Violó una restricción, lo denunciaron, pero no lo imputaron: otro escándalo judicial rodea a un empresario de Cipolletti
El hombre fue acusado por violar una restricción para ver a su hijo en Allen, pero no le formularon cargos por una falla en la notificación judicial.
Un empresario condenado por violento, errores judiciales y la impunidad que se repitió.
Una nueva denuncia involucró a un empresario de Cipolletti que carga con varias causas por violencia de género. Todo parecía que otro hecho se sumaba al historial, incluyendo una acusación por desobediencia judicial, pero las irregularidades del sistema volvieron a ser protagonistas de un escandaloso episodio en la Justicia de Río Negro.
El pasado 8 de marzo, apenas tres meses después de salir del penal de Viedma, violó una restricción judicial y se escondió en el baño de un club de Allen para ver a su hijo. Según la madre del niño, el hombre fue denunciado, identificado y reconocido por varios testigos. Sin embargo, este martes 22 de abril, el juez Gustavo Quelin resolvió no dar por formulados los cargos.
La razón, insólita para muchas de las víctimas que siguen el caso, fue un error en la notificación: el empresario no había sido debidamente advertido sobre las consecuencias penales de desobedecer la medida, tal como exige el nuevo Código Procesal de Familia. El juez no discutió el hecho. El acercamiento puede haber existido. Pero la cadena de «fallas» judiciales volvió a blindar al denunciado.
Por qué hecho llegó a la audiencia de este lunes
La denuncia presentada tiene lugar en Allen, durante el sábado 8 de marzo de 2025. El condenado, de gorra y actitud sospechosa, ingresó al predio y se ocultó en uno de los baños. No estaba allí por deporte ni por coincidencia: buscaba a su hijo menor, a quien no puede ver por una restricción impuesta desde 2020.
Según denunciaron, esperó en silencio hasta que lo vio. Lo interceptó, pero el niño, con miedo, logró correr hasta el auto donde lo esperaba su madre. La denuncia fue inmediata. Pero lo que parecía un caso claro de desobediencia judicial, terminó desmoronándose por un yerro legal.
Una audiencia que indignó: el juez no dio por formulados los cargos
Este lunes, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos por desobediencia judicial. Los fiscales expusieron con pruebas el acercamiento, la intención del empresario y el contexto de reiteradas violaciones. Pero el juez de garantías desestimó el pedido y brindó su respuesta este martes: argumentó que el empresario no había sido intimado formalmente sobre las implicancias penales de violar tal restricción, algo que exige el artículo 154 del Código Procesal de Familia. Un error que todavía busca culpables dentro del Poder Judicial.
Es que, una vez más, el victimario se logró esconder detrás de las grietas que dejó el sistema. El juez de esta instancia aclaró que el Juzgado de Familia debía ser notificado del incumplimiento, pero que no se configuraba delito. Una falta que pudo haber sido determinante.
Un prontuario que crece impunemente: violencia, amenazas y tobilleras
El hombre no es un desconocido para la Justicia de Río Negro. Desde 2017 acumula condenas, denuncias y sanciones. Fue sentenciado por amenazas, lesiones y episodios de violencia de género en Cipolletti, Las Grutas y otras localidades.
En 2021, fue vinculado con un intento de incendio del auto de una expareja. En 2022, ya con condena vigente, volvió a ser denunciado por otra mujer en la ciudad costera. En un hecho inédito en la provincia, se le colocaron dos tobilleras electrónicas de manera simultánea. En diciembre de 2024, tras reconocer una amenaza de muerte, cumplió una pena unificada en el penal de Viedma y recuperó la libertad apenas unas semanas antes del episodio en Allen.
Fallas en cadena: errores, demoras y un sistema que generó algunas críticas
Pero si algo caracteriza este caso, además de la violencia, es la acumulación de errores judiciales. En 2023, el Superior Tribunal de Justicia denunció públicamente demoras inadmisibles de la Fiscalía y la Oficina Judicial de Cipolletti. La víctima había pedido la revocación de la condena condicional del acusado por incumplir las pautas de conducta, pero el recurso llegó tarde.
El empresario, reconocido en la región, fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. La víctima presentó pruebas según las cuales había incumplido con las condiciones impuestas para cumplir la pena en libertad. En un primer momento fue el juez de Ejecución Lucas Lizzi quien no hizo lugar al reclamo, pero demoró tanto su resolución que el pedido de revisión llegó tarde: primera demora.
Para esa circunstancia, el empresario contó con la «ayuda» de la Oficina Judicial que alimentó el atraso. Su condena se venció el 9 de mayo y el organismo que fija fechas llegó, fuera de tiempo, con una audiencia recién el 22 de ese mes: segunda demora. Y, cuando la víctima quiso insistir, los tribunales superiores se desentendieron por los plazos vencidos.
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