Una espera de 14 años, pruebas sólidas y una Justicia que no se dejó amilanar
Tras los esfuerzos colosales del kirchnerismo por derribar la causa y las arremetidas de Cristina a la Justicia, llegó un fallo histórico basado en pruebas consistentes y abrumadoras de los fiscales. Hechos demasiado evidentes, pero que los imputados desconocieron. Los repasamos.
Lázaro Báez y Cristina Kirchner, una antigua amistad de familias. (Foto OPI Santa Cruz)
Pasaron nada menos que 14 años desde que la Coalición Cívica -con el liderazgo de Elisa Carrió y Paula Olivetto al frente de la investigación- denunciara una administración fraudulenta y asociación ilícita para direccionar contratos de obras públicas viales a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.
Finalmente, tras los colosales esfuerzos del kirchnerismo por derribar la causa, la condena -aunque parcial- llegó con base en las pruebas consistentes y abrumadoras de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Pruebas asentadas en hechos y datos tan evidentes que sólo Cristina Fernández, los demás 12 imputados y sus defensores dijeron no ver y desacreditaron, mancillando la tarea de la Justicia.
Para los jueces del Tribunal Federal 2, asociación ilícita no hubo (en eso coincidieron con Cristina y la absolvieron), pero sí administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, de modo que le dictaron seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No irá presa y podrá ser candidata en 2023 (hoy lo descartó) por los recursos de apelación que llevará años resolver, como lamentablemente es habitual en el país.
La desesperación de la Vicepresidenta por evitar este histórico desenlace judicial fue expuesta con actitudes directamente lesivas del derecho. Se erigió por encima de la Justicia (desde su pedestal, solo la historia y el voto popular absolverían), denostó la función fiscal de acusar, y a los jueces directamente los acusó de inventar, tergiversar, injuriar, hacer “lawfare” y (cuando el término se gastó) de configurar un “pelotón de fusilamiento”. Se dijo perseguida y víctima por mujer y por peronista, ventiló falsos datos privados de los miembros judiciales surgidos de un espionaje vulgar, y -muletilla habitual- los asoció con Macri, Clarín, La Nación y el intento de magnicidio. Verborrea para la tribuna de fanáticos.
¿Qué más evidente?: Lázaro Báez, un viejo amigo de los Kirchner, monotributista convertido en empresario, se llevó 2.200 millones de dólares del Estado, a partir de obras que mayoritariamente no concluyó y parte de cuyo monto fue al patrimonio de la pareja presidencial vía acuerdos comerciales inmobiliarios y hoteleros.
Las pruebas del fiscal Luciani fueron, en realidad, hechos palmarios:
• Apenas ocho días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, en mayo del 2003, Báez fundó Austral Construcciones.
• Hasta entonces era un empleado bancario y monotributista. Tras crear Austral, se lanzó a la compra de otras constructoras santacruceñas: Gotti y Kank y Costilla.
• Del 2003 al 2015, casi el 80% de las obras de la provincia fueron otorgadas a las empresas de Báez.
• De las 51 obras públicas en Santa Cruz, sólo 27 fueron finalizadas (3 en los términos acordados); 27 se demoraron más de lo justificado y las otras 24 fueron abandonadas o quedaron inconclusas.
• Las empresas de Báez recibieron adelantos financieros más altos que los permitidos por ley.
• Simularon competencia en la licitación: una compulsa entre las propias firmas del grupo Báez, más allá de otras, como el Grupo Petersen, que solían presentar ofertas superiores a lo presupuestado (para perder).
• A las empresas de Báez se les pagaban sobreprecios.
• Les abonaban el monto total antes de la finalización de las obras.
• Extendían los plazos de las obras sin justificación.
• Todos los mecanismos de control fueron desactivados.
• Y Cristina, como presidenta de la Nación, “empleó sus competencias y poder de dirección sobre el resto de los imputados”.
• Los mensajes de chat de José López expusieron, esencialmente, la relación y comunicación fluida de López con Báez, el principal gerente de Austral y secretarios privados de Cristina que determinan el celo con el que seguían la evolución de las obras públicas, la verificación de certificados, y revelaron la intervención de la entonces presidenta en pagos a Báez.
• Esos chats pusieron en evidencia que tras la última licitación ganada por el holding de Báez (un plan de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos, financiado con fondos nacionales) necesitaban apurarse en direccionar el contrato y pagar todo, pues se aproximaban las elecciones presidenciales. Y demostraron un claro involucramiento del hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, a fines de 2014.
• Báez era el único empresario al que el Estado no le debía un solo peso. Había cobrado las obras (terminadas o no), mientras la mayoría de los proveedores y adjudicatarios del Estado penaba por deudas.
El problema fue que Cristina Fernández no respondió en concreto a estas pruebas profusas de Luciani; no logró explicar hechos tan evidentes. Hizo lo que mejor sabe: defenderse atacando. Basó su defensa en un alegato político de arremetida, bajo el principal argumento de que sus decisiones son políticas y no justiciables, que el juicio fue una farsa y que quienes la juzgaban eran persecutores políticos.
Es consciente la vicepresidenta de que a esta condena pueden seguirle dos causas análogas al expediente Vialidad: la causa de los cuadernos, documentada descripción del cobro de sobornos en los gobiernos de los Kirchner, y la posible reapertura de los expedientes Hotesur /Los Sauces, que investigan el lavado de dinero negro en los hoteles y edificios de la familia Kirchner, cuyos principales “inquilinos” aportantes fueron precisamente Báez y también Cristóbal López.
El dato estimulante que deja esta histórica sentencia -además de la condena misma a graves hechos de corrupción- es que, afortunadamente para la salud institucional del país, hubo un tribunal que no se dejó amilanar por las diatribas de una dirigente política de poder y con funciones de mando, avalada por todo un gobierno y sostenida por militantes y las organizaciones y medios de comunicación afines. A la beligerante oratoria, sumaron maniobras jurídicas de todo tipo y hasta tareas de inteligencia para desacreditar, dilatar o directamente demoler la causa. Subestimaron la tenacidad de fiscales y jueces de perseguir la verdad. Simplemente, la tarea y el compromiso que debían cumplir.
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