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¿Amenaza? Weretilneck denunció a la abogada de los acusados por la estafa al Ipross

El senador y gobernador electo, junto a los diputados Di Giacomo y Domingo, se presentaron ante un Tribunal de Ética. La letrada dijo que se trata de “un inescrupuloso ataque” al rol del defensor.

La millonaria estafa al Ipross sigue siendo urticante para el poder político de Río Negro. Mientras la Justicia provincial avanza con el juicio contra cuatro farmacéuticos, en el Colegio de Abogados General Roca se abrió un proceso paralelo, porque el senador y gobernador electo, Alberto Weretilneck, junto a los diputados nacionales Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética contra la abogada Patricia Espeche, defensora de la mayoría de los imputados en la causa penal.

“Su conducta ha afectado la probidad y buena fe con que debe conducirse en su ejercicio cualquier letrado, desoyendo el debido respeto a las autoridades legales”, sostiene la presentación que hicieron los tres legisladores nacionales y dirigentes de Juntos Somos Río Negro ante la entidad que agrupa a los abogados de la Segunda Circunscripción Judicial.

El punto central del conflicto se encuentra en la decisión de citar al juicio a una quincena de funcionarios -electos o con designación política- para que declaren como testigos en el juicio que comenzó el 27 de junio pasado en Roca.

Allí se juzga la responsabilidad de los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano, acusados por el delito de fraude a la administración pública, cometido durante los años 2013 y 2019, a partir de más de un centenar de hechos.

Weretilneck, Di Giacomo y Domingo recibieron semanas atrás la notificación sobre su inclusión en la lista de testigos, pero reaccionaron porque “por una malintencionada decisión de procurar la concurrencia personal de dichos funcionarios”, la abogada Espeche “tergiversó deliberadamente en la notificación que cursó a los mismos, la circunstancia determinada jurisdiccionalmente en el auto de apertura a juicio, desoyendo la atribución de declarar por escrito”.

“Asimismo, nos apercibió con ser conducidos al juicio por la fuerza pública”, agregaron los referentes del oficialismo provincial en la denuncia que presentaron a través de los abogados Damián Torres y Milton Dumrauf.

La denuncia hace hincapié en la existencia de una definición explícita del auto de apertura a juicio sobre la posibilidad de declarar por escrito para quienes ocupan cargos electivos, pero también afirma que la conducta de la abogada fue improcedente, porque la Constitución les garantiza inmunidad.

“Estamos plenamente comprometidos con colaborar con la averiguación de la verdad, y naturalmente que habremos de prestar la declaración que la jurisdicción nos requiera. Pero lo haremos por las vías que constitucional y legalmente están previstas para ello, para los miembros del Congreso de la Nación, y no bajo amenazas improcedentes que ha plasmado la letrada denunciada en sus citaciones”, profundizaron Weretilneck, Di Giacomo y Domingo.

Sumado a esos argumentos, el gobernador electo y los diputados conectaron la conducta de Espeche con un episodio ocurrido el año pasado en una de las audiencias previas al juicio.

Fue cuando uno de los imputados, Fabio Caffaratti, descargó su malestar a los gritos porque su exesposa había resultado beneficiada por un sobreseimiento.

“Vamos a ir a juicio, no tengo ningún problema. Vamos a poner todas las cartas en la mesa y van a desfilar todos los funcionarios acá, uno por uno”, dijo el farmacéutico en ese momento.

“La doctora Espeche no ha cometido un mero error de pluma, sino que ha desplegado una maniobra ex professo, tendiente a ser instrumento de ejecución de las amenazas proferidas por su cliente en la audiencia”, afirmaron los dirigentes de JSRN, concluyendo que la letrada “ha traspasado todos los límites éticos que debía observar en el ejercicio de su profesión”.

Hace un año, Caffaratti prometió un “desfile” de funcionarios por Tribunales. Ahora vincularon esos dichos con la conducta de Espeche.


El descargo de la abogada de los farmacéuticos


Notificada sobre la denuncia, Espeche hizo su descargo ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, negando todas las acusaciones y asegurando que, a partir de la dimensión que tomaban los hechos, la que terminaba siendo amenazada era ella.

“Nada más alejado de la realidad”, indicó la abogada sobre la supuesta amenaza a Weretilneck, Di Giacomo y Domingo, advirtiendo que en la cédula que les envió para notificarlos sobre la inclusión en la lista de testigos estaba claramente especificado que el procedimiento se ajustaba al artículo 184 del CPP, que en su parte pertinente dice “salvo las excepciones establecidas por ley”.

Además de eso, la abogada indicó que lo recibido por los tres políticos no fue una citación a juicio sino “simplemente una notificación de inicio de juicio”.

El escrito presentado ante el Tribunal de Ética describe el rol fundamental del abogado defensor y argumenta también el por qué de la citación a exautoridades provinciales (NdR: durante el período investigado Weretilneck era gobernador, en tanto que Di Giacomo y Domingo eran ministros). Los hechos “no habrían tenido lugar de haber cumplido el Ipross con su deber de control” y “esa omisión de contralor no sólo alcanzaría al Ipross sino al Estado rionegrino en su conjunto, a través de sus órganos de control y los funcionarios que los conducen”, puntualizó Espeche.

La abogada también recordó que desde hace meses dejó de ser la defensora del farmacéutico Caffaratti, por lo tanto consideró un error asociar los dichos del imputado en octubre del año pasado con las notificaciones que envió a mediados del 2023.

“Sentado lo dicho, no puede soslayarse que la “denuncia” en traslado importa un simulado e inescrupuloso ataque al ejercicio de la defensa particular que ejerzo en el legajo”, opinó Espeche.

Finalmente, afirmó que “no hubo un atisbo de inconducta por la que deba sentirme sometida a dar respuestas” y que “la única razón por la que hoy me encuentro sujeta a un proceso injusto es el atropello e indebida injerencia del poder político en el ejercicio noble de la defensa que ejerzo como abogada particular”.

A partir de la denuncia inicial y de descargo de la abogada, el Tribunal de Ética del Colegio debe resolver ahora si abre el proceso a prueba o archiva las actuaciones.


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