Tiene tres condenas, desde hoy afronta otro juicio y ahora ordenaron detenerlo en una comisaría de Roca

El dirigente de la casi desaparecida Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Báez, ya acumuló tres condenas en el fuero provincial y desde hoy afrontará el primero de los dos juicios que tiene pendiente en el federal. Ante el temor de una posible fuga, en los últimos días le revocaron la prisión domiciliaria y ahora deberá esperar los próximos procesos judiciales en una celda y no en su domicilio.

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Pocas veces se vio en el plano judicial que un dirigente que hasta hace poco tiempo se sentaba a la mesa de las decisiones importantes del gremio ATE -que por ese entonces conducía Rodolfo Aguiar- acumular tantas causas judiciales. No es menos cierto que Báez tuvo la posibilidad de acceder a un sinnúmero de beneficios que le otorgó la justicia y que le permitieron sortear otros tantos procesos que tenía pendientes tanto en el fuero provincial como en el federal.

Pero el violento accionar del titular de ODEL comenzó a tener una tardía respuesta judicial cuando avanzaron las causas hasta llegar a la última condena en la que reconoció haber organizado el violento ingreso a las instalaciones del diario RIO NEGRO a través de su organización, en marzo del 2021.

En resumen, ya acumula una condena por el ingreso a las instalaciones de la Municipalidad de Roca y por el abuso sexual de una integrante de su organización (unificaron en 2 años y 6 meses). Y una tercera por instigar y promover la protesta en el diario Río Negro y por el cual -en un juicio abreviado- le impusieron 1 año y 8 meses de prisión.

Pero los males para Báez parece que recién han comenzado. Es que en el juicio abreviado (por turbación de la posesión en el diario) se indicó que para mantener la prisión domiciliaria no tenía que aparecer ningún otro proceso ni condena que le pudieran hacer perder ese beneficio.

La estrategia de la defensa de Báez se estrelló contra la pared el miércoles cuando llegó la notificación del Juzgado Federal informando que hoy lunes comenzaba el primero de los dos juicios que tiene pendiente y que es por un corte de la Ruta Nacional 22, ocurrido en el año 2019.

Con este elemento, y ante el peligro de fuga que pueda implicar una nueva condena, el juez que tiene el legajo en sus manos ordenó la inmediata detención por lo que desde ese día se encuentra alojado en una celda de la Comisaría Tercera.

Los juicios pendientes de Báez

Desde hoy y ante un tribunal unipersonal que encabeza el juez Alejandro Silva, Báez deberá responder por el delito de «entorpecimiento de transporte terrestre, instigación a cometer delitos e intimidación pública», por el corte de ruta que promovió en el 2019 junto a medio centenar de personas. Los referentes de su organización, levantaron barricadas, impidieron el tránsito y utilizaron menores para llevar adelante la medida, según había detallado en su momento el Ministerio Público Fiscal.

Para este tipo de delitos, el código establece una condena que va desde 1 mes a los dos años de prisión.

Una vez que termine el juicio que comienza hoy a las 9, el exintegrante de la CTA Autónoma deberá afrontar otro proceso. En esa causa se encuentra procesado junto a las dirigentes Claudia Reyes y Zulma Dávila.

Los hechos se sucedieron entre el 3 de abril y el 26 de julio de 2019. En la primera jornada marcharon a la delegación de Desarrollo Social de la Nación ubicada en Alsina 767 donde dañaron el edificio con pintadas, y también intimaron a los vecinos para desactivar las cámaras de seguridad.

Pero tal vez el hecho más grave ocurrió el 11 de abril de 2019 cuando Báez coordinó y dirigió una protesta a la casa de Miriam Saigg quien era la titular del ministerio de Desarrollo Social en Roca. En la vivienda ubicada en Isidro Lobo casi Mendoza, la intimidaron e infundieron temor sobre su persona y sobre su familia para obligarla a renunciar y exigir la entrega de bolsones de alimentos. Pintaron paredes con aerosol, produjeron roturas en el inmueble además de una serie de amenazas que recibió a través de la red social Facebook.

Desde el MPF señalaron que todo se encuadra en el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas (artículo 141 y 142 inc. 1 del C.P), daño agravado en función de tratarse de bienes de uso público (artículo 183 y 184 inc. 5 del C.P.) atentado y resistencia a la autoridad (arts. 237, 238 inc.2 y 4 y 239 del Código Penal). Según el código, sólo el delito de privación ilegítima de la libertad contempla una pena que va desde los 2 a los 6 años de prisión.