Lo imputaron por abusar sexualmente de una niña en Allen: deberá cumplir prisión preventiva
Acusaron formalmente a un hombre en Allen por abusar de una niña desde los 9 años. La Justicia le dictó prisión preventiva de cuatro meses por abuso sexual agravado y corrupción de menores.
La justicia le dictó 4 meses de prisión preventiva por abuso sexual agravado, considerando el riesgo de entorpecimiento procesal.
La fiscalía descentralizada de Allen formuló cargos contra un hombre de 35 años por graves delitos contra la integridad sexual de una niña, dictando además la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. La decisión de la jueza de Garantías se tomó tras una audiencia donde se presentó un sólido caudal de pruebas, que incluyó una Cámara Gesell, entrevistas a familiares y diversa documentación pericial.
El caso, que involucra abusos reiterados a una menor de edad, conmociona a la comunidad y subraya la importancia de la investigación judicial en la protección de las víctimas. La imputación y la medida de prisión preventiva marcan un paso decisivo en el proceso, garantizando que el imputado permanezca detenido mientras avanza la etapa preparatoria.
La acusación fiscal y la crueldad de los hechos
La acusación fiscal, respaldada por un exhaustivo trabajo de investigación, detalla un patrón de abuso sistemático. Según la Fiscalía, «los hechos habrían ocurrido desde el 2020 hasta enero de este año, en la vivienda que convivía la víctima con el hombre y el resto de la familia, tanto en Neuquén capital como en Allen». La fiscal adjunta explicó que el imputado se valió de «amenazas, el uso de la fuerza y violencia, pese a la resistencia y negativa de la niña», para cometer los delitos.
El accionar desplegado por el hombre fue calificado por la Fiscalía como «prematuro por la edad en que comenzaron, excesivo por la forma de su comisión y reiterado». Esta concatenación de hechos, según la acusación, no solo constituye abuso, sino que también promovió la corrupción de la menor, una de las calificaciones legales más graves en este tipo de delitos.
La investigación logró armar una cronología de terror que se extendió por varios años, aprovechando la convivencia y la relación de poder que el imputado ejercía sobre la víctima.
La prueba que sostiene la imputación
El sustento probatorio presentado por la Fiscalía para esta etapa procesal es contundente y multidisciplinario. Se compone de la denuncia penal de la familia, que puso en marcha la investigación; el informe de los forenses, que constató los efectos de los abusos; la entrevista social, que permitió entender el contexto familiar y la dinámica de poder; y el dictamen de la Defensoría de Derechos del niño, niña y adolescente, que avaló la protección de la menor.
Además, la Fiscalía cuenta con el allanamiento e inspección ocular del Gabinete de Criminalística de Allen, que permitió recopilar indicios relevantes. La prueba más crucial y conmovedora es el informe de la medida de Cámara Gesell, donde la víctima pudo dar su testimonio en un entorno protegido, confirmando la brutalidad de los hechos.
Calificación legal y rechazo a la propuesta de la defensa
La calificación legal por la que quedó imputado el sujeto es extremadamente grave. Se lo acusa de «abuso sexual con acceso carnal reiterado en un número indeterminado de veces, doblemente agravado por ser encargado de la guarda y por ser cometidos contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo».
Además, se imputa en concurso real con «abuso sexual simple reiterado en un número indeterminado de veces, doblemente agravado por ser encargado de la guarda y por ser cometidos contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo».
Finalmente, se suma en concurso ideal la «promoción de la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de edad, por el uso de amenazas y violencia y el autor resulta ser conviviente y encargado de la guarda». Estas calificaciones se basan en los Artículos 45, 54, 55, 119, 125, entre otros, del Código Penal.
Por su parte, la defensora penal pública que asiste al hombre no se opuso al hecho ni a la calificación legal, pero sí al pedido de prisión preventiva, argumentando que su asistido «cuenta con presunción de inocencia» y siempre había estado «a derecho».
La defensa propuso que se impongan presentaciones semanales y una prohibición de acercamiento, o que, en caso de dictarse la preventiva, fuera por un plazo menor. Sin embargo, la Fiscalía insistió en el riesgo de entorpecimiento procesal, subrayando el poder que el imputado ejercía sobre la víctima y su familia, así como el «temor» manifestado por la menor.
Prisión preventiva por cuatro meses
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente resolvió acoger el pedido de la Fiscalía. La magistrada tuvo por formulados los cargos en los términos detallados por la acusación y ordenó que el imputado continúe detenido por el plazo solicitado, que asciende a cuatro meses. Esta decisión se basó en el alto riesgo de entorpecimiento procesal, considerando la asimetría de poder y la vulnerabilidad de la víctima.
La fiscalía descentralizada de Allen formuló cargos contra un hombre de 35 años por graves delitos contra la integridad sexual de una niña, dictando además la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. La decisión de la jueza de Garantías se tomó tras una audiencia donde se presentó un sólido caudal de pruebas, que incluyó una Cámara Gesell, entrevistas a familiares y diversa documentación pericial.
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