El ex juez y el fiscal de la dictadura terminaron su defensa y enfrentarán el pedido de condenas

El ex juez federal Pedro Duarte declaró en 7 audiencias consecutivas y no respondió preguntas en ninguna de ellas. Se quejó de que la imputación «estaba contaminada» por el conocimiento que se tuvo en democracia de los delitos cometidos por la dictadura a partir de 1976 e insistió en que se enteró de las torturas y los centros clandestinos, después de 1985. Para el ex fiscal Víctor Ortiz, hubo «confusión en los relatos» que lo llevaron al procesamiento.

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El juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura continuará el 26, con incorporación de pruebas por lectura y el inicio del alegato de la fiscalía, dijo el vocal Alejandro Silva. La jueza María Paula Marisi adelantó que estará de modalidad presencial en esa jornada y luego se dieron nuevas fechas para los alegatos: el 3 y 17 de septiembre a las 10.30.

Para cuando las defensas públicas inicien sus planteos en favor de Duarte y de Ortiz, el juicio ya tendrá un año de extensión. El tribunal no respondió si exigirá que los imputados estén en la sala para los alegatos. Permanecieron todo el juicio de modo virtual.

En el proceso, fallecieron al menos dos testigos (Oscar Ragni y Noemí Labrune) de los que estuvieron detrás los expedientes y en busca de que Duarte y Ortiz tramitaran los habeas corpus o accionaran ante el pedido de conocer dónde estaban los secuestrados tras los allanamientos y operativos militares.

«Un hábeas corpus donde no se manda el pedido, donde no se va a hacer la inspección, donde no se insiste en la respuesta dada, donde hubo un camión lleno de conscriptos y el Ejército dijo que no tenía nada que ver; eso es lo que pasó con los hábeas corpus cuando estaba Duarte, toda la prueba está en la causa y en lo que pasó con los hábeas corpus«, dijo Labrune el 6 de junio de 2023, en los testimonios anticipados que tuvo este juicio.

«La imputación está contaminada con los hechos conocidos con posterioridad», sostuvo el ex juez Duarte en el final de su defensa. «Jamás me imaginé que estuviera pasando ésto«, argumentó ayer luego de insistir que los padres de los desaparecidos no le habían aportado la prueba que necesitaba para investigar.

Comparó con que hubo documentación que sí se le entregó al juez Rodolfo Rivarola (1987) y que tampoco sabía que la policía federal trabajase para encubrir al mando militar, que nunca le daba respuestas y por eso no podía averiguar nada. «Se hacían procedimientos y no quedaban registros y documentos», se quejó.

Como en otras jornadas, responsabilizó a los familiares de las y los desaparecidos en no aportar datos y ayer deslizó que tenían documentación, pero no se la habían mostrado. Reconoció, sin embargo, que en alguno de «los expedientes nuestros» estaba parte de los testimonios sobre el accionar de los grupos de tarea «que Rivarola, en 1985, amplió», en referencia a la investigación de la justicia federal neuquina que avanzó con imputaciones e identificación de responsables.

En extenso, habló de «las desapariciones de Bahia Blanca y de las nuestras», por las investigadas en ésta jurisdicción y las de las jóvenes universitarias que fueron secuestradas en la región y llevadas en vuelos clandestinos al centro clandestino del V Cuerpo, que el general Adel Vilas también llamó «La Escuelita«, como la de Famaillá (Tucumán) en 1975, uno de los primeros centros clandestinos antes de que el plan sistemático los implementara el 24 de marzo de 1976, con el golpe cívico militar.

El ex fiscal de la dictadura, Víctor Ortiz, pidió agregar unas últimas palabras en la audiencia, en la que desacreditó al testigo que lo ubicó en la delegación de la policía Federal cuando sufrió uno de los interrogatorios bajo tortura. Tampoco respondió preguntas, ni se refirió al momento en el que una delegación de la Apdh le fue a pedir auxilio porque habían conocido que detrás del batallón había un recinto donde los desaparecidos estarían cautivos.

La sala de AMUC nuevamente estuvo desierta de público. El equipo de la defensa oficial estuvo en la sala y algunas querellas permanecieron en la audiencia varias horas. Las próximas etapas serán de acusación y pedidos de pena para los imputados, los primeros civiles en 8 juicios en los que se condenó a militares. Los alegatos se difundirán en vivo por las redes del Centro de Información Judicial.

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