Acusado de homicidio en El Bolsón apuesta todo a una pericia psiquiátrica, pero la Justicia se la denegó

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La compleja situación judicial que envuelve a Richard Salazar, detenido desde octubre de 2025 como presunto autor de un homicidio cometido en El Bolsón, se agravó aun más hoy con la segunda negativa de la Justicia a solicitar una pericia psiquiátrica al cuerpo médico forense por solicitud de su defensa, que aspira a demostrar que el acusado atacó a la víctima sin conciencia plena de sus actos.

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La defensora particular Eliana Fernández Porto ya había fracasado en lograr que el juez de Garantías César Lanfranchi habilite la pericia de manera oficial y con el costo a cargo del Estado. Presentó una impugnación y hoy el juez de revisión Martín Arroyo le volvió a cerrar esa puerta.

Según la defensora, Salazar en el momento de la agresión pudo haber actuado bajo un “stress agudo” o pérdida transitoria de su capacidad de reflexión, y aspira a ratificarlo con un dictamen médico. Dijo que realizar la misma pericia de manera particular “no tendría el mismo peso que si la hace un forense” del poder judicial. Y agregó que dejar la producción de esa prueba a cargo del imputado, con el costo que implica, sería “una violación al derecho a la igualdad”, previsto en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Salazar permanece detenido desde hace ocho meses a la espera de un juicio, en el que podría recibir una pena de varios años de prisión. Según la imputación validada en la formulación de cargos, persiguió y mató a Julián Salvo de varias puñaladas luego de ser abordado en su domicilio, en horario nocturno por la víctima y otra persona, con la presunta intención de comprar drogas.

Hace dos meses, con otro defensor, Salazar ya había fracasado en el intento de obtener un cambio de calificación por el de homicidio “en legítima defensa privilegiada” y lograr así un levantamiento de la prisión preventiva.

Ahora la defensora Fernández Porto buscó sumar elementos para construir “otra teoría del caso” basada en la aptitud psíquica de Salazar y consideró que una pericia oficial (que el fiscal no pidió) serviría para “modificar sustancialmente la calificación legal” del hecho. Pero el juez Arroyo no le hizo lugar y consideró que está autorizada a pedir el estudio técnico de forma autónoma, o bien de solicitarlo como defensa al cuerpo médico forense del poder judicial a través de un procedimiento reglado por el Superior Tribunal de Justicia, al que hasta ahora no apeló.

Segun Fernández Porto, “la capacidad psíquica del imputado no puede ser determinada por la defensa” y la realización de la pericia quedaría entonces “reducida a su posibilidad económica”.

Las razones que expuso el Ministerio Público Fiscal

El fiscal Francisco Arrien logró que se rechace la impugnación y dijo que no había afectación de la “igualdad de armas”, como esgrimió la defensora. Señaló que no es función del juez de Garantías ordenar pruebas y no puede “compelir” a las partes a realizar una u otra.

Subrayó también que Salazar es asistido “por una defensa particular, es decir una defensa paga, y no se explicó por qué no tiene posibilidades de acceder a un perito de parte”. Agregó que el desarrollo de una teoría alternativa sobre cómo ocurrió el crimen “no es motivo para eximirse de contratar un perito, si lo cree necesario. Y mucho menos a exigir al Estado que lo haga”.

Arrien advirtió además que la defensa “incurre en un error sobre lo que es una pericia”, ya que se trata de “una prueba científica, objetiva, y los peritos no la acomodan según los intereses de las partes”. A su entender, “en casos muy puntuales” y con evidencias “que lo hagan necesario”, la fiscalía solicita una pericia psiquiátrica para evaluar el estado mental del imputado.Pero a su entender no es lo que ocurre con Salazar, quien “pudo entender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, y tiene la suficiente aptitud psíquica para enfrentar un juicio”.

El juez Arroyo atendió esas razones y resolvió ratificar lo decidido por el juez de Garantías. Señaló que “si el tema es económico, existe eventualmente el beneficio de litigar sin gastos”, que se tramita por otra vía. Pero observó que en el conflicto que expuso la defensora “no está vedada la igualdad de armas” y darle la razón “sería obligar al fiscal a que pida una medida que considera que no necesita”.