Justicia necesaria



La crisis económica y social que vive Argentina ha enfocado las expectativas sobre lo que hará el gobierno de Alberto Fernández en este plano. Sin embargo, hay un aspecto estratégico sobre el que se han dado señales ambiguas: las reformas de fondo para contar con una justicia independiente que evite la impunidad, especialmente en casos de corrupción y abuso de poder.


Como ocurre desde hace más de 25 años, en estos días los principales actores judiciales se anticipan al cambio político: toman decisiones que imaginan favorables a la alianza política que está por ascender al poder y dan súbitas señales de celeridad y dureza con supuestos delitos cometidos por quienes abandonan la Casa Rosada, que a partir de los próximos días comenzarán a transitar los pasillos de Comodoro Py, como antes lo hicieron sus adversarios.


Esta actitud judicial de intentar congraciarse con el poder político no es nueva. Algunos sitúan su inicio en el gobierno de Carlos Menem, que amplió la Corte Suprema para garantizarse una “mayoría automática” y desplazó a jueces y fiscales, especialmente en el fuero penal económico federal, para inmunizar a su gestión de investigaciones. También instaló la costumbre de tener “operadores judiciales” en tribunales y comenzó una sórdida relación entre servicios de inteligencia, jueces y fiscales para manipular causas. Ninguno de los sucesores de Menem cambió la situación, pensando en que podrían manejarla a su favor, y todos terminaron padeciendo sus consecuencias.


El gobierno de Macri asumió prometiendo una profunda reforma tras los graves hechos de corrupción denunciados en los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, cayó en la tentación de nombrar a sus propios operadores, mantuvo casi intactos a los servicios de inteligencia y los cambios quedaron a medias. Sin dudas en estos años en que se investigaron resonantes casos, revelados en su mayor parte por el periodismo, hubo avances importantes, pero también decisiones polémicas, como el uso abusivo de la prisión preventiva y de la figura del arrepentido.


Estas situaciones han hecho que importantes dirigentes del kirchnerismo, muchos procesados y algunos condenados en diversas instancias, denuncien ser “presos políticos” y argumenten, como la expresidenta Cristina Fernández, ser víctimas de un sistema de “lawfare” (guerra legal) diseñado en el exterior y que busca desprestigiar a los movimientos progresistas de Sudamérica en beneficio de perversas oligarquías nacionales. Olvidan las innegables pruebas sobre el enriquecimiento ilícito de varios exfuncionarios K y que las causas anticorrupción afectaron también a expresidentes, ministros y empresarios de derecha en Chile, Brasil, Perú y Colombia.


El presidente electo ha dado señales ambivalentes en este tema. Ha criticado los abusos de las prisiones preventivas pero también ha hecho una cerrada defensa de su vice y todos los exfuncionarios encarcelados. Y realizó desafortunadas declaraciones sobre el periodismo y vaticinios sobre el futuro judicial de Macri.

Por otro lado, sus designaciones en el ámbito judicial parecieran ir en la dirección correcta. La mayoría de los analistas pondera el perfil profesional de la futura ministra de Justicia, Marcela Losardo, ajena al de los “operadores” y comprometida con reformas que trasparenten ese poder y también de la presencia de Gustavo Béliz, quien fue echado del gobierno de Néstor Kirchner y debió irse del país diez años por denunciar a la mafia en el poder judicial. Se prometen una federalización que diluiría el poder concentrado de los 12 juzgados federales porteños, la aplicación de un sistema acusatorio ágil de reglas claras y un cambio en Inteligencia.


A esto debería agregarse, según expertos en justicia, una reforma del Consejo de la Magistratura, la designación consensuada y trasparente del futuro procurador general, jueces y fiscales en el fuero federal, terminando con las subrogancias que hacen dependientes a muchos magistrados.
Nuestro Poder Judicial ha dejado hace tiempo de ser la instancia trasparente y neutral que requiere un sistema republicano. Sin reformas de fondo que generen una justicia eficaz e independiente, la impunidad y el uso faccioso de tribunales hará imposible la convivencia social y política en el país.


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