Justificación oficial para la compra de alimentos

el estado compra caro

El gobierno provincial salió ayer a justificar la operación de los 30.000 módulos alimentarios, entendiendo que sus valores no se los puede comparar con los precios minoristas. Argumentó los precios superiores por los costos adicionales del “armado”, “embalaje” y “transporte” de los módulos, como también, de los plazos de entregas que requiera Desarrollo Social, que pueden llegar “hasta 11 meses”.

El último lunes, “Río Negro” publicó una nota donde resalta que la provincia compra caro porque esa transacción por 30.000 módulos arrojaba un costo de 14,6 millones de pesos. Un relevamiento propio proyectó que ese monto superaba entre un 35 % a 45% al mismo conjunto de productos adquiridos en los comercios minoristas. Ayer, llegó la reacción gubernamental. Fue en un comunicado después de una reunión del gobernador Alberto Weretilneck -recién arribado desde Buenos Aires- con los ministros de Economía, Alejandro Palmieri y de Desarrollo Social, Fabian Galli.

La respuesta se concentró en desautorizar la comparación de los valores minoristas con la oferta preadjudicada y, también, explicar la reducida diferencia entre los “presupuestos” oficiales de las dos últimas licitaciones.

Puntualmente, el gobierno dice aclarar una “información desvirtuada” del “Río Negro” ya que es “un error” comparar “precios” de la licitación con “valores en góndola”, aludiendo que se tratan de “productos de marcas y fraccionamientos distintos”, y que “el valor” de la licitación corresponde a “mercadería con provisión abierta”, cuya entrega puede “prolongarse hasta 11 meses y corre por cuenta del proveedor el riesgo de eventuales cambios de precios”.

En la justificación del precio, la administración de Weretilneck explica el valor en la “logística de armado de los distintos módulos”, “el costo del embalaje” y “el transporte” en la “distribución territorial”. Estas características -agregan- hacen que “la comparación lineal y directa con una compra minorista en un supermercado carezca totalmente de fundamento”.

Después, se afirman que se cumplieron con los “pasos y requisitos legales” del trámite, que está en su “etapa de preadjudicación”. El expediente fue retirado de Desarrollo Social el lunes por orden del Fiscal de Investigaciones, Marcelo Ponzone.

En otra parte, se explica que el valor oficial de cada módulo fue “establecido previamente a partir de un promedio” de “distintos presupuestos” que presentan “diferentes proveedores y actores del mercado”.

Luego, la contestación se focaliza en la comparación de valores de la última licitación y una similar de diciembre. Aquella preadjudicó a $ 487 el módulo de 17 productos mientras la del año pasado fue de $ 264 el conjunto de 15 productos. Ambas operaciones fueron planteadas en la nota de “Río Negro”, considerando un aumento de precios del 84%, a pesar que la diferencia solo es de dos artículos.

Esa referencia gubernamental sólo se concentró en los presupuestos oficiales. Así, explica que la licitación 46/2014 tuvo una cotización estatal de $395,55 y la reciente 56/2015 fue de $426,47, lo cual, representa “un incremento del 8% comparativo”. Luego si compara el “promedio” de las cinco ofertas de la operación anterior y dice que significa un “9% menos que el presupuesto”, concluyendo que hay “razonabilidad” en los valores oficiales.

DeViedma