La política metió la cola en Comarsa y la fiscalía de Neuquén pidió tiempo para pericias
Cuando el TSJ confirmó la caución por 7 millones de dólares, no quedaban ni los 80 mil que había en las cuentas embargadas cuando se les imputó contaminación y fraude. Los fondos fueron retirados mientras se apelaba.
Las fotos de los empresarios imputados están pixeladas porque el juez ordenó que no se difundan sus imágenes (foto Matías Subat)
La fiscalía de Delitos Ambientales pidió medio año más para terminar la investigación sobre el fraude y contaminación que le imputa a Comarsa SA, que sigue trasladando los residuos contaminantes ubicados en el Distrito 6 de Neuquén capital hacia Añelo, bajo la supervisión de Medio Ambiente de la provincia. «Si la municipalidad hizo auditorías y está entregando lotes alrededor, es porque no hay contaminación», opinó el defensor de dos de los empresarios imputados, Marcelo Muñoz.
Los nombres y las imágenes de los tres empresarios acusados no se difunden por orden del juez Gustavo Ravizzoli, quien accedió a un pedido de los defensores de los gerentes y dueño de la tratadora de residuos petroleros, por sobre el derecho de información pública.
Ravizzoli dará a conocer el jueves si hará lugar a la reformulación de cargos, la ampliación de la investigación (establecida hasta el 15 de febrero) y una petición de las querellas para que la justicia solicite a la secretaría de Ambiente, Comarsa, YPF y las empresas que enviaron residuos sobre el desmantelamiento de la montaña de contaminantes en proceso.
Cuando en la audiencia con el juez Mauricio Zabala se imputó por contaminación y fraude, se planteó una causa compleja y la defensa estuvo de acuerdo, indicaron los querellantes que rebatieron con diversos argumentos el intento de los abogados Muñoz y Mario Rodríguez Gómez, para que quitar la calificación de compleja a la instrucción de la causa, se cierre y que se eleve a juicio.
Uno de los acusados, el que gerenció la firma hasta 2016, cambió de abogado. Su nuevo defensor, Javier Pino, a contramano de los defensores del dueño de la empresa y de quien la gerenció hasta 2021, pidió ocho meses más de plazo.
En la audiencia de reformulación de cargos de ayer, el fiscal jefe Maximiliano Breide los acusó de coautores de contaminación peligrosa para la salud pública con residuos peligrosos, en calidad de autor al empresario y de partícipes necesarios a los dos gerentes operativos.
A las imputaciones iniciales, agregó que la empresa superó con contaminantes los límites del predio que le fue otorgado (por la provincia y la municipalidad) y llenaron masivamente terrenos ocupados ilegalmente. «La montaña mayor que se ve de tierra contaminada es lo que se depositó en terrenos que en los que no tenían autorización, uno es una calle pública», detalló.
«No es delito la ocupación ilegal», refutaron los defensores, ante lo cual Breide aclaró que «es delito contaminar el suelo que ocuparon ilegalmente«. «Hay una constatación de avance de Comarsa hacia terrenos de la municipalidad, que no estaban autorizados para hacerlo y se hizo de modo clandestino: allí depositó residuos peligrosos sin estar habilitados y contaminó» el suelo, detalló.
El fiscal agregó que necesitaba unos meses para el informe final contable que realizan dos contadoras, a cargo de desentrañar información contenida en discos de «varios tera», que se sumaron a las 250 cajas de información secuestradas en Comarsa.
«Los informes parciales -contables- hablan de ocultamiento del pasivo, junto con otros procesos, hay dibujos de ganancias, omisiones en los balances» para ocultar a YPF y otras firmas contratantes que no se estaba tratando el material extraído de los pozos petroleros, dijo Breide.
Rodríguez Gómez y Muñoz hablaron de «presunta contaminación» y cuestionaron la imputación para el trabajo de una firma que se dedica al tratamiento. Insistieron en que los procesos «fueron controlados por la provincia y la municipalidad» e insistieron en que el actual traslado de tierra y lodos, fue acordado por la provincia y ponderado por el gobernador Rolando Figueroa.
