Instintos peligrosos

Puesto que toda vez que un político se ve en apuros reacciona afirmándose víctima de una «campaña» en su contra, era de prever que los involucrados en el escándalo del Senado pronto comenzarían a insinuar que en el fondo sólo se trataba de otro invento de los medios de difusión que, por «malicia», habían decidido mejorar sus ventas y ayudar a una facción aliancista exagerando la venalidad de los padres de la patria. Fue ésta la «opinión» del inefable senador entrerriano Augusto Alasino, quien afortunadamente ayer quedó fuera de la conducción del bloque, al igual que el sospechado Remo Costanzo. Alasino estuvo tratando de desviar la atención de los presuntos sobornos atribuyendo la alharaca que se ha producido a un «plan de desestabilización», supuestamente urdido a fin de hacer caer al presidente Fernando de la Rúa y en el que estarían implicados diversos periodistas. La teoría descabellada de Alasino no impresionó a nadie, pero esto no quiere decir que no habrá más intentos de intimidar a la prensa que, huelga decirlo, ha estado cumpliendo un papel protagónico en un drama que se inició con la alusión de un comentarista conocido a versiones que habían circulado profusamente en el mundillo político pero que aún no habían llegado a los oídos de la ciudadanía rasa.

Pero Alasino y otros como él que preferirían que los escándalos de este tipo no trascendieran fuera del ámbito parlamentario no son los únicos que quisieran castigar a los periodistas por haber dado una mayor difusión a lo que es de suponer consideraban un pequeño secreto profesional sólo apto para los iniciados. También hay jueces que creen que la prensa debería subordinarse a otros intereses. Uno es el juez federal Carlos Liporaci. El que el encargado de la investigación judicial del asunto no haya tardado en sugerir que por ser tan grave la crisis en el Senado convendría suspender la garantía contenida en el artículo 43 de la Constitución, según el cual «no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística», nos recuerda que la «clase política» sigue conservando muchos reflejos autoritarios tradicionales. Desde luego, es aberrante que un juez, nada menos, no haya tenido empacho alguno en proponer la supresión de una garantía constitucional.

Lo entienda muy bien o no este «juez de la servilleta» al cual, por desgracia, le ha tocado encabezar la investigación del caso de corrupción institucional más impactante de los últimos tiempos, es precisamente en los momentos de grave crisis cuando es más necesario aferrarse a las garantías constitucionales. De admitirse la tesis de que en ciertas circunstancias es legítimo olvidarse de ellas o relativizarlas, el camino quedaría despejado para todos los abusos concebibles. El país ya ha experimentado demasiados desastres a causa de la costumbre de ciertos dirigentes de pasar por alto las reglas formales, las cuales toman por estorbos, reemplazándolas por otras que son por definición arbitrarias. De prosperar la propuesta de Liporaci, el país podría precipitarse una vez más en el abismo de la ajuridicidad.

La reserva de las fuentes periodísticas no es un privilegio corporativo, una «conquista» conseguida por un gremio combativo a cambio de vaya a saber qué concesión, sino una forma de asegurar que el público pueda acceder a información que de otro modo le sería vedada. Por motivos nada misteriosos, son muchas las personas que al enterarse de algo importante están dispuestas a hablar sólo a condición de que su identidad no sea revelada. Puede que sea lamentable tal actitud, que todos deban asumir la plena responsabilidad de sus propios dichos, pero cuando de actividades criminales como la compra de votos se trata, es más que comprensible la resistencia de las «fuentes» a dejar trascender sus nombres. Asimismo, si bien no cabe duda de que en ocasiones ciertos periodistas aprovechan el principio de la reserva de las fuentes para difundir infamias sin fundamento, los riesgos así supuestos son decididamente menores que aquellos que plantearía la eliminación del secreto. Al fin y al cabo, es más que probable que de no haber sido por la vigencia del artículo 43, el juez Liporaci nunca hubiera obtenido la información que lo llevó a decir que «se puede aseverar que hubo sobornos en el Senado».