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Redacción

Por Redacción

En teoría, el gobierno, la oposición peronista, la CGT formal y los disidentes capitaneados por el camionero Hugo Moyano se dedicaron durante meses a plasmar una reforma laboral que ayude a crear trabajo sin perjudicar a quienes ya lo tienen, lo cual significaría que la ley que finalmente fue aprobada por el Senado el 26 de abril sería la mejor factible. Desde luego que no lo es, porque en realidad la reforma como tal interesaba a muy pocos: a los demás, lo que les importaba era aprovechar la oportunidad brindada por el tema para consolidar su propio poder y, si les resultara posible, para aumentarlo. Aunque era de suponer que el gobierno entendía muy bien que lo que todavía quedaba de la reforma no servía para mucho, estaba resuelto a conseguir la aprobación de legislación -cualquier legislación- que le permitiera ufanarse de haber hecho prevalecer su voluntad. Con lógica idéntica, tanto los diversos caciques del PJ como los sindicalistas querían impedir que el país tuviera la impresión de que el gobierno logró imponerse.

Por tratarse de un juego bastante complejo, los equipos participantes tuvieron que emprender maniobras tortuosas. A los políticos peronistas no les convino quedar demasiado «pegados» a Moyano, un individuo de actitudes matonescas que podría terminar en el papel de enemigo número uno de la democracia argentina. Sin embargo, tampoco les gustó la idea de solidarizarse con el gobierno, de ahí sus esfuerzos por convencer al país que nunca jamás se les ocurriría ordenar a la policía «reprimir» a nadie. Desde luego, el gobierno del ex presidente Carlos Menem raramente vaciló en enviar a gendarmes fuertemente pertrechados a enfrentarse con manifestantes, pero con cierta habilidad los líderes del PJ se las han arreglado para hacer pensar que no se trataba de un gobierno peronista sino de uno «menemista», lo cual, como sabemos, es algo muy diferente. En cuanto a Moyano, a partir de la refriega que protagonizaron militantes de su sindicato y aliados por un lado y, por el otro, hombres de la Guardia de Infantería, ha conseguido erigirse en uno de los símbolos máximos de la concordia pacifista criolla.

Los perdedores más evidentes de esta contienda multilateral han sido los sindicalistas negociadores, los cuales se vieron virtualmente marginados gracias a la truculencia de Moyano, y el gobierno, cuya autoridad -a pesar del «triunfo» que le ha supuesto la decisión del Senado- fue reducida mucho al difundirse la convicción, sin duda justificada, de que sencillamente no estaba en condiciones de conseguir una reforma plena que según el presidente y otros dirigentes oficialistas era fundamental para el futuro del país. Sin embargo, hay otros perdedores también: los millones de personas que han estado observando esta lucha con preocupación. Saben que la nueva ley laboral podría incidir de manera concreta en su vida, pero no se les ha escapado que las maniobras de los dirigentes tuvieron muchísimo más que ver con sus propias ambiciones, que con los intereses de los desocupados o de quienes dependen de su trabajo.

Lo entiendan o no los sindicalistas, políticos e ideólogos que han dominado el «debate» en torno del asunto, la reforma laboral debió haber sido mucho más que un pretexto irresistible para intentar aumentar el poder del grupo propio. Una reforma buena, y nadie cree que la recién aprobada por el Senado resultará eficaz, podría significar la diferencia entre años de desempleo «estructural» elevadísimo y una reducción quizás gradual pero aun así genuina antes de que concluya la gestión del gobierno actual. Lo ideal, pues, hubiera sido que todos la enfocaran desde una óptica severamente pragmática, pero pocos pensaron de este modo. A ojos de la mayoría de los «dirigentes», el destino de los desocupados actuales o de quienes pronto engrosarán sus filas importa menos que sus propios intereses. En verdad, a la oposición le convendría que la tasa de desempleo siga alta porque, andando el tiempo, el gobierno aliancista será acusado de ser responsable de perpetuar el fenómeno, lo cual suministrará a sus adversarios una oportunidad para afirmar que ellos tienen «la solución».


En teoría, el gobierno, la oposición peronista, la CGT formal y los disidentes capitaneados por el camionero Hugo Moyano se dedicaron durante meses a plasmar una reforma laboral que ayude a crear trabajo sin perjudicar a quienes ya lo tienen, lo cual significaría que la ley que finalmente fue aprobada por el Senado el 26 de abril sería la mejor factible. Desde luego que no lo es, porque en realidad la reforma como tal interesaba a muy pocos: a los demás, lo que les importaba era aprovechar la oportunidad brindada por el tema para consolidar su propio poder y, si les resultara posible, para aumentarlo. Aunque era de suponer que el gobierno entendía muy bien que lo que todavía quedaba de la reforma no servía para mucho, estaba resuelto a conseguir la aprobación de legislación -cualquier legislación- que le permitiera ufanarse de haber hecho prevalecer su voluntad. Con lógica idéntica, tanto los diversos caciques del PJ como los sindicalistas querían impedir que el país tuviera la impresión de que el gobierno logró imponerse.

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