Crimen del soldado de Zapala: investigan por encubrimiento a dos jefes militares
Por otro lado se mantiene la polémica por el escrito del juez con detalles del caso. La querella presentó un recurso para que no lo publique en un sitio oficial del Poder Judicial de acceso público.
El Grupo de Artillería de Zapala. (Matías Subat)
El teniente coronel Isidro Germán Green era el jefe del Grupo de Artillería 16 de Zapala y fue el que llamó a la Policía Federal el 1 de junio del 2023 a las 7:10 de la mañana para informarle que un soldado «se habría quitado la vida» en referencia a Pablo Córdoba, quien había recibido dos disparos en diferentes lugares de la cabeza. El teniente coronel Rafael Enrique Lamas era el jefe de la Base de Apoyo Logístico de la ciudad y superior jerárquico del padre de Pablo, suboficial principal Juan José Córdoba Salto. Ambos jefes militares fueron imputados por presunto encubrimiento, a casi un año del asesinato.
La causa se formó a partir de un pedido de la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro al cual hizo lugar el juez federal subrogante Hugo Greca.
Por otra parte el abogado de la familia de Pablo, Maximiliano Orpianessi, presentó un recurso para tratar de impedir que el juez publique en un sitio oficial del Poder Judicial un escrito de 80 páginas en el cual revela «los avances de la causa, la evidencia, conclusiones científicas-forenses, ilustraciones, teorías del caso y líneas investigativas», entre otros detalles.
A Lamas lo trasladaron a Neuquén poco después de la muerte de Pablo. Es uno de los que visitó a los padres del soldado junto con el general Hugo Tabbia y el coronel Gustavo Francisco Chimeno en lo que fue considerado “un acto intimidatorio”.
En cuanto a Green, le dieron el pase a fin del año pasado. Hubo una orden para impedir que Juan José Córdoba Salto se acerque al acto de despedida.
Las cámaras del cuartel
Por su carácter de jefes, y en el marco de la investigación del homicidio del soldado, les pidieron que aporten las cámaras de vigilancia ubicadas en el interior del cuartel. Demoraron la respuesta, el pedido se reiteró, recién ahí aparecieron, y el resultado fue negativo: no habían registrado nada que sirviera para esclarecer el crimen.
Como se sabe, el Ejército tenía acceso al expediente porque el juez le dio copias. Ahora, Green y Lamas serán investigados por presunto encubrimiento.
Otro militar que está en esa condición es el soldado voluntario Brian Abel Jara, presuntamente el primero que encontró a Pablo, filmó su agonía con el teléfono y borró el video. El juez Greca lo indagó pero no decidió aún si procesarlo o no. El único procesado es un artista que realizó una pintada.
Las 80 páginas
Como informó diario RÍO NEGRO, Greca ordenó publicar un escrito propio en el cual detalla pruebas y evidencias recogidas durante casi un año de investigación en el cual sostiene que Pablo se suicidó o lo ayudaron a suicidarse. A la que opción menos chances le asigna es a la hipótesis más sostenida por las pruebas científicas: lo asesinaron con dolo.
El abogado de Juan José y Natalia Uribe, los padres de Pablo, alertó que publicar esos datos «significaría un claro entorpecimiento» de la investigación y causaría «un gravamen irreparable».
«Significaría poner en conocimiento de los responsables del ilícito penal (quienes aún no fueron identificados) las tareas investigativas desplegadas, los resultados de las mismas, acceso directo a las conclusiones científicas, a las ilustraciones forenses, a las teorías del caso y líneas investigativas, lo que significaría alertarlos y en consecuencia alejarnos cada vez más de la verdad, evitando así el correcto y esperable esclarecimiento de los hechos», añadió.
«La sociedad no necesita un rendimiento de cuentas del magistrado, de hecho nadie se lo solicitó, por el contrario lo que la sociedad y las víctimas sí necesitan es el esclarecimiento de los hechos y no alejarse cada vez más de la verdad», concluyó.
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