Ingresan 8.600 denuncias anuales a la Oficina de Violencia de Neuquén
El 30% de los casos requiere judicialización. Los datos son del Poder Judicial y corresponden solo a la capital. La mayoría de las víctimas son mujeres.
El caudal de causas en trámite en la OV es de 1600, entre las que entran y las que concluyen. Foto Florencia Salto.
El 32% de las denuncias recibidas en 2019 en las dos sedes de la Oficina de Violencia (OV) de Neuquén capital se judicializó, es decir, intervino una magistrada que dictó una medida de protección. El 60% de la demanda correspondió a la unidad de atención del este, el 40% restante a la de zona oeste. El volumen de causas en trámite permanente es de 1600, entre las que se incorporan y las que concluyen.
La OV es una boca de ingreso dentro del Poder Judicial de Neuquén de situaciones encuadradas en la ley 2785 de violencia familiar. El personal que trabaja en las unidades de atención de Leloir 881 y de Fortín Confluencia 4250 hace la recepción de la denuncia, realiza las entrevistas personales a las víctimas o a terceros que consultan, evalúa la competencia y en el caso que proceda diseña el dispositivo de intervención judicial. Una vez que la jueza emite la medida cautelar (por ejemplo ordena la exclusión de la casa compartida), quienes trabajan en la oficina hacen el seguimiento de lo dispuesto.
La violencia familiar, según la ley, comprende toda acción u omisión ilegítima o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, económica patrimonial, sexual y/o libertad de una persona por parte de algún integrante del grupo familiar. Pueden originarse en un matrimonio, en una pareja conviviente, en relaciones de noviazgos o de parentesco.
El grueso de las víctimas son mujeres: esto significa que hay un componente en estos casos de violencia por razones de género. “Históricamente el porcentaje de situaciones de violencia doméstica contra las mujeres está entre un 83% y un 87%, dentro del universo de situaciones de violencia doméstica”, indicó el director de la OV, Juan Pablo Durán.
El monto total que asignará este año el Poder Judicial para el tratamiento de situaciones de violencia en sede judicial es de 480.575.736 pesos. Esto representa un 5,2% de su presupuesto, que asciende a 9.233.830.514 pesos. El 95% de lo que se destina a este programa es para sostener al plantel de trabajadores: 458.783.736 pesos.
En 2016 , 2017 y 2018 el volumen de denuncias anuales ingresadas a las dos sedes fue de 8.600 en promedio. En 2018 hubo un estallido tras la apertura de la unidad del oeste: de 596 en abril saltó a 1009 en mayo, y llegó a 1075 en octubre.
En la serie de 2019 se advierte que de septiembre a diciembre hubo una mayor judicialización de casos. ¿Esto significa que existieron más hechos? Es una posibilidad.
“La judicialización tiene que ver con la necesidad de brindar respuesta jurisdiccional urgente. La labor específica del operador judicial (de la OV) frente a esta demanda es establecer indicadores de riesgo, valorarlos, con lo cual entramos dentro de lo que es el diseño de una medida cautelar oportuna, eficaz y eficiente para el caso que se plantea ese momento en un marco de tiempo acotado y provisorio”, explicó Durán. Remarcó que de ningún modo se busca decidir por la persona o ejercer algún tipo de tutelaje (ver aparte).
Lo que se hace es despejar o depurar, porque puede suceder que el caso corresponda directamente al fuero penal. “La demanda viene, para decirlo burdamente “cruda”: muchas veces es el primer contacto con un profesional entonces se empieza a orientar jurídicamente”, afirmó el funcionario.
Los picos de concurrencia de casos que ya están judicializados, según Durán, son en junio y noviembre, justo antes de las ferias judiciales, en el contexto del receso escolar, las vacaciones y las fiestas de fin de año
“Asisten para pedir modificaciones, que pueden significar el agravamiento o la morigeración de las medidas, por ejemplo en los regímenes de comunicación”, dijo Durán.
Estos datos estadísticos que produce el Poder Judicial formarán parte de los próximos informes del Observatorio de Violencia de la provincia.
En números
- $480.575.736
- es el monto previsto para el tratamiento de situaciones de violencia en sede judicial durante 2020. Representa el 5,2% del presupuesto del Poder Judicial de Neuquén, de este año, cuyo total asciende a $9.233.830.514.
¿Qué sucede cuando las mujeres denuncian una situación de violencia familiar y luego desisten de continuar?
“En esta labor de determinación de indicadores de riesgo la retracción de la persona que viene y te dice: “vengo a levantar la denuncia” o que solicita el cese de la medida cautelar, para nosotros es el principal indicador de violencia”, aseguró el director de la OV, Juan Pablo Durán.
Planteó que el desistimiento de la denunciante está vinculado con muchos aspectos. “El apego, la naturalización, la dependencia económica”, enumeró.
Agregó: “ante esa situación, ante ese pedido expreso nosotros armamos todo un informe al juez con todos los antecedentes que tenemos registrados.”
Esto le va a permitir evaluar la situación de manera integral, ya que las mujeres también tienen derecho a que se valore su voluntad de no continuar con un trámite judicial.
“Otra ayuda fundamental es el aporte de los defensores del Niño, ya que si bien la Constitución les reconoce (a las mujeres) su derecho a la autonomía hay que saber si hay niños afectados (por esa decisión)”, afirmó el funcionario.
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