La denuncia de Gennari volvió al TSJ de Neuquén y el expediente podría dar un giro
La declaración de incompetencia del juez Ruiz sacó la denuncia de su eje: para él no se trata de un caso de violencia de género laboral sino de un conflicto institucional.
Titular del juzgado laboral 4 de Neuquén, José Manuel Ruiz: "este es un conflicto institucional". (Gentileza)
La decisión del juez laboral de Neuquén José Manuel Ruiz de declararse incompetente para intervenir en la denuncia de la vocal Soledad Gennari contra su colega Germán Busamia significó un giro en el expediente y abrió múltiples interrogantes sobre cómo continuará el trámite.
Hasta ahora ningún magistrado de primera instancia quiso intervenir en el caso. Como se sabe, la denuncia la tomó el jueves 12 el fiscal general José Gerez por un hecho ocurrido el día anterior en la reunión de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia.
Dispuso una serie de medidas cautelares a pedido de la vocal Gennari (el bozal legal a Busamia por ejemplo) y luego giró las actuaciones «al juzgado laboral que corresponda».
Gennari encuadró su denuncia dentro de los términos de la ley 2786, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero Gerez no lo consideró un caso penal.
De hecho durante la exposición de la vocal estuvieron presentes el fiscal jefe de Homicidios, Agustín García, y la fiscal de Género, Carolina Mauri, y ninguno de los dos pidió el legajo. Ni siquiera figuran en el acta.
No hubo actuación de oficio
Si Gerez hubiera considerado que estaba ante un delito penal podría haber intervenido de oficio el mismo miércoles en el que sucedió el incidente. O lo podrían haber denunciado cualquiera de los demás vocales o la defensora general, que también lo presenciaron.
Por ese motivo remitió el expediente al fuero laboral luego de tomar las medidas cautelares. Los dos primeros magistrados que lo recibieron, Hugo Ferreyra y Luis Trani, se excusaron de intervenir por amistad con Busamia. Ni siquiera necesitaron leer el contenido de la denuncia; les bastó saber quiénes eran los involucrados para asumir que debían apartarse.
El juez que dio un giro al caso
Pero el tercer juez laboral que recibió el expediente, José Manuel Ruiz, sí leyó la denuncia y tomó una decisión distinta: sacó el caso del encuadre de la ley 2786 y se declaró incompetente.
Dice la resolución de Ruiz, hasta hoy vigente: «Viene a mí la presente causa caratulada como violencia de género laboral. He de disentir con el Sr. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia quien me merece el mayor respeto. Entiendo que no es competencia de este fuero laboral la presente causa».
«En primer lugar es bueno recordar que no hay relación de dependencia entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén. No hay relación laboral en los términos que la ley 2786 (sic)», remarcó.
«Se trata de un conflicto institucional entre dos vocales del Tribunal Superior de Justicia –a quienes debo el mayor respeto-. Es claro que se trata de un conflicto suscitado en el seno del máximo órgano judicial, y que debe ser resuelto por el mismo o por conjueces conforme lo entiendan los señores vocales».
Se permitió cerrar con una reflexión: «Es bueno recordar que Antonio Gaspar Spota, concebía “lo político y lo jurídico como un darse que siempre implica la entrega de sí mismo en bien de la comunidad”. A lo que se suma que la moral invade lo social al marcar la forma de conducta de cada uno y el compromiso con la sociedad en general, y con los más próximos en particular».
«Por ende en la convivencia dentro de los cuerpos colegiados es donde se realiza y desarrolla lo político, lo jurídico y lo moral como arquetipo de la comunidad».
A continuación, envió el expediente a la superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.
Ruiz es un juez laboral muy respetado. Pertenece al exclusivo «club de los 70», ya que ganó su concurso del Consejo de la Magistratura con 74,01 puntos. Con su resolución, envió un mensaje: la ley 2786 fue pensada para otra cosa. Los vocales, que están en la cima del poder mejor remunerado de la provincia, disponen de otras herramientas para solucionar sus problemas.
Especulaciones
Nadie acierta a pronosticar cuál será el próximo paso. Se especula que ningún vocal -Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe, el recién llegado Gustavo Mazieres- querrá tomar el expediente. Tampoco la flamante defensora general Vanina Merlo, quien sigue en el orden de subrogancias.
Si se resuelve que intervengan conjueces el problema es peor: no hay. Los últimos designados perdieron mandato en diciembre de 2021. La Legislatura debe aprobar una nueva lista, con los dos tercios de los votos.
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