Juzgan el asesinato de un interno en la exU9 a 10 años del hecho

Quince penitenciarios, entre ellos quienes fueron los jefes de la cárcel federal de Neuquén que funcionó hasta el año pasado en la U9, están acusados de torturar a un interno hasta la muerte en 2008, cuando ingresaba a Neuquén en un traslado desde Buenos Aires. La muerte de Argentino Pelozo Iturri llegó 10 años después a debate, debido a que la instrucción federal elevó la causa a juicio cuando logró desentrañar una serie de complicidades -incluidos sumarios fraguados- que revirtieron la investigación que daba por sentado de que el interno falleció de muerte súbita.

La semana pasada los especialistas médicos de la Corte Suprema de la Nación detallaron en las audiencias cómo fue manipulado el informe de autopsia, la pérdida de las radiografías y la ausencia del detalle sobre los señales que tenía el cuerpo de haber padecido golpes traumáticos que no coincidían con el informe oficial labrado por los profesionales del penal.

Las audiencias comenzaron el 10 de octubre y se desarrollan en el salón de AMUC, afectado exclusivamente para casos complejos del Tribunal Oral Federal. La última fue la semana pasado y el 26 de noviembre está prevista la continuidad con nuevos testimonios del cronograma de testigos.

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El principal testigo del crimen murió apuñalado en 2015, tras muchos años de hostigamiento por parte del servicio penitenciario en cualquier unidad en la que estuviera alojado, se detalló.

“La bonaerense le había armado una causa para que permaneciera en el sistema. Luis Abella, que fue testigo presencial de la golpiza en Neuquén, resultó absuelto porque quedó demostrado en juicio que los testigos fueron apretados para acusarlo. Ni bien salió de la cárcel, murió en un descampado, de un cuchillazo en el pecho”, se ejemplificó desde la querella.

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La confrontación de los peritos resultó una de las cartas más fuertes en el debate. Con la muerte violenta del interno que fue el único testigo presencial, la prueba está conformada por testimonios de otros presos, muchos de los cuales siguen en el sistema. Todos tienen miedo de las consecuencias de sus dichos ante el tribunal, los que salieron en libertad y los que permanecen.

“Estuve detenido en la U9 desde 1.979 hasta el 2.008. Ingresé durante el régimen militar y se pegaba, se maltrataba, se torturaba; y en ese tiempo -el de la muerte de Pelozo Iturri- habían empezado con lo mismo otra vez”, dijo uno de los internos bajo la ley de protección de testigo.

El tribunal está integrado por los jueces Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro SIiva. La fiscalía la ejerce Miguel Angel Palazzani y la Procuración Penitenciaria es querellante en esta causa.

Los 15 imputados tienen defensores particulares y defensores públicos.

Los acusados son 15 en total: 8 penitenciarios acusados de torturas seguidas de muerte (7 agentes de requisa y un celador), dos médicos acusados de omisión de denunciar la tortura y en el caso de uno de ellos de falsificación de documento público; el jefe de seguridad interna del penal, el subdirector y el director de la ex U9, acusados de omisión de evitar la tortura a los internos y el director regional de las unidades penitenciarias.

En el caso de los directivos, la acusación está vinculada a que tenían conocimiento de los hechos y lejos de disuadir la acción, la permitieron o crearon los instrumentos públicos (sumarios) con otra versión para ocultar lo ocurrido.