«Es una causa simple con tres imputados de contaminación y defraudación; hace cinco años que investigan, qué más plazo necesitan; cuanto más tarda una pericia contable», se preguntó Rodríguez Gómez en tanto junto con Muñoz planteó que «no hubo contaminación, la empresa está tratando y lo aprobaron el 17 de octubre, en un proceso que no está escondido sino difundido; hasta la municipalidad hizo auditorías y está entregando lotes alrededor» de la montaña de basura del petróleo, insistió Muñoz.
Rodríguez Gómez comparó la simpleza de la causa con un robo y su colega habló de las deposiciones que deja un perro en la vía pública, «hay impacto en un perro que hace caca, hay que evaluar el daño».
Breide aclaró al juez que la pericia de la comuna se hizo con «mediciones en el aire y cuando el viento soplaba para el otro lado». Insistió luego en que el delito endilgado era la contaminación del suelo y el uso del suelo no autorizado ni habilitado para el depósito de contaminantes, en la reformulación.
La mesita de luz con detalles de «Comarsa real y Comarsa ficticia»
«Los allanamientos no se hacen para molestar y se busca en todas partes: en una mesita de luz de la casa en Buenos Aires del dueño de la empresa, se encontró toda la operatoria de la empresa, la Comarsa real y la Comarsa ficticia» ejemplificó el fiscal Breide Obeid en respuesta a las quejas de uno de los imputados que cuestionó el impacto del allanamiento ordenando por la fiscalía a su familia, cuando le había revuelto toda la casa y espacios personales de sus integrantes.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO describió que el cuaderno tenía, como si fuera un diario íntimo, los movimientos reales de la firma y una descripción de las simulaciones, la estrategia judicial en Neuquén y hasta una estrategia de venta de la firma.
«No podemos levantar el embargo», agregó Breide quien indicó que si se llegan a declarar en quiebra, se requieren prevenciones para la reparación del daño en el Distrito 6. El fiscal agregó que el embargo se trabó por 7 millones de dólares porque fue la estimación empresaria para levantar, tratar y sanear los 300 mil metros cúbicos de residuos de petróleo.
En el tiempo en que se levantó el embargo a las cuentas (por una apelación al Tribunal de Impugnación, que hizo lugar y no ordenó cautelares) se retiraron 80 mil dólares de una de las cuentas y cuando el TSJ reimplantó la medida, quedó poco saldo en esas cuentas.
La fiscalía agregó luego que las cuentas operativas, no están alcanzadas por el embargo, para permitir el pago de sueldos, entre otras decisiones.
«Nos están faltando informes de dos contadoras que están trabajando a contrarreloj sobre balances y simulación en las cuentas y también muestras de suelo donde se están retirando los contaminantes», dijo el fiscal para explicar el pedido de nuevo plazo para finalizar el proceso probatorio.
La intervención de Medio Ambiente
Sobre el traslado de la basura del petróleo de Vaca Muerta que se activó el 9 de diciembre, Breide Obeid respaldó el reclamo que hizo la querella de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina y la APDH.
Dijo que la fiscalía fue informada del inicio del plan el año pasado y pidió a la provincia el recaudo de un «previo tratamiento» del contaminante, tras lo cual no hubo un nuevo informe.
Los abogados ambientalistas pidieron que fuera el juez Ravizzoli, el que requiriera la información sobre el proceso (con auxilio de la fiscalía y las propias querellas) para que en un plazo de 10 días se detalle la información que se conoce sólo por medios periodísticos y comunicados oficiales «con datos generales», dijo el abogado Emmanuel Roa Moreno.
La fiscalía de Delitos Ambientales pidió medio año más para terminar la investigación sobre el fraude y contaminación que le imputa a Comarsa SA, que sigue trasladando los residuos contaminantes ubicados en el Distrito 6 de Neuquén capital hacia Añelo, bajo la supervisión de Medio Ambiente de la provincia. "Si la municipalidad hizo auditorías y está entregando lotes alrededor, es porque no hay contaminación", opinó el defensor de dos de los empresarios imputados, Marcelo Muñoz.
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