Intereses incompatibles
Puede que, como nos aseguran sus voceros, el gobierno nacional no se haya propuesto hacer uso de la ley antiterrorista para obligar a los productores agrarios a vender sin demora la próxima cosecha de soja, pero los integrantes de la Mesa de Enlace rural tomaron tan en serio las versiones en este sentido que se han difundido que no vacilaron en calificar de “fascista” una eventual iniciativa de tal tipo. Aunque uno de los encargados de administrar la economía, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se apuró a decir que a nadie se le ocurriría tratar a los chacareros como si fueran terroristas, los ruralistas tienen buenos motivos para preocuparse. Además de temer que, a raíz de inundaciones que se vieron seguidas por una sequía prolongada, la cosecha sea menor a la prevista pero que las autoridades impositivas los acusen de ocultar toneladas de granos y porotos en silos clandestinos, saben muy bien que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará dispuesto a ir a virtualmente cualquier extremo para conseguir más dinero en lo que es, al fin y al cabo, un año electoral, y que por ser la soja una de las fuentes principales de ingresos del gobierno no le gustaría para nada que los productores se negaran a liquidar cuanto antes las divisas correspondientes. Sin embargo, debido a la inflación que propende a acelerarse, es del interés de los productores operar con la máxima cautela, ya que entienden muy bien que la soja conservará su valor mejor que el peso. Como señaló hace poco el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, “este año los productores van a dosificar las ventas para poder mantener su poder adquisitivo hasta la próxima cosecha, tendrán mucha prudencia al momento de vender y van a estudiar mucho cualquier compra e inversión antes de realizarlas”. Así las cosas, está escrito que chocarán nuevamente el gobierno y los ruralistas. En efecto, el líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, acaba de advertir que podrían organizar “una gran protesta agropecuaria nacional” a menos que aparezcan “las soluciones” que están reclamando, lo que con toda seguridad perjudicaría a un gobierno que brinda la impresión de sentirse desbordado por la crisis económica. Este conflicto, como otros que se dan entre el gobierno de Cristina y diversos grupos económicos, se debe a algo más que las diferencias ideológicas entre quienes se afirman resueltos a repartir los recursos disponibles, por un lado, y los responsables de producirlos, por el otro. También tiene que ver con el hecho de que los tiempos de la economía nunca son iguales a los de la política. Mientras que el gobierno necesita contar con más dinero ya, los empresarios, en especial los ruralistas, tienen que pensar en el mediano y largo plazo. Por ser la suya una actividad que depende tanto de factores meteorológicos imprevisibles, un buen año podría ser seguido por otro calamitoso, razón por la que les es forzoso aprovechar las oportunidades para acumular un colchón que les permita sobrevivir a un período de vacas flacas, resistiéndose a entregarlo a un gobierno que en su opinión se las arreglaría para financiar sus organizaciones clientelistas. Huelga decir que la diferencia así supuesta se ha visto agravada por el cortoplacismo extraordinario que es tan característico del gobierno kirchnerista, de ahí la virtual parálisis del sector energético que tanto ha contribuido a reducir el superávit comercial y que está en la raíz de los problemas financieros que lo obsesionan. Asimismo, la inflación ha oscurecido tanto el panorama que propende a intensificarse cada vez más la puja por pedazos de una torta que ya ha dejado de crecer, mientras que la proliferación de distintas tasas de cambio –según los dirigentes rurales, para el productor de soja el dólar vale 3,32 pesos pero tiene que operar en un medio ambiente en que los demás agentes económicos creen que en realidad vale más de 8 pesos– ha sumado más dificultades que todos han de tomar en cuenta. Es de prever, pues, que sigan multiplicándose los conflictos y que el gobierno reaccione echando mano a cualquier instrumento legal que le parezca adecuado, incluyendo, desde luego, el supuesto por la ley antiterrorista, garantizando de este modo que los meses venideros se hagan muy pero muy agitados.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 29 de marzo de 2013
