Presentaron una denuncia por el acuerdo entre Nación y la empresa de Lewis que impide investigar la compra de Lago Escondido

El 14 de enero pasado, en plena feria judicial, funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno nacional y abogados de la firma Hidden Lake SA, del magnate inglés Joseph Lewis, celebraron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones. El acuerdo frenó la acción judicial de lesividad que el Estado nacional había impulsado a finales del 2023 contra esa empresa con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones que posibilitaron a la firma de Lewis la adquisición de unas 12.000 hectáreas, en las inmediaciones del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.

La causa tramitaba en el juzgado contencioso administrativo federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín, y estaba con medidas de prueba en curso. Sin embargo, el juez Walter Lara Correa habilitó la feria judicial, homologó el acuerdo y dictó la sentencia.

La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó este martes una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para disponga la apertura de una investigación sobre la conducta administrativa de los funcionarios de Nación que intervinieron en ese acuerdo conciliatorio con la empresa del Lewis.

Solicitó a Rodríguez que requiera a los organismos competentes, en particular al Ministerio del Interior de la Nación, “la remisión de todas las actuaciones administrativas vinculadas al acuerdo referido, así como los antecedentes, dictámenes y fundamentos que motivaron la decisión de desistir de la acción de lesividad”.

Odarda requirió al Procurador que evalúe “la eventual existencia de responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, la posible comisión de hechos con relevancia penal, promoviendo las acciones que correspondan”. Y que se impulse “la revisión judicial del acuerdo conciliatorio celebrado y de la sentencia que lo homologa, a fin de obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de ambos, por su contradicción con el orden público y el interés general comprometido”.

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En el petitorio, la legisladora rionegrina recordó al Procurador de Investigaciones Administrativas que el “acceso al expediente judicial en el cual tramitó la acción de lesividad se encuentra restringido bajo carácter de “reservado”, circunstancia que deberá ser considerada a los fines de garantizar el adecuado control de legalidad y transparencia de los actos denunciados”.

En la demanda, a la que Diario RÍO NEGRO accedió, Odarda recordó que el 27 de septiembre del 2023, el Ministerio del Interior de la Nación “dictó la Resolución (RESOL2023-1603-APN-SECI#MI) mediante la cual declaró lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en los expedientes N° S02-21662/96 y S0221702/96 del entonces Minsiterio de Defensa, vinculadas a la adquisición de tierras en zona de seguridad de frontera por parte de la firma H.R. Properties Buenos Aires SA, luego transformada en Hidden Lake SA (firma bajo dominio del ciudadano inglés Joseph Lewis)”.

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Según la denunciante, esa resolución, que se dictó fundada en antecedentes provenientes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Inspección General de Justicia, “concluyó que los actos administrativos cuestionados se encontraban viciados de nulidad absoluta e insanable, por violación de normativa de orden público en materia de defensa nacional y control de zonas de frontera”.

Odarda sostuvo que el 8 de noviembre del 2023, el Ministerio del Interior de la Nación promovió acción judicial de lesividad contra Hidden Lake SA, “con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones que posibilitaron la adquisición de aproximadamente 12.000 hectáreas en las inmediaciones del Lago Escondido, cuya titularidad y explotación se vincula con la restricción al acceso público a dicho bien de dominio público”.

La compra de esas tierras se hizo a mediados de la década de los noventa, cuando en la Casa Rosada estaba el entonces presidente Carlos Menem y los radicales gobernaban la provincia de Río Negro.

La legisladora rionegrina advirtió que durante el trámite del proceso, “y sin que se registraran avances sustanciales hacia la resolución de fondo del conflicto desde el 2024, el 14 de enero de 2026 el Ministerio del Interior, representado por el Dr. Alejandro Patricio Amaro, y la firma Hidden Lake SA, representada por los Dres. Jaime Cibis Robirosa y José Luis Ariel Bianco, suscribieron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones, con el consiguiente cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo”.

Indicó que el juez Lara Correa dispuso la habilitación de feria y procedió a homologar el acuerdo celebrado, “declarando extinguida la acción de lesividad, sin efectuar un análisis sustancial sobre la validez de los actos cuestionados ni sobre la incidencia del interés público comprometido”.

Según Odarda, tras ese acuerdo y la sentencia correspondiente, “la causa se mantuvo en reserva, privando a cualquier persona de acceder a las actuaciones así como de tomar conocimiento de estos acuerdos de alto interés público, hasta que la información trascendiera gracias a investigaciones periodísticas”.

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Afirmó que “el desistimiento recíproco de las partes y la posterior homologación judicial del acuerdo han tenido como consecuencia el cierre del proceso sin que se produzca un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos cuestionados”, es decir, la adquisición de unas 12.000 hectáreas, en zona de frontera, por parte de la empresa de Lewis, con el lago Escondido incluido en el interior de esa estancia. Cerca del lago Escondido, el magnate inglés construyó una mansión y un exclusivo complejo.

Odarda aseguró en la denuncia que el acuerdo homologado por el juez Lara Correa “no solo importa el cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión, sino que también supone un apartamiento del criterio previamente sostenido por el propio Estado al declarar la nulidad absoluta e insanable de los actos en cuestión, alterando de hecho su calificación jurídica sin que medie una revisión fundada que lo justifique”.

“Ello, en un contexto en el que se encuentran comprometidos intereses de orden público vinculados a la soberanía territorial, al control de zonas de frontera y al acceso a bienes de dominio público, circunstancias que imponen un estándar particularmente estricto de legalidad, transparencia y control jurisdiccional”, advirtió.

“En tales condiciones, la actuación de los funcionarios intervinientes -tanto en la suscripción del acuerdo como en su impulso y fundamentos- amerita ser investigada por esta Procuración, a fin de determinar la eventual existencia de responsabilidades administrativas y, en su caso, la posible configuración de conductas con relevancia penal”, consideró la denunciante.