Condenaron a una banda narco con ramificaciones en Bariloche y Neuquén: uno cumplía pena por homicidio

En una resolución del juez Alejandro Adrián Silva, integrante unipersonal del Tribunal Oral Federal de Roca, se dictó sentencia en la causa que desarticuló una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. El fallo validó un acuerdo de juicio abreviado que alcanzó a seis imputados, culminando con penas que, en algunos casos, se unificaron con condenas previas por delitos de extrema gravedad, como el homicidio agravado.

La investigación, que se extendió desde fines de 2019 hasta octubre de 2021, permitió reconstruir una red de distribución de cocaína y marihuana que utilizaba la ciudad de Neuquén como centro de acopio y San Carlos de Bariloche como uno de sus principales nodos de venta.

El Ministerio Público Fiscal, representado por los auxiliares Diego Martín Paolini y Joaquín Spina, logró acreditar la materialidad de los hechos mediante una compleja labor de inteligencia que incluyó vigilancias, tomas fotográficas y el análisis de intervenciones telefónicas.

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El líder: una condena de 14 años por drogas y sangre

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El nombre central de la sentencia es Maximiliano Claudio Robledo. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Durante los allanamientos realizados en octubre de 2021, el personal de la Policía Federal Argentina halló en su esfera de custodia más de 1.350 gramos de clorhidrato de cocaína y envoltorios de cannabis sativa ocultos tanto en una camioneta Chevrolet S10 como en una finca de Neuquén.

Sin embargo, la situación procesal de Robledo se agravó significativamente al unificarse esta condena con un antecedente previo de octubre de 2025, donde el foro de jueces de Neuquén lo había sentenciado por «homicidio agravado por el uso de arma de fuego» por el crimen de Matías López.

En función de lo regulado por el artículo 58 del Código Penal, las partes acordaron y el juez Silva homologó una pena única de 14 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además del decomiso de su vehículo. Según el fallo, la ultra intención de comercializar se desprendió de los informes de la prevención que ilustraron la adquisición de drogas para su posterior distribución coordinada por telefonía.

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La conexión Bariloche y el rol del profesor de inglés

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Otro de los puntos destacados de la sentencia involucra a Manuel Sergio Marcelo Cárcamo Hurtado, un hombre de San Carlos de Bariloche que ya gozaba de arresto domiciliario por una causa previa de infracción a la Ley 23.737.

En su domicilio, los agentes federales hallaron cerca de 440 gramos de cocaína ocultos en el tabique de una habitación y hasta dentro de una piñata tipo globo. El tribunal le impuso una pena de 4 años que, al unificarse con su condena anterior, resultó en una pena única de 8 años de prisión, la cual continuará cumpliendo bajo la modalidad domiciliaria debido a sus condiciones de salud y tratamiento médico.

El caso de Omar Alfonso Contreras Leal resultó llamativo por su perfil: un ciudadano chileno con instrucción universitaria y profesor de inglés, radicado en Balsa Las Perlas. Contreras Leal fue considerado partícipe secundario del tráfico. Al tener una cooperación calificada como «fungible» por la fiscalía, recibió una pena de 2 años y 6 meses de ejecución condicional. Como parte de las reglas de conducta, el tribunal le impuso una donación de $150.000 destinada al hospital Zonal de Bariloche.

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Tenencia simple y una absolución por el beneficio de la duda

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El fallo también alcanzó a los hermanos Alexis Francisco y Emiliano Ezequiel López. Originalmente acusados de comercio, la fiscalía aminoró la calificación a «tenencia simple» al advertir que la droga hallada en su poder (unos 10 gramos de cocaína en total) no estaba fraccionada para la venta y que las escuchas no eran lo suficientemente contundentes para probar actos de pasamano. Ambos recibieron penas de 2 años de prisión en suspenso y, al igual que Contreras Leal, deberán realizar donaciones de $150.000 al nosocomio barilochense.

En contraste, otro de los involucrados que integró la nómina original, resultó absuelto. La fiscalía retiró la acusación en su contra señalando una «falta de certeza apodíctica». El magistrado Silva coincidió en que su presencia en los domicilios allanados parecía ser ocasional y que los diálogos interceptados, si bien generaban sospechas, no superaban el estándar de prueba necesario.

«Se genera una duda insuperable que opera en su beneficio conforme la aplicación del principio in dubio pro reo», expresó el documento judicial, ordenando además la devolución de sus pertenencias secuestradas.

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Decomisos y destino de los bienes

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Además de las penas privativas de la libertad, el Tribunal Oral Federal ordenó la destrucción de la totalidad de la droga incautada y el decomiso de elementos vinculados al ilícito, incluyendo balanzas de precisión, prensas, handies y pulverizadores.

Respecto al dinero en efectivo, las sumas secuestradas a los hermanos López serán destinadas al pago de las multas y costas del proceso, mientras que se dispuso la restitución de los elementos a aquellas personas que fueron desvinculadas de la investigación durante la etapa de instrucción.

Con esta sentencia, la Justicia federal de General Roca cierra un capítulo de casi siete años de persecución penal sobre esta organización, destacando que el cumplimiento de las penas de prisión tiene como fin «la reforma y readaptación social de los condenados», de acuerdo con los tratados internacionales de jerarquía constitucional incorporados a nuestra Carta Magna.