Lo invitó a charlar al cementerio y lo mató: lo condenaron a 12 años de prisión en Bariloche
Fue la pena que un tribunal le impuso a José Evaristo Chávez Aguilar por el homicidio de Sebastián Ojeda Ferro, a partir de un acuerdo parcial entre la fiscalía, la defensa y el acusado, quien ya tenía una condena anterior por otro crimen.
José Evaristo Chávez Aguilar fue condenado a 12 años de prisión por un homicidio en Bariloche. (Foto Marcelo Martinez)
Crecieron en el mismo sector de Bariloche. Pero con el paso de los años, cada uno construyó su propia historia. Sus caminos se volvieron a cruzar en el penal local. Allí, José Evaristo Chávez Aguilar y Sebastián Ojeda Ferro coincidieron durante un tiempo, mientras cumplían sus condenas. Cuando recuperó la libertad, Ojeda Ferro resolvió que quería un cambio de vida. Chávez Aguilar, no.
La tarde del 18 de octubre del 2024, volvieron a verse. Fue un encuentro fugaz en el interior del cementerio municipal, que terminó con Ojeda Ferro con un plomo en el pulmón derecho.
“¡Me la puso José, me la puso José!”, fueron las últimas palabras que expresó la víctima antes de caer desvanecido. Su pareja lo escuchó y otros testigos. El joven murió por la hemorragia interna. Tenía 31 años. Dos horas después, la Policía detuvo al sospechoso, cuando intentaba escapar de su domicilio, en el barrio Arrayanes, a pocas cuadras del cementerio.
Chávez Aguilar admitió este martes haber sido el autor del tiro que mató a Ojeda Ferro aquella tarde de octubre del año pasado. Reconoció su culpa en un acuerdo con la fiscal jefa Betiana Cendón, que tuvo el acompañamiento del defensor oficial Marcos Miguel.
Un acuerdo parcial para no ir a juicio oral
Cendón presentó el acuerdo ante el tribunal, integrado por la jueza Romina Martini y sus pares Gregor Joos y Juan Martín Arroyo. Dijo que la familia de la víctima prestaba su consentimiento para que el conflicto se resolviera de esta manera.
A cambio, el acusado evitó ir a juicio oral (también la fiscalía y la defensa) y fue condenado a 12 años de prisión como autor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El Código Penal reprime ese delito con una escala que va desde los 10 años y 8 meses hasta los 25 años de prisión. La audiencia se hizo este martes en Tribunales de la calle John O´cconor de Bariloche.
Cendón, acompañada del fiscal Inti Isla, relató que al imputado le atribuían el hecho que ocurrió la tarde del 18 de octubre del 2024, en el interior del cementerio, que depende de la municipalidad.
Dijo que la víctima y el acusado se conocían por haber estado juntos detenidos en el penal 3. Contó que Ojeda Ferro caminaba con su pareja, quien estaba con su hijo de 4 años. Recordó que cuando llegaron a la calle Lengas, en el barrio Arrayanes, la víctima se encontró con Chávez Aguilar, que caminaba con una hermana.
Una invitación al cementerio
Indicó que el imputado le solicitó a Ojeda Ferro que cruce el paredón del cementerio para charlar, porque había policías en las inmediaciones que estaban por otra diligencia en ese sector.
Además, el acusado tenía un pedido de captura porque estaba prófugo desde marzo del 2024 tras acceder al beneficio de las salidas transitorias, pero no retornó a la unidad penitenciaria.
La pareja de la víctima siguió caminando con su hijo por la calle Lengas, mientras Ojeda Ferro lo hacía con el acusado y su hermana por el interior del cementerio.
La charla finalizó cuando Chávez Aguilar sacó un revólver calibre 22 y le efectuó un tiro a Ojeda Ferro, que escapó corriendo. El joven herido saltó el paredón ante la mirada atónita de su pareja y dos personas que esperaban el colectivo en una garita. La bala dio en la zona subescapular derecha, atravesó el lóbulo del pulmón derecho y causó una hemorragia letal.
El agresorr y su hermana huyeron. La Policía llegó minutos después y la pareja de la víctima aportó información clave. Ella escuchó al joven herido de muerte cuando le advirtió que Chávez Aguilar le había disparado.
Una detención exprés
La Policía rodeó el domicilio del sospechoso, con el fiscal Inti que estuvo en el lugar. El sospechoso trató de huir, pero lo capturaron. Antes de que lo arrestaran, intentó deshacerse del arma, pero los policías la encontraron.
La pericia balística confirmó que de ese revólver calibre 22 salió el proyectil hallado en el cuerpo de la víctima. Cendón expuso ante el tribunal que contaba con esa pericia para sostener la acusación. También, con declaraciones de testigos directos, el informe del gabinete de Criminalística y de la autopsia, entre otras pruebas. Y el informe de una reconstrucción del hecho que se hizo con la participación de la pareja de la víctima y la defensa.
La fiscal valoró el trabajo hecho por el defensor público Marcos Miguel, que asistió al acusado, porque ayudó a lograr el acuerdo parcial. Miguel reconoció que la evidencia contra su asistido “era contundente”.
El reconocimiento del acusado
El tribunal consultó al imputado si consentía la propuesta y si reconocía haber sido el autor del homicidio. Chávez Aguilar dijo que sí.
Los jueces consideraron que el acuerdo cumplía los requisitos legales y lo homologaron. De inmediato, se hizo la audiencia para determinar la pena.
Cendón pidió que le impongan 12 años de prisión y que se le declare la reincidencia. Recordó que Chávez Aguilar fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio del adolescente David Oyarzo, la noche del 6 de noviembrte de 2014 en Bariloche.
Valoró como agravante ese antecedente y que tenía pedido de captura porque se había fugado cuando mató a Ojeda Ferro.
La fiscal dijo que habló sobre el pedido de pena con la pareja y los hermanos de la víctima. “Sebastián era el menor de los hermanos, había transitado una condena en el penal”, reveló Cendón.
Afirmó que según la pareja, Ojeda Ferro “realmente había entendido que no quería volver” a caer en la cárcel. “Tenía dos trabajos y estaba tratando de dedicarse a acompañar a su familia, a mantener una vida fuera del ambiente delictivo”, destacó.
Evaluó que la víctima “se confió porque lo conocía a Chávez Aguilar y nunca imaginó ese final”. Advirtió que el paso por el penal de Chávez Aguilar “claramente no sirvió”.
El defensor dijo que su asistido “es una persona que prácticamente ha vivido institucionalizado. Es una persona que desde su mayoría de edad ha estado en un servicio penitenciario”.
A diferencia del la fiscalía, Miguel sostuvo que “la responsabilidad última creemos que no es de mi asistido, sino del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) o del Estado que no ha dado las condiciones para que la persona no vuelva sa reincidir en el tipo de delito”.
Los jueces resaltaron el trabajo hecho por la fiscalía y la defensa para llegar al acuerdo. Valoraron la presencia de la familia de la víctima. “Esperamos y es nuestra meta que usted logre incorporar el disvalor de cometer delitos de ahora en adelante, para eso es el tratamiento penitenciario y eso esperamos que ocurra”, expresó Martini.
Como la fiscalía y la defensa renunciaron a los plazos legales para impugnar, la sentencia quedó firme. En los próximos días se hará la unificación de las condenas.
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