Acusada de falsa médica en Roca: la Justicia Federal investigará todo el caso y no dividirá el expediente

La incertidumbre sobre qué tribunal debía seguir la causa contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer investigada por la Justicia por montar una presunta farsa profesional durante casi seis años en Roca, llegó a su fin este miércoles 15 de julio. El juez federal de garantías, Hugo Horacio Greca, resolvió aceptar de manera íntegra la competencia del caso, rechazando la propuesta del fiscal federal Matías Zanona, quien pretendía desmembrar el expediente y devolver una parte a la Justicia de Río Negro.

En una resolución de alto interés para el futuro del expediente, el magistrado consideró que los delitos que pretenden atribuirle a Marzano —ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación— forman parte de un «contexto delictivo único» que no puede ser escindido sin afectar la administración de justicia. Con esta decisión, el fuero federal de Roca absorberá no solo la investigación por los títulos apócrifos, sino también el resto de los hechos que devinieron con el correr de las pesquisas.

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Un proceso único para evitar «escándalos jurídicos»

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El eje de la discusión se centró en la postura del Ministerio Público Fiscal federal, que pretendía investigar únicamente la falsificación de la documentación nacional, dejando el ejercicio ilegal de la medicina y las estafas al Estado provincial en manos de la justicia ordinaria. El fiscal Zanona había argumentado que el ejercicio ilegal de la profesión y la defraudación consiguiente son hechos que alcanzan a intereses exclusivamente provinciales.

Sin embargo, el juez Greca señaló que el uso de los documentos falsos y el desempeño ilegal de la profesión están concatenados. «El uso efectuado sólo puede concebirse en tanto medio para poder en definitiva desempeñar ilegalmente aquel arte», sostuvo el magistrado en los fundamentos de su fallo, coincidiendo con el planteo de los defensores particulares Oscar Pineda y Pablo Iribarren.

Para el juez, dividir la causa obligaría a la imputada a enfrentar dos procesos simultáneos por los mismos hechos, lo que «sería tanto como afectar directamente la unidad de acción». Asimismo, advirtió que tramitar las investigaciones por separado podría generar resoluciones contradictorias, lo que técnicamente se conoce como un riesgo de sentencia imposible o «escándalo jurídico».

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El medio y el fin: una maniobra inescindible

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La resolución judicial destaca que la obtención de la matrícula provincial fue el resultado directo de un «ardid» basado en títulos falsos que supuestamente pertenecían a organismos nacionales. Entre la documentación cuestionada se encuentran una resolución de revalidación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y convalidaciones del Ministerio de Educación de la Nación.

Bajo esta lógica, Greca remarcó que juzgar las estafas o el ejercicio ilegal por separado sería inapropiado, ya que ambos delitos «nacieron de un ardid» constitutivo de un delito federal. «Razones de mejor administración de justicia aconsejan que su investigación esté a cargo de un único fuero», sentenció el juez, citando precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso «Laborde», donde se adoptó un temperamento análogo en situaciones de ejercicio ilegal del arte de curar con documentos nacionales apócrifos.

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Una «falsa ingeniera» con media carrera de medicina

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Mientras la cuestión de competencia se resolvía en los tribunales, los detalles de la investigación revelaron la profundidad del engaño. La fiscalía confirmó que Marzano no solo falsificó su condición de médica cirujana, sino que incluso llegó a incluir en su currículum el título de ingeniera química de petróleo al ser contratada por el Estado. Tras las consultas a la UNCo, se determinó que la acusada «no aprobó ninguna materia en esa carrera».

Respecto a su formación real, se comprobó que Marzano posee conocimientos básicos en salud pero su trayectoria académica quedó trunca hace años. Según precisó el fiscal federal, la mujer cursó medicina pero solo cuenta con el «49% o el 50% de las materias aprobadas», habiendo rendido finales de primero a tercer año, pero enfatizando que «nunca culminó los estudios».

Esta formación incompleta, combinada con lo que la fiscalía denomina «vulnerabilidad institucional» generada por la pandemia en 2020, le permitió insertarse en el sistema sanitario. En ese contexto, la mujer llegó a coordinar áreas de terapia intensiva y a firmar certificados de defunción en el hospital Francisco López Lima y dos, esta última estimando un perjuicio económico de millones de pesos en salarios.

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Definición final y próximos pasos

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Con la habilitación de la feria judicial para dictar este pronunciamiento, el juez Greca notificó a la jueza provincial Natalia González y a las partes que las actuaciones continuarán tramitándose exclusivamente en su juzgado. Este paso administrativo despeja el camino para que, finalmente, se realice la audiencia de formulación de cargos, un reclamo persistente de la defensa que consideraba que su asistida se encontraba en un «limbo jurídico».

De esta manera, la Justicia Federal asume el control total de una causa que conmocionó a la comunidad médica de Roca. Las partes ahora aguardan precisiones sobre los cargos definitivos que enfrentará la mujer que, durante seis años, habría operado bajo una identidad profesional fabricada.