Puede que, como nos aseguran sus voceros, el gobierno nacional no se haya propuesto hacer uso de la ley antiterrorista para obligar a los productores agrarios a vender sin demora la próxima cosecha de soja, pero los integrantes de la Mesa de Enlace rural tomaron tan en serio las versiones en este sentido que se han difundido que no vacilaron en calificar de “fascista” una eventual iniciativa de tal tipo. Aunque uno de los encargados de administrar la economía, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se apuró a decir que a nadie se le ocurriría tratar a los chacareros como si fueran terroristas, los ruralistas tienen buenos motivos para preocuparse. Además de temer que, a raíz de inundaciones que se vieron seguidas por una sequía prolongada, la cosecha sea menor a la prevista pero que las autoridades impositivas los acusen de ocultar toneladas de granos y porotos en silos clandestinos, saben muy bien que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará dispuesto a ir a virtualmente cualquier extremo para conseguir más dinero en lo que es, al fin y al cabo, un año electoral, y que por ser la soja una de las fuentes principales de ingresos del gobierno no le gustaría para nada que los productores se negaran a liquidar cuanto antes las divisas correspondientes. Sin embargo, debido a la inflación que propende a acelerarse, es del interés de los productores operar con la máxima cautela, ya que entienden muy bien que la soja conservará su valor mejor que el peso. Como señaló hace poco el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, “este año los productores van a dosificar las ventas para poder mantener su poder adquisitivo hasta la próxima cosecha, tendrán mucha prudencia al momento de vender y van a estudiar mucho cualquier compra e inversión antes de realizarlas”. Así las cosas, está escrito que chocarán nuevamente el gobierno y los ruralistas. En efecto, el líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, acaba de advertir que podrían organizar “una gran protesta agropecuaria nacional” a menos que aparezcan “las soluciones” que están reclamando, lo que con toda seguridad perjudicaría a un gobierno que brinda la impresión de sentirse desbordado por la crisis económica. Este conflicto, como otros que se dan entre el gobierno de Cristina y diversos grupos económicos, se debe a algo más que las diferencias ideológicas entre quienes se afirman resueltos a repartir los recursos disponibles, por un lado, y los responsables de producirlos, por el otro. También tiene que ver con el hecho de que los tiempos de la economía nunca son iguales a los de la política. Mientras que el gobierno necesita contar con más dinero ya, los empresarios, en especial los ruralistas, tienen que pensar en el mediano y largo plazo. Por ser la suya una actividad que depende tanto de factores meteorológicos imprevisibles, un buen año podría ser seguido por otro calamitoso, razón por la que les es forzoso aprovechar las oportunidades para acumular un colchón que les permita sobrevivir a un período de vacas flacas, resistiéndose a entregarlo a un gobierno que en su opinión se las arreglaría para financiar sus organizaciones clientelistas. Huelga decir que la diferencia así supuesta se ha visto agravada por el cortoplacismo extraordinario que es tan característico del gobierno kirchnerista, de ahí la virtual parálisis del sector energético que tanto ha contribuido a reducir el superávit comercial y que está en la raíz de los problemas financieros que lo obsesionan. Asimismo, la inflación ha oscurecido tanto el panorama que propende a intensificarse cada vez más la puja por pedazos de una torta que ya ha dejado de crecer, mientras que la proliferación de distintas tasas de cambio –según los dirigentes rurales, para el productor de soja el dólar vale 3,32 pesos pero tiene que operar en un medio ambiente en que los demás agentes económicos creen que en realidad vale más de 8 pesos– ha sumado más dificultades que todos han de tomar en cuenta. Es de prever, pues, que sigan multiplicándose los conflictos y que el gobierno reaccione echando mano a cualquier instrumento legal que le parezca adecuado, incluyendo, desde luego, el supuesto por la ley antiterrorista, garantizando de este modo que los meses venideros se hagan muy pero muy agitados.
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