La Corte Suprema confirmó la condena al Estado por la masacre de Carmen de Patagones

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves la responsabilidad del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires en la denominada masacre de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004, cuando Rafael Juniors Solich, entonces de 15 años, asesinó a tres compañeros e hirió a otros cinco dentro de un aula de la escuela Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por el Estado nacional y el gobierno bonaerense, dejando firme la obligación de indemnizar a las víctimas y sus familiares.

Los recursos habían sido impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en representación de la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Ambos planteos fueron desestimados en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La demanda iniciada por la familia de una de las víctimas

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El fallo corresponde a la demanda por daños y perjuicios presentada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres estudiantes asesinadas durante el ataque. La Corte ya había resuelto en el mismo sentido en 2025, al confirmar la responsabilidad estatal en la causa iniciada por la familia de Federico Ponce, otra de las víctimas fatales.

La tercera familia afectada, la de Evangelina Miranda, también promovió una acción judicial contra el Estado. Ese expediente recibió sentencia de primera instancia en octubre de 2024 y continúa su trámite.

La responsabilidad del Estado y de la escuela

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Los familiares de las víctimas reclamaron judicialmente tanto contra las autoridades educativas como contra la Prefectura Naval Argentina, debido a que el arma utilizada en el ataque pertenecía a esa fuerza de seguridad y estaba asignada al padre del agresor.

Según determinaron la Justicia Federal de Bahía Blanca y la Cámara Federal de Apelaciones, el artículo 1117 del Código Civil vigente al momento de los hechos establecía la responsabilidad de los establecimientos educativos, públicos o privados, por los daños sufridos por alumnos menores mientras se encontraran bajo la autoridad escolar, salvo casos de fuerza mayor.

Los tribunales concluyeron que las autoridades educativas no actuaron con la diligencia necesaria frente a los problemas de conducta que presentaba Rafael Solich. De acuerdo con el sumario administrativo realizado tras la tragedia, varios integrantes de la comunidad educativa habían advertido comportamientos preocupantes del estudiante y manifestado temor por la seguridad de sus compañeros, sin que se adoptaran medidas preventivas adecuadas.

Asimismo, la Justicia consideró responsable a la Prefectura Naval debido a que el arma utilizada pertenecía a la institución y su custodia había sido deficiente.

La tragedia que conmocionó al país

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La mañana del 28 de septiembre de 2004, los alumnos de primero B del Polimodal de la Escuela de Enseñanza Media N.º 202 de Carmen de Patagones iniciaban la jornada escolar cuando ocurrió la tragedia.

Luego del acto de izamiento de la bandera, Rafael «Juniors» Solich ingresó al aula, se ubicó frente a sus compañeros y comenzó a disparar de manera indiscriminada con una pistola calibre 9 milímetros.

El ataque provocó la muerte de Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce, mientras que Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cintia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres resultaron gravemente heridos.

Durante la investigación judicial, Solich declaró ante la jueza de menores: «Cuando tiré, no era yo». Debido a que tenía 15 años al momento del hecho, fue declarado inimputable y quedó bajo tratamiento psiquiátrico y supervisión judicial.

Actualmente, a los 37 años, continúa bajo tutela judicial y realiza un tratamiento ambulatorio a través de una institución neuropsiquiátrica.

Los argumentos rechazados por la Corte

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En sus recursos ante el máximo tribunal, el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires habían solicitado revisar las condenas por considerarlas arbitrarias.

La Prefectura sostuvo que aceptar ese criterio implicaría la obligación de controlar diariamente la forma en que miles de efectivos almacenan sus armas reglamentarias en sus domicilios. Por su parte, la Fiscalía de Estado bonaerense argumentó que el ataque había sido un hecho imprevisible e inevitable.

Sin embargo, con la decisión adoptada este jueves, la Corte Suprema dejó firme la responsabilidad del Estado nacional y provincial y confirmó el derecho de los familiares de las víctimas a ser indemnizados por una de las tragedias escolares más graves de la historia argentina.