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Estafa al Ipross: el juicio “interminable” al que todavía le faltan 320 testigos

Las audiencias por el millonario perjuicio a la obra social del Estado de Río Negro seguirán el año próximo.

El juicio por la millonaria estafa al Ipross -que empezó hace más de cinco meses- se extenderá hasta el año que viene.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, detallando que las audiencias de este 2023 están previstas hasta el 29 de diciembre y que luego se reanudarán en febrero, con una estimación de continuidad al menos hasta marzo.

De esa manera, el proceso en el que están imputados cuatro farmacéuticos del Alto Valle se consolidará como el más extenso desarrollado dentro de sistema penal de Río Negro desde que se puso en vigencia la reforma del Código, en agosto del 2017.

De la misma forma que en la etapa preliminar, las audiencias finales de este año resultan tediosas. Y un solo dato sirve para graficar la lentitud con la que se avanza: un testigo, que es perito, está declarando desde fines de octubre, pasando planillas y leyendo uno por uno los datos contables allí consignados.

Esa misma situación se vivió a mitad de año con uno de los primeros testigos, el farmacéutico Nabil Zgaib, quien pasó varias jornadas repasando números y letras consignados en distintos registros surgidos del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Ese profesional integró la comisión que investigó inicialmente de manera interna las irregularidades detectadas en la facturación de un grupo de farmacias de Roca y de Allen, paso previo a la denuncia penal presentada en abril del 2019 por el entonces presidente de la entidad, Marcelo Yop.

Desde el 27 de junio pasado, cuando se realizó la primera audiencia, hasta la jornada de ayer, no se llegó siquiera a la mitad de los testigos propuestos originalmente por las partes.

Cabe recordar que en un principio se pensó en una nómina de unas 500 personas para que respondan preguntas de los fiscales, de la querella (representada por los abogados de Fiscalía de Estado) y de los dos abogados defensores.

Esa nómina se depuró mediante convenciones probatorias y a partir de desistimientos de las partes. Sobre estos últimos, los más resonantes fueron los relacionados con el poder político de la provincia, ya que la defensa de los imputados optó por no convocar al gobernador, Alberto Weretilneck y a una veintena de funcionarios, pero denunciando ser víctimas de presiones a la abogada que los defiende, Patricia Espeche.

A pesar de esos filtros, la lista de testigos que hasta ayer todavía no habían pasado por los tribunales provinciales de Roca contabilizaba unas 320 personas, de las cuales 220 fueron propuestas por los fiscales y por la querella (la mayoría de ellos afiliados al Ipross), en tanto que los defensores de los acusados esperan a un centenar más.

El juicio tiene como imputados a Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Sandra Fasano. Los tres primeros eran dueños de farmacias en Roca y la cuarta acusada era la auditora del Colegio de Farmacéuticos durante el período en el que ocurrieron los hechos (desde el 2013 al 2019).

Los hechos que los acusadores consideran probados se enmarcan en el delito de estafas reiteradas, agravadas por haber sido cometida contra la administración pública, considerando que los hechos se cometieron en concurso real.

El tribunal que juzga a los farmacéuticos está integrado por Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido.

El calendario desplegado prevé audiencias durante las tres semanas que quedan de este año, de martes a viernes.

La fiscalía ya adelantó que pedirá penas de prisión efectiva, dentro de un rango que va desde los 3 a los 11 años, de acuerdo con el rol asignado a cada uno de los acusados dentro de las maniobras.


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