Gobierno apeló el fallo que lo obligó a informar sobre la base de EE.UU. en Neuquén

Integrantes de las agrupaciones que integran la multisectoral «No a la Base Yanqui» dieron a conocer ayer que el gobierno provincial apeló en la Cámara Civil la decisión judicial de primera instancia que lo obligaba a informar los términos del acuerdo mediante el cual se aceptó la donación de los Estados Unidos para construir una sede de defensa civil en Neuquén.

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Ayer a la mañana realizaron una manifestación en Rivadavia y diagonal 25 de Mayo, frente a la sede del viejo edificio de tribunales de la capital neuquina.

Los organismos que integran la organización identificaron al subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, como el funcionario que sostuvo -en el expediente del amparo- que la provincia «no tiene injerencia» en la obra que se realiza a la vera de la nueva ruta 22 porque la ejecuta una subcontratista. La subsidiaria responde y es supervisada por una firma con sede en Honduras, contratada por el Comando Sur de Estados Unidos, según explicó.

«Giusti dijo que no hay licitación porque la provincia no tiene injerencia» dijo la abogada de la APDH, Nerea Monte. La respuesta corresponde a lo que la administración del gobernador Omar Gutiérrez contestó en una nota enviada a la jueza del amparo, la titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº5, Adriana Saralegui. La magistrada dictaminó en dos oportunidades como «insuficiente» la información brindada por la provincia.

En respuesta a la ampliación de documentación que exigió (había solicitado que se adjunte el acuerdo marco o inicial para iniciar la construcción), la provincia apeló la obligación impuesta por la jueza por considerar que excedió el pedido de información de los demandantes.

«En 2017 el gobernador Gutiérrez envió una nota a la embajada en la que solicitó que se retome la obra porque había una licitación con adjudicación en 2012, entonces ¿hay o no licitación? ¿Cuál es la condición para que gente de otro país construya una obra en tierras públicas de la provincia, de la que se desentiende la administración provincial porque dice que no hay acuerdo ni expediente?», cuestionó Monte.

Agregó que la jueza pidió el acuerdo «porque forzosamente debe haberlo». «¿O se hizo una nota y un apretón de manos entre dos Estados? Si fue así, hay la comisión de un delito. Esperamos que la Cámara haga cumplir la ley y tome en cuenta todos los elementos que están en el expediente», sostuvo.

Agregó que «es mentira que la jueza otorga más de lo que reclamamos: siempre pedimos el acuerdo, las contraprestaciones y el expediente, por lo que consideramos que es un enclave norteamericano en el camino a Vaca Muerta».

Una de las voceras de la multisectorial, Laura Goitisolo, recordó que en dos oportunidades la provincia brindó información parcial y escueta, «sin seriedad, con ocultamiento del expediente o del acuerdo firmado».

«La jueza intimó a una multa por incumplimiento al derecho a conocer la información solicitada, es una base ‘yanqui’ disfrazada de ayuda humanitaria donde el Comando Sur de Estados Unidos contrató a una empresa con sede en Honduras para construir un edificio que ellos dicen que es de ayuda humanitaria», planteó. «No nos oponemos a que Defensa Civil tenga las mejores instalaciones, nos oponemos a que, bajo este engaño, construyan un enclave en Neuquén. No necesitamos que nos den plata para construir oficinas y un galpón para Defensa Civil», aseguró.