Jóvenes sin futuro, sociedad sin futuro

Redacción

Por Redacción

Opicardía electoral o estupidez. Ése es el diagnóstico y ello depende de quien emita la calificación. El massismo dice que la propia Cristina Fernández mandó al candidato Martín Insaurralde a plantear públicamente la baja de la edad de imputabilidad y a Carlos Kunkel a cruzarlo, como una manera de picotear votos por derecha y por izquierda. Otros explican que fue el intendente de Lomas de Zamora quien confundió los términos y que cuando habló del tema de los menores tendría que haberse referido al “régimen penal juvenil”, que no es lo mismo. Sin embargo, la cosa no es tan simple y tiene características de tragicomedia, ya que la desaprensión actual por el problema que involucra a los jóvenes delincuentes, a su entorno familiar y a su condición parte primero de la cortedad de miras de la sociedad que, harta de sentirse insegura, le pide soluciones drásticas al Estado para problemas que debería encauzar la política. Las estadísticas no avalan que los menores de entre 14 y 16 años sean los autores de los delitos más graves, por lo que una baja de la edad sería sólo punitiva por la punición misma, si no se activan otros mecanismos serios de prevención, contención y reinserción. En ese aspecto, la liviandad en el tratamiento del tema pone sin lugar a dudas en la misma bolsa a todos los políticos profesionales quienes, por conveniencia electoral, han sacado a flote recién en estos días la cosa, mientras el tiempo se sigue perdiendo. Prefieren discutir con frases ideológicas y altisonantes, antes que ponerse a estudiar de verdad qué necesita la sociedad para asegurar su futuro. ¿Quién armó en estos años una agenda coherente para darle posibilidades a los jóvenes, evitar la delincuencia y/o mejorar su reingreso a la sociedad? ¿Quién miró en especial a aquellos chicos que pertenecen a las capas más desprotegidas, que hoy son cooptados como empleados por los carteles que les queman la cabeza con la droga, antes de que la Justicia los envíe a ser escolarizados en el delito en los institutos de detención? El gobierno no, porque no sabe cómo explicar que, tras la “década ganada”, aún puedan estar ocurriendo estas aberraciones, las mismas que denunciaba desde la vereda del progresismo, proclamando de modo unánime que los jóvenes que delinquían eran víctimas directas de los malditos años 90. Tampoco la oposición que, en su egoísta comodidad, parece que ha querido que el gobierno se cocine en su propia salsa, justo en un tema que debería ser preocupación principal de todos. Como único atenuante que pueden esgrimir los opositores está el inveterado atropello que, como dueño de las mayorías y a como diera lugar, el kirchnerismo usó durante los dos últimos años para imponer la agenda legislativa. Así, han quedado cajoneados varios proyectos de una clase política que no ha querido o no ha podido cortar esta ominosa cadena de degradación. A esta altura del problema, si la sociedad no reacciona y no pide con firmeza que se aborde el tema sin espasmos, como una verdadera política de Estado, lejos de las especulaciones electoralistas, que sea algo integral y no sólo penal, discutido y enriquecido por todos y que permita encontrar soluciones que combinen los derechos de los menores con las necesidades del resto, el tobogán se hará luego mucho más difícil de remontar. El punto es que si se los sigue dejando a la buena de Dios y se perpetúan los menores que delinquen se estaría en presencia de un porvenir más que oscuro para todos. (*) Director periodístico de DyN

HUGO GRIMALDI (*)


Opicardía electoral o estupidez. Ése es el diagnóstico y ello depende de quien emita la calificación. El massismo dice que la propia Cristina Fernández mandó al candidato Martín Insaurralde a plantear públicamente la baja de la edad de imputabilidad y a Carlos Kunkel a cruzarlo, como una manera de picotear votos por derecha y por izquierda. Otros explican que fue el intendente de Lomas de Zamora quien confundió los términos y que cuando habló del tema de los menores tendría que haberse referido al “régimen penal juvenil”, que no es lo mismo. Sin embargo, la cosa no es tan simple y tiene características de tragicomedia, ya que la desaprensión actual por el problema que involucra a los jóvenes delincuentes, a su entorno familiar y a su condición parte primero de la cortedad de miras de la sociedad que, harta de sentirse insegura, le pide soluciones drásticas al Estado para problemas que debería encauzar la política. Las estadísticas no avalan que los menores de entre 14 y 16 años sean los autores de los delitos más graves, por lo que una baja de la edad sería sólo punitiva por la punición misma, si no se activan otros mecanismos serios de prevención, contención y reinserción. En ese aspecto, la liviandad en el tratamiento del tema pone sin lugar a dudas en la misma bolsa a todos los políticos profesionales quienes, por conveniencia electoral, han sacado a flote recién en estos días la cosa, mientras el tiempo se sigue perdiendo. Prefieren discutir con frases ideológicas y altisonantes, antes que ponerse a estudiar de verdad qué necesita la sociedad para asegurar su futuro. ¿Quién armó en estos años una agenda coherente para darle posibilidades a los jóvenes, evitar la delincuencia y/o mejorar su reingreso a la sociedad? ¿Quién miró en especial a aquellos chicos que pertenecen a las capas más desprotegidas, que hoy son cooptados como empleados por los carteles que les queman la cabeza con la droga, antes de que la Justicia los envíe a ser escolarizados en el delito en los institutos de detención? El gobierno no, porque no sabe cómo explicar que, tras la “década ganada”, aún puedan estar ocurriendo estas aberraciones, las mismas que denunciaba desde la vereda del progresismo, proclamando de modo unánime que los jóvenes que delinquían eran víctimas directas de los malditos años 90. Tampoco la oposición que, en su egoísta comodidad, parece que ha querido que el gobierno se cocine en su propia salsa, justo en un tema que debería ser preocupación principal de todos. Como único atenuante que pueden esgrimir los opositores está el inveterado atropello que, como dueño de las mayorías y a como diera lugar, el kirchnerismo usó durante los dos últimos años para imponer la agenda legislativa. Así, han quedado cajoneados varios proyectos de una clase política que no ha querido o no ha podido cortar esta ominosa cadena de degradación. A esta altura del problema, si la sociedad no reacciona y no pide con firmeza que se aborde el tema sin espasmos, como una verdadera política de Estado, lejos de las especulaciones electoralistas, que sea algo integral y no sólo penal, discutido y enriquecido por todos y que permita encontrar soluciones que combinen los derechos de los menores con las necesidades del resto, el tobogán se hará luego mucho más difícil de remontar. El punto es que si se los sigue dejando a la buena de Dios y se perpetúan los menores que delinquen se estaría en presencia de un porvenir más que oscuro para todos. (*) Director periodístico de DyN

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