Judiciales denuncian certificados truchos de cursos de la ley Micaela en Neuquén
Los reciben en sus casillas de correo laborales. Certifican capacitaciones realizadas en 2017, antes de la existencia de la norma. Piden una profunda investigación.
Uno de los talleres de capacitación dictados en 2017, antes de la ley Micaela. (Foto: TSJ Neuquén)
Trabajadoras de distintos organismos del Poder Judicial de Neuquén denunciaron la recepción de certificados de aprobación de un taller en perspectiva de género del que no participaron.
Las empleadas lo recibieron en sus mails laborales desde una casilla institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante febrero. Los certificados llevan el logo de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Neuquén y de la CSJN y tienen una leyenda que dice «expedido en Neuquén».
Así lo hizo conocer la colectiva feminista La Revuelta mediante un comunicado público. El sindicato de empleados y empleadas judiciales, Sejun, tomó conocimiento del caso y presentará una denuncia penal.
«Una persona que preguntó le contestaron que es un curso que realizó en 2017, y ‘te lo estamos certificando como Ley Micaela'», indicó Ruth Zurbriggen, de La Revuelta.
Recordó que la norma fue aprobada en diciembre de 2018. Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado. La ley se sancionó tras el femicidio de Micaela García.
Zurbriggen señaló que «si la Oficina de la Mujer opina que con las capacitaciones anteriores resolvió, que la ley no le trae nada nuevo para pensar, es porque cree que la justicia no tiene nada que cambiar».
«Es una banalización de la propia ley, y de la conceptualización que trae la ley», agregó la activista.
Uno de los motivos por los cuales llevaron a Jurado de Enjuiciamiento al fiscal Santiago Terán fue porque, en una entrevista televisiva, dijo que se había capacitado en la ley Micaela «hace cuatro años». Por sus dichos misóginos fue suspendido del cargo.
Las denuncias las recibieron el jueves a la noche en La Revuelta y en el espacio Socorro Violeta (de asesoramiento y acompañamiento integral en temas de violencias sexistas).
Una de los casos testigo
Micaela Guzmán es trabajadora judicial. Se desempeña en el juzgado de Paz N°2 de Neuquén. Contó a RÍO NEGRO que este mes recibió la acreditación de un taller en perspectiva de género que realizó en 2017, previo a la sanción de la Ley Micaela, y cuya fecha es del 23 de diciembre de 2020. Ese día ella no asistió a ninguna jornada. Es similar al que consta en esta nota.
Algunos de sus compañeros y compañeras, que participaron de la misma capacitación hace cuatro años, también fueron notificados a través de sus correos electrónicos institucionales. La fecha varía, en algunos casos, entre el 23 de diciembre y el 2 de diciembre.
Recordó que en 2017 el taller era obligatorio y se hizo en el Tribunal Superior de Justicia. Mencionó que duró apenas unas horas y que ese fue el único contenido en la materia que recibió desde entonces.
En la página de la Oficina de la Mujer en Facebook hay una gran cantidad de fotografías que documentan esos talleres.
«Nos capacitaba la Oficina de la Mujer de acá de Neuquén con un material de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Era un librito bastante grande donde estaba Belem Do Para, donde estaba la ley de erradicación de la violencia la nacional, creo que estaba la ley provincial también, pero no se especificaba absolutamente nada, era como todo muy general y onda «tengan este manualcito con todas las leyes y fíjense que se hace», afirmó.
La noticia se conoció hoy, a tres días del femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura. El autor, Juan Bautista Quintriqueo, tenía denuncias previas, tanto de la joven como de una expareja.
«Esta acción pública es necesaria: por la memoria de Micaela y de tantas otras y otres. Es necesaria para que sepan que muchas trabajadoras no se callan más. El acto de certificar cursos que no se dieron o que se desarrollaron en otras fechas constituiría un delito. Nos comprometimos con las denunciantes a hacer un urgente pedido de informe a la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia para que dé cuenta de la situación, aclare cuántos certificados emitió, a quiénes y qué contenidos se trabajaron para expedir dichos certificados», afirmaron Zurbriggen y María Angélica Acosta Meza, firmantes del comunicado con la denuncia.
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