La Fiscalía pide seis años de prisión para la escribana

La Cámara Segunda del Crimen deberá evaluar la solicitud del fiscal Martín Lozada, quien sugirió condenar a seis años de prisión a la escribana María Alejandra Aguirrezabala. Según la acusación, se la considera responsable de 47 hechos de “peculado”.

La Fiscalía señaló que la escribana, en tanto agente de retención, sustrajo 1.243.000 pesos en un período de tiempo comprendido entre el año 2001 y el año 2006. Actualmente esa suma alcanza, intereses mediante, los 10.000.000 de pesos, según Lozada.

La presunta maniobra, que se le atribuye a Aguirrezabala, comenzaba cuando la profesional recaudaba dinero en concepto de impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble. “Y pese a que tenía la obligación legal de depositarlos en una cuenta abierta del Banco Patagonia, lo cierto fue que los sustrajo”, expresó el fiscal.

Lozada además solicitó que se la inhabilite “de modo absoluto y perpetuo” por haber omitido todas cualidades indicadas en la Ley de Ética Pública.

El defensor Raúl Ochoa solicitó la absolución de su pupila y consideró que no era razonable “tener a una persona 10 años a la espera de una sentencia”. También cargó contra la “falta de pruebas” que, interpretó, se aportaron desde la Fiscalía.

Señaló además que hay dos personas que fueron imputadas, ya fallecidas, y la falta de una pericia caligráfica, entre otras. “No bastan las declamaciones, el Poder Judicial necesita trabajo. Las declamaciones tienen otro objetivo: satisfacer a la ciudadanía, colgar a alguien”, entendió Ochoa.

Por otro lado dijo que la exposición de su defendida en los medios de comunicación la llevaron a vivir en otra localidad en resguardo de su hijo. “Los medios ya la condenaron”, dijo y solicitó que, en caso de que el Tribunal no hiciera lugar a su postura, se aplique la pena menor en la escala prevista.

El juicio contra Aguirrezabala comenzó el 19 de mayo pasado. El juez de Instrucción Marcos Burgos procesó -sin prisión preventiva- a la escribana. La Cámara Criminal Primera desestimó la apelación a principios de septiembre de 2014 y confirmó el procesamiento.

Juzgarán a una escribana por millonaria defraudación

El juicio que tiene como imputada a una escribana barilochense comenzará este viernes en sala de audiencias de Tribunales ante la Cámara Segunda del Crimen. Este estaba previsto para los primeros días de febrero pero en ese momento, fue suspendido.

A María Alejandra Mena, que luego de un trámite legal cambió su apellido a Aguirrezabala, se le atribuye una estafa millonaria en contra del estado provincial. Según indicaron desde el Ministerio Público, se investigan diversas maniobras que le habrían permitido apoderarse ilegítimamente de 1.158.094 pesos.

El fiscal de Cámara, Martín Lozada, intentará probar que, entre el mes de diciembre del 2001 y junio del 2006, “en su doble carácter de escribana pública y agente de recaudación, perpetró cada una de las 48 maniobras defraudatorias que se le atribuyen”.

De ser condenada, informaron, podría corresponderle una pena de hasta 6 años de prisión y una inhabilitación profesional perpetua.

Según la fiscalía, “tras recaudar de los particulares los importes correspondientes a impuestos y tasas, en vez de depositar el dinero a su debido tiempo en la cuenta abierta a nombre del impuesto de sellos y de la Dirección General de Rentas en el Banco Patagonia, la imputada retuvo indebidamente y luego sustrajo distintas sumas de dinero a pesar de que los caudales públicos se encontraban bajo su custodia personal”.

El modus operandi utilizado, aclaró Lozada, se repitió en cada uno de los casos analizados: “una vez recaudados los impuestos y tasas, sustrajo todo o parte de dichos caudales públicos. En la mayoría de los casos depositó una cifra menor en el Banco Patagonia para obtener así un comprobante del formulario 428 con el sello de la entidad bancaria”.

Lozada destacó que”la acusación refiere a 48 hechos de defraudación contra el patrimonio de la provincia. Hechos que, más allá de su calificación técnico-jurídica, remiten a un inequívoco cuadro de corrupción”.