Crimen del soldado en Zapala: un procesado por hacer pintadas, símbolo de una investigación a la deriva
El artista plástico, docente y militante Heber Hernández relató la persecución de la que es víctima por acompañar a la familia de Pablo Córdoba en su reclamo de justicia.
Heber Hernández es el autor del mural que recuerda a Pablo Córdoba. (Gentileza)
A 11 meses del asesinato del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en Zapala la investigación atraviesa su momento más ruinoso. La familia de la víctima quedó en medio de una lucha despiadada entre el juez y la fiscal, lo que se traduce en un expediente sin avances desde diciembre del año pasado. De mantenerse este estado de cosas, las posibilidades de que la justicia federal esclarezca el crimen tienden a cero. ¿Alguien se hará responsable?
Como en toda lucha, hay víctimas colaterales. El único procesado es un artista plástico, docente y militante político, acusado de realizar pintadas en la pared del juzgado y de amenazar a una mujer policía. En el mismo rango cae el hermano de la fiscal, procesado y embargado por la tenencia de 7 gramos de marihuana para consumo personal.
En cambio, el soldado que filmó la agonía de Pablo Córdoba y destruyó el video, fue indagado por encubrimiento hace casi cinco meses pero nunca procesado.
Hay precariedad por donde se mire. El juez federal a cargo de la causa es un subrogante. Se llama Hugo Horacio Greca y su oficina está en Roca, a 235 kilómetros de Zapala. La fiscal federal es interina. Se llama Karina Martínez Stagnaro.
El enfrentamiento de Greca y Martínez Stagnaro no tiene retorno. El juez procesó al hermano de la fiscal en una dudosa causa por tenencia de 7 gramos de marihuana y 0,8 de cocaína que el hombre, víctima de consumos problemáticos, tenía para uso personal. Además pidió una auditoría en la fiscalía.
Ella imputó al juez por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una acusación de la familia de Pablo Córdoba. Además, lo denunció por maltrato laboral y violencia de género ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Greca, que está en campaña para ascender a camarista, no se lo perdonará jamás.
En el medio queda la familia Córdoba. Los pocos avances que consiguió fueron por el impulso de su abogado, Maximiliano Orpianessi, quien también sufrió destratos del juez. Muchos de sus planteos fueron rechazados.
El único procesado
Heber Hernández tiene 50 años y una larga militancia política y social. Artista plástico y docente, acompaña a la familia Córdoba en cada actividad para pedir justicia por Pablo. En ese contexto, el 26 de agosto del año pasado pintó un mural.
El viernes 24 de noviembre, a las 6 de la mañana, vehículos policiales con y sin identificación rodearon la casa donde vive con su madre de 76 años. Un grupo de efectivos de la Federal irrumpió con violencia en el hogar, le rompió efectos personales, le secuestraron la computadora, el teléfono, ropa, libros y hasta sus anteojos recetados, que nunca volvieron a aparecer.
Lo sacaron de la vivienda esposado, para desesperación de su madre que venía de perder a su marido. «Mi vieja terminó en el hospital», relata Heber.
«Entraron con una orden de allanamiento y detención. Buscaban pintura en aerosol y stencil, pero se llevaron de todo, incluso cosas de mi hermano que es policía de tránsito«, recuerda.
Estuvo detenido sólo unas horas porque el reclamo para que lo liberaran fue enorme. «Mientras me tenían adentro me decían que iba a pasar todo el fin de semana, hasta el lunes. Un amigo abogado ya estaba preparando un hábeas corpus».
¿Amenazas?
Cuando se presentó en el juzgado para que le tomen declaración indagatoria se enteró de que lo acusaban de «daño» por pintadas en la pared del juzgado federal en una de las marchas, y se llevó otra sorpresa: una mujer policía lo había denunciado por «amenazas».
«Hizo la denuncia un mes después. Yo no amenacé a nadie, nunca la había visto a esa mujer, no pasó nada de eso. Está todo filmado y yo no aparezco», cuenta Heber.
Los expertos dicen que en el delito de amenazas, el núcleo no pasa por si la víctima es valiente o cobarde. Pero que una mujer integrante de la Policía Federal Argentina se sienta atemorizada por un artista plástico… Desmesuras que sólo ocurren en este expediente sin brújula.
Procesamiento y embargo
El juez Greca procesó a Heber. «Y me embargó por 800.000 pesos. Yo estoy sin trabajo, hago una changa en una radio. Estoy con fobias, quedé traumado».
El artista, docente y militante del PSTU tiene claro que «esto es una persecución política, un amedrentamiento. Luchar no es delito». Sigue participando de las marchas, como lo hizo en su momento para acompañar a la familia de Facundo Guíñez, una víctima de gatillo fácil de Zapala.
El video que se perdió
La situación de Heber suena más disparatada aun cuando se la compara con la de Brian Abel Jara, un soldado que fue compañero de Pablo y está acusado de encubrimiento.
A diferencia del docente, el juez no procesó a Jara pese a reiterados pedidos de la fiscal Martínez Stagnaro. Lo indagó en diciembre, y dejó la situación sin resolver hasta el momento.
Jara declaró al menos cuatro veces como testigo. Cuando por fin reveló que había filmado la agonía de Pablo con su teléfono, Greca no le secuestró el celular. Nunca hubo explicaciones sobre el motivo. El juez trabaja a puertas cerradas y no concede entrevistas. Algo que cambiará si entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal, que fija dos obligaciones que espantan a algunos jueces: celeridad y transparencia.
Para cuando Greca se decidió a secuestrar el teléfono, Jara había borrado el video y perdido el aparato. Las imágenes se perdieron para siempre.
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