Inquietud social

ALICIA MILLEr amiller@rionegro.com.ar

Los saqueos de supermercados y otros comercios en Bariloche fueron una postal que el gobernador Alberto Weretilneck hubiera preferido no ver. El vandalismo, que pronto se replicó en otros puntos del país, también fue una infausta noticia para la presidenta de la Nación. El fin de año no llega como ambos lo soñaron. Para Weretilneck, lo sucedido tal vez sea la peor manera de advertir la complejidad que en estos tiempos alcanza la problemática social en la provincia, una materia en la que no es idóneo y que no ha confiado a especialistas. Aun admitiendo la naturaleza multicausal de las revueltas violentas y, al parecer, anárquicas registradas en varios puntos de la provincia y el país, resulta evidente que priorizar criterios propios de la política en la atención de la pobreza, el desempleo y el desarrollo urbano puede implicar un costo importante. Por fortuna y prudencia, los sucesos no han tenido en Río Negro un saldo más grave que el que representa un solo herido de gravedad, varios contusos y los cuantiosos daños y perjuicios materiales sufridos por comerciantes grandes y pequeños. Tanto la inacción como las acciones erradas desde el Estado pueden promover o incrementar este tipo de acciones. Los sucesos tensaron la ya deteriorada relación entre el gobernador y el intendente de Bariloche, Omar Goye. Ambos cruzaron desacuerdos respecto de si existió o no una comunicación eficaz del rumor que delataba preparativos de acciones violentas en grupos conocidos por los responsables locales del área social. Ya iniciados, resulta infinitamente más difícil controlar fenómenos que por su propia dinámica tienden a ampliar y agravar su incidencia y alcances. El saldo –más allá de lo evidente en destrucción de redes sociales y bienes físicos– muestra que la Policía de Río Negro todavía adolece de la capacidad para actuar en casos como éste con la eficacia, los recursos y la capacitación necesarios para no convertirse en parte del problema. Aun sabiendo de los esfuerzos del gobierno actual en la materia, será necesario trabajar bastante más para que los resultados se adviertan en la prevención y manejo de este tipo de situaciones. En cuanto a Desarrollo Social, se observa que el trabajo con eje en la promoción y contención que se había realizado en el primer tramo de la gestión del Frente para la Victoria dejó paso a esquemas de tono político y asistencialista, que han mostrado ser inadecuados para canalizar la inquietud existente en un amplio sector de población. En Bariloche, fue notorio que el comienzo de los desmanes estuvo ligado a grupos de jóvenes que, si bien pertenecen a familias pobres, no actuaron movidos exclusivamente por la aspiración de obtener determinados bienes sino por demandas que surgen de su convicción de que no está a su alcance un proyecto de vida que les permita mejorar su condición social. La respuesta que dieron –primero Goye y después el ministerio provincial– consistente en intentar frenar el descontento con pedidos de comida a los supermercados o entrega de módulos alimentarios refleja una visión parcial de una problemática que podría comprender aspectos que van desde el desprestigio de la política, la seguidilla de expropiaciones sin indemnización generadas desde instancias nacionales, la declinación del financiamiento internacional para organizaciones dedicadas al trabajo social y la enseñanza de oficios, y los efectos indeseados de la cultura que endiosa la banalidad y el consumo. Si algo bueno habrá quedado de la penosa experiencia será, sin duda, la confirmación de que el asistencialismo es una espiral tan ruin como inútil y que una concepción verdaderamente respetuosa de los derechos humanos requiere del Estado y de la sociedad en general respuestas que impliquen otro tipo de compromiso con la niñez, la juventud y la adolescencia. En lo institucional Weretilneck, no obstante, acaba de obtener un respiro. Logró en lo que va de diciembre llegar a un mínimo consenso con el senador Miguel Pichetto para destrabar algunos de sus proyectos clave en la Legislatura. Así, las sesiones extraordinarias terminaron con la aprobación por unanimidad de la nueva ley Orgánica de Educación, la iniciativa convertida en leit motiv de la gestión del ministro Marcelo Mango, tal vez el más cercano a Weretilneck en el gabinete. También le permitió obtener consenso para la norma que fija el marco con el cual se renegociarán en forma anticipada 21 concesiones petroleras en la provincia. Esta iniciativa era la que más resistencia enfrentaba, desde que el gobernador quitó el área de Hidrocarburos de la órbita del Ministerio de Producción y esto determinó la renuncia de Juan Manuel Pichetto, hijo del senador, lo que aceleró el divorcio político que marcó el ritmo durante la segunda mitad del año. Por instrucción de las autoridades nacionales y por necesidades mutuas, Pichetto y Weretilneck sintieron alivio al desactivar sus desacuerdos días atrás, en el encuentro que mantuvieron en Guardia Mitre. Quienes no parecen tan serenos son los integrantes del bloque del Frente para la Victoria disidente. Es tal el enojo con sus pares “albertistas”, tanto ha sido el destrato que ambos sectores se han prodigado, que difícilmente podrán olvidar enseguida agravios políticos y personales. Tironeado entre quienes siguen con la inercia del conflicto y quienes, como Pichetto, buscan desactivarlo, Ariel Rivero se muestra incómodo y expuesto. Esta situación se hizo notable en la oposición del frentismo disidente a aprobar en particular los artículos principales del Presupuesto de Gastos para 2013, lo que obligó al oficialismo a depender del favor del bloque radical, conducido por Bautista Mendioroz. El viedmense no despreció la oportunidad de convertirse, otra vez, en la llave que garantiza la aprobación de las leyes que quiere el gobernador. Mientras tanto, una nueva postergación dilató las definiciones que tendrá el momento político en el seno del Consejo del Partido Justicialista. La convocatoria prevista para ayer se suspendió a raíz de la ola de disturbios en Bariloche, Viedma y Cipolletti. Pero el debate se retomaría antes de finalizar el año. Es probable que Pichetto deba resignar parte del control sobre la conducción y los fondos partidarios, a cambio de obtener un sereno pasaporte para su candidatura a renovar la banca en el Senado. Meses de distanciamiento demostraron al gobernador, a Martín Soria y a Miguel Pichetto que nada bueno aporta la beligerancia en cuanto a calidad de gestión, a sus perspectivas políticas personales ni a la estima de la ciudadanía. Si no es el espíritu navideño, tal vez sea el sentido común el que les permita retomar la vía del diálogo, en beneficio del conjunto de los rionegrinos.