplimiento del protocolo de seguridad e higiene de COVID-19”.

Sitrajur resaltó que “no existe delito alguno en realizar una de las tareas fundamentales de nuestra función sindical. Es mas, no reparó la fiscal en que la denunciante es parte interesada (por Piccinini) ya que lo hizo además siendo la presidenta del STJ y quien resulta responsable última del cumplimiento (o incumplimiento) de las normas sanitarias”.


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