La fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén acusará por la montaña de barros empetrolados del Parque Industrial
El fiscal de delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, solicitó una audiencia para formular cargos a los responsables de Comarsa, por las montañas de barro empetrolado en el Parque Industrial Neuquén
Los barros petroleros se acumularon sin tratamiento por toneladas en el predio de Comarsa del Parque Industrial (foto Matías Subat)
El fiscal de delitos ambientales de la provincia, Maximiliano Breide Obeid solicitó una audiencia de formulación de cargos contra el dueño y la gerencia de Comarsa, por los barros empetrolados que están depositados en el Parque Industrial Neuquén.
Según se informó desde la fiscalia, Juan Manuel Luis (dueño) y Héctor Basilotta (gerente) de Comarsa ya designaron defensores para la audiencia de formulación de cargos, que deberá agendar la oficina judicial.
Breide Obeid precisó que tanto acusados como la querella, la asociación de abogados ambientalistas, son de Buenos Aires, por lo que la audiencia no se programaría al menos esta próxima semana.
Según precisó la fiscalía, durante la formulación de cargos precisará los volúmenes de contaminantes y los periodos concretos por los cuales se los responsabiliza, así como también la acusación económica que está involucrada en la operatoria.
Concretamente, «cobraron y certificaron el tratamiento de un residuo que no trataron, y eso generó un daño al ambiente y afectación a la salud», dijo Breide, quien no dudó en especificar que de ser una planta tratadora de residuos del petróleo, se convirtió en un basurero de residuos petroleros. La fiscalía los acusará de que no tenían la capacidad de tratar los residuos peligrosos que recibieron y siguieron cobrando por recibirlos, sostuvo.
La denuncia data de 2017. «Es una investigación que costó bastante, hubo información contable que tuvimos que recabar que llevó mucho tiempo; y dar con los imputados, también fue difícil», indicó. Dijo que la fiscalía está en condiciones de imputarles contaminación ambiental por residuos peligrosos y también de beneficiarse económicamente con residuos peligrosos, que no trataban pero recibían y cobraban por ello.
Dijo que la empresa actualmente busca hacer un tratamiento de reducción de peligrosidad del residuo con un mecanismo «que no alcanza y es insuficiente» y que al menos demandará entre 5 y 7 años trabajar los volúmenes depositados. «Perdieron la capacidad de tratamiento de residuos peligrosos», aseguró. A sabiendas que esto ocurría, siguieron cobrando por la recepción de barros empetrolados que no iban a tratar.
«Mientras el residuo esté allí, el delito sigue cometiéndose», sostuvo el fiscal quien planteó que el periodo más critico de recepción de barros fue desde el acuerdo YPF Chevrón, oportunidad en que se triplicó la cantidad de residuos que recibió de las petroleras.
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