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Las 10 principales dudas, a tres meses de la muerte del soldado en Zapala

La familia de Pablo Córdoba realizará este viernes una marcha de banderas para pedir verdad y justicia. Entre desaciertos y pasos en falso, la causa no avanza.

El viernes 1 de septiembre se cumplirán tres meses de la muerte del soldado voluntario Pablo Gabriel Jesús Córdoba (21) en la Guarnición Militar Zapala. Su familia convocó a una «marcha de banderas» para pedir «verdad y justicia». Estos son los diez principales interrogantes que rodean el caso.

Los dos disparos en la cabeza. El padre, Juan José Córdoba, suboficial del Ejército desde hace 27 años y encargado de arsenales, afirmó en un acto público que «sabemos que es imposible que un ser humano pueda ser capaz de autoinflingirse dos disparos en la cabeza».

No se sabe el calibre, y la presunción es que los proyectiles serían del FAL asignado para la guardia. Pero se trata de un arma de alto poder destructivo. Un soldado declaró como testigo que «nos enseñan que un disparo te puede arrancar una pierna».

El fusil estaba en modo «R», repetición, es decir que para cumplir con la hipótesis de la autolesión, Pablo tuvo que apuntarse a sí mismo, gatillar y, herido de bala en el cráneo, volver a cargar una munición en la recámara, gatillar por segunda vez y quitar el cargador. Todo esto manipulando un arma de un metro de largo (supera en extensión el brazo de la víctima) y cuatro kilos de peso.

El fusil, las huellas, el cargador


La ubicación del fusil. Pablo fue hallado boca arriba, aún con vida. El soldado que lo encontró afirmó que el arma estaba a 90 centímetros del cuerpo, pero la enfermera que lo asistió dijo que ella misma le sacó el fusil de encima del cuerpo. Detalló que tenía sus manos ensangrentadas, y que debió transferir el fluido al arma. Un sargento, en cambio, asegura que fue él quien retiró el arma.

La falta de huellas en el FAL. Las pericias realizadas por Gendarmería arrojaron como resultado que el arma no tiene huellas dactilares. Se sabe de por lo menos cuatro personas que lo manipularon sin guantes: el propio Pablo, el armero que se lo entregó, la enfermera que lo asistió, y el sargento que afirma que lo tomó antes que la enfermera.

El cargador fuera de lugar. El trabajo criminalístico determinó que el cargador del fusil se ajusta a la perfección al cuerpo del arma y que no se sale por accidente. Sin embargo, estaba sobre el muslo de la víctima.

Las municiones. El cargador tiene capacidad para 20, al momento del hallazgo contenía 15, y tres más fueron hallados en torno al cuerpo. La número 19 apareció en un rastrillaje 15 días después, y la vigésimA en otra recorrida, un mes después. Esto pone en dudas la preservación del lugar del hecho y la seriedad con la que trabajaron las primeras personas encargadas de la investigación, que habrían sido policías federales sin preparación en criminalística. Si esto sucedió con las municiones, puede especularse que no se relevaron debidamente huellas de calzado o de vehículo, y otros elementos que pudieran resultar de interés.

¿30 segundos o 5 minutos?


El espacio temporal entre las detonaciones. Los testimonios reunidos en el expediente no coinciden sobre el intervalo entre un disparo y otro. Algunos hablan de 30 segundos, pero otros lo estiran hasta cinco minutos. Hubo quienes no escucharon la primera detonación, y otros que viven en el barrio Militar y sintieron retumbar el disparo en sus viviendas.

La trayectoria de los proyectiles. Este aspecto apenas fue discutido en la investigación, y podría profundizarse en un segundo informe de autopsia. Los forenses estimaron que Pablo recibió un balazo que le ingresó por el mentón y le salió por la frente; y otro que le atravesó de la sien derecha a la izquierda. No especifican cuál fue primero.

Pero existe la posibilidad de que el recorrido haya sido otro, y que el disparo que ingresó por el mentón haya salido por la sien izquierda, y el que entró por la sien derecha haya salido por la frente. Cambiaría por completo la mecánica del hecho y alejaría todavía más la hipótesis del suicidio.

El rol del Ejército


La conducta errática del Ejército. El primer llamado desde el Grupo de Artillería 16 a la delegación de la Policía Federal fue para informar sobre un soldado que se habría autoinflingido un disparo. Esa fue la versión que el Ejército expuso hacia afuera en los primeros momentos, y que se derrumbó cuando los padres hicieron saber que el joven tenía los orificios de entrada en dos lugares distintos de la cabeza.

Luego el Ejército pidió al juez federal Hugo Greca una copia del expediente, y el magistrado accedió pese a la oposición de la querella y de la fiscalía. Se supo también que el magistrado mantuvo contactos con el jefe del arma en Neuquén, general Hugo Tabbia, y le anticipó algunas medidas de prueba, como la reconstrucción e inspección del lugar del hecho. El abogado de la familia, Maximiliano Orpianessi, lo recusó. El juez rechazó la recusación e impuso secreto de sumario. «Le molesta que hablemos con los medios y lo dejemos expuesto», afirmó Natalia, la mamá de Pablo.

El general Tabbia, el coronel Gustavo Francisco Chimeno y el teniente coronel Enrique Rafael Lamas se reunieron con Juan José Córdoba, en lo que el padre de Pablo consideró un acto intimidatorio. Por eso ahora tienen prohibido acercársele. Lamas era el jefe de la Base de Apoyo Logístico, pero se dice en Zapala que en las últimas horas fue trasladado, y se desconocen el nuevo destino y los motivos.

El 17 de agosto pasado fue el acto de jura de la bandera de los soldados voluntarios. Allí tendría que haber estado Pablo. Sus padres Juan José y Natalia pidieron permiso para leer una nota emotiva, en la que afirmaron que «el o los asesinos están formados aquí entre nosotros o llevan el mismo uniforme». El Ejército reaccionó enviando una nota al juzgado para informar sobre el hecho. La orden de restricción de acercamiento es de los jefes hacia Juan José, no al revés.

Pericias demoradas


Las demoras en las pruebas científicas. 37 días después de la muerte de Pablo, el juez Greca se trasladó hasta Zapala (subroga ese tribunal, es el titular del juzgado federal de Roca) para una inspección y reconstrucción. Recién el 1 de agosto se hizo la pericia en las manos de la víctima para determinar si existen restos de pólvora (lo raro sería que, pasando parte de su vida en el cuartel, no los haya, aunque después de lo que pasó con las huellas en el FAL nada debería sorprender). Los resultados se conocerán a mediados de septiembre. A fines de junio, el juzgado ordenó que se realicen exámenes toxicológicos. Un mes después descubrió que las muestras aún no habían sido remitidas al laboratorio de la Corte Suprema.

La causa de robo de municiones. Quince días después de la muerte de Pablo, la Cámara Federal de Roca confirmó el procesamiento de Juan José en una causa por faltante de municiones, y desvinculó a un grupo de superiores jerárquicos. El juez Greca pidió ese expediente para analizar si tiene vinculación con la muerte de Pablo, algo que Juan José descarta. Está convencido de que la muerte de su hijo se produjo porque «vio algo», pero no se refiere a robo de armamento.

En su mensaje del 17 de agosto, el suboficial principal dijo: «En mi carácter de integrante del Ejército Argentino no puedo evitar sentirme dolido, defraudado por quienes tuvieron la obligación jerárquica de la toma de decisiones frente a semejante hecho. No los culpo, que quede claro, pero pregúntense qué medidas hubiesen adoptado si se perdía un fusil».


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