Prisión preventiva para los dos acusados del brutal homicidio en Cipolletti: «Dispararon 15 veces», dijo el fiscal

Este martes se realizó la formulación de cargos contra dos hombres acusados por el homicidio del joven de 20 años, Emmanuel Uriel Aguilera, y se dispuso la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses para ambos imputados. La fiscalía presentó una hipótesis basada en una «venganza fallida» que terminó con la vida de un tercero -aparentemente- ajeno a los conflictos previos entre bandas que operan en los barrios de la zona.

La audiencia se llevó a cabo en el Foro Penal de Cipolletti, donde el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna acusó formalmente a Facundo Ezequiel Melo y Jorge Luis Aguilera Martínez por el delito de «homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real, con portación de arma de fuego de guerra». Según el acusador, los sujetos actuaron bajo un acuerdo previo para dar muerte a otro hombre, aunque terminaron impactando contra la humanidad de Aguilera.

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La emboscada

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Según relató la parte acusadora en la audiencia, el hecho ocurrió el 1 de marzo de 2026, aproximadamente entre las 0:30 y la 1:00 de la madrugada. En ese contexto, los dos imputados, junto con otras dos personas que no pudieron ser identificadas aún, se pusieron de acuerdo para subir a bordo de una camioneta tipo pick-up color blanca, en la que circularon por el barrio Antártida Argentina.

Permanecieron estacionados en una esquina, esperando la oportunidad para dar muerte a otra persona, quien mantenía rencillas previas que incluían tiroteos cruzados ocurridos apenas 24 horas antes del crimen.

La camioneta inició su marcha hacia una vivienda, donde creían que se encontraba el hombre. Sin embargo, en el patio de la casa, sentados en una galería y compartiendo una cerveza, se encontraba la víctima junto al dueño de la casa. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego.

El fiscal detalló que dispararon «indiscriminadamente en al menos 15 oportunidades» utilizando un arma de fuego de calibre 9 mm y otra de calibre 40. Uno de los proyectiles de este último calibre impactó en el hombro izquierdo del joven, atravesó su tórax y le provocó la muerte casi instantánea por una hemorragia aguda, mientras los agresores escapaban a toda velocidad aprovechando la potencia del vehículo.

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Las pericias balísticas

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El Ministerio Público Fiscal basó gran parte de su acusación en la evidencia recolectada por el gabinete de criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. En el lugar del hecho se levantaron 15 indicios balísticos, entre vainas y proyectiles encamisados. El fiscal Gauna hizo hincapié en un punto central: el proyectil extraído del cuerpo de la víctima. «El análisis extrínseco realizado por el perito mecánico armero determinó que es un proyectil calibre 40 por su peso y forma», explicó el fiscal, vinculando este hallazgo con testimonios que situaban a Jorge Aguilera Martínez portando un arma de ese calibre horas antes del asesinato.

Además, se mencionaron las 270 horas de grabaciones de cámaras de seguridad que están siendo analizadas. Aunque las defensas cuestionaron la nitidez de las imágenes, el fiscal aseguró que «se ve la mecánica del hecho, la circulación de la camioneta y la secuencia de los disparos». Para la fiscalía, la utilización de un calibre como el 40, que describieron como «difícil de conseguir y no habitual», es una marca distintiva que une a los imputados con la escena del crimen.

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La defensa y el cuestionamiento a la «fragilidad» probatoria

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Por su parte, los defensores particulares Michel José Rischmann (por Melo) y Juan Luis Vincenty (por Aguilera Martínez) rechazaron la acusación de manera tajante. Rischmann calificó la formulación como «apresurada y prematura», argumentando que la única prueba de cargo es el testimonio de un testigo, a quien acusó de tener un relato contradictorio.

Vincenty se sumó a las críticas, señalando que «estamos ante un caso con un estándar probatorio de probabilidad muy baja». Según su postura, no existen elementos objetivos que sitúen a sus pupilos dentro de la camioneta blanca. Además, cuestionaron la veracidad de otro testigo, afirmando que él mismo había amenazado a los imputados previamente, lo que viciaría su credibilidad.

Ambos defensores propusieron como alternativa medidas menos gravosas, como la prisión domiciliaria, alegando falta de antecedentes en delitos contra las personas para uno de los implicados.

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Riesgos procesales y la resolución judicial

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Al momento de solicitar la medida cautelar, el fiscal Gauna fue contundente: pidió la prisión preventiva por cuatro meses fundado en los riesgos de entorpecimiento y fuga.

Argumentó que los imputados conocen perfectamente dónde viven los testigos y que su libertad generaría un «temor fundado» en testigos. Sobre el peligro de fuga, indicó que «no fueron hallados en sus domicilios al momento de los allanamientos y cuentan con recursos para mantenerse prófugos», recordando que ambos se entregaron días después solo cuando su detención era inminente.

Finalmente, la jueza de Garantías, Amorina Sánchez Marlo, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Al dictar la prisión preventiva, la magistrada valoró la «actitud de desprecio hacia la vida» demostrada en el ataque y la necesidad de resguardar a los testigos de un hecho de extrema violencia.