Incendios, humedales y produccion porcina, en pleno debate

La pandemia ha potenciado debates ambientales en el país, donde hoy se discute sobre las causas de los incendios en 11 provincias que dejaron más de 120 mil hectáreas arrasadas. El país enfrenta una de las peores sequías de los últimos años. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) el 95% de los incendios forestales se originaron en intervenciones humanas y se potenciaron por la sequía que muchos atribuyen al cambio climático.

Diversas organizaciones ambientalistas han reclamado que el Congreso vote una Ley de Humedales que proteja estas zonas del Litoral (Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos) de las quemas organizadas que atribuyen a la intención de agricultura o proyectos inmobiliarios. El texto busca proteger este ambiente y un plan de contingencia frente a la emergencia en el delta del Paraná.

La cuarentena en el país por la pandemia de covid-19 en marzo no impidió el desmonte de 21 mil hectáreas en el país, una superficie similar a la ciudad de Buenos Aires, según informó a fines de julio Greenpeace Argentina.

Según la organización, la razón económica para esos desmontes pese a las protestas y a la ley de Bosques es la producción de soja y ganadería intensiva con destino a China y Europa. Se desmontan por orden de grandes productores agropecuarios que en su mayoría no son de la región chaqueña, sino, principalmente, de la región pampeana.

Por otra parte, a principios de agosto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que Argentina perdió 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2018, el 87% en el parque chaqueño, el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas. La superficie deforestada equivale a Escocia o la provincia de Entre Ríos. El 87% de la pérdida de dichos bosques corresponde a la región del parque chaqueño: Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14 %) y Formosa (13%).

También está en debate el acuerdo comercial sellado con la República Popular de China para exportar carne de cerdo y derivados. Se denuncia falta información para evaluar el impacto en pequeños y medianos productores, el elevado consumo de agua y de energía que se requerirá, los riesgos sanitarios y el tratamiento de fluentes.