La aspiradora de Cristina
Además de encabezar todas las encuestas de intención de voto por un margen muy amplio, si bien no se acerca al 50% más uno que le ahorraría la hipotética necesidad de enfrentar una segunda vuelta en que podría perder, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con la ventaja adicional de poder modificar las reglas electorales por decreto, lo que acaba de hacer al habilitar las “listas colectoras”, rebautizadas como “acuerdos de adhesión”, con el propósito de beneficiarse de los votos cosechados por candidatos menores presuntamente afines. Se trata de una modalidad destinada a hacer aún más presidencialista nuestro sistema político porque servirá para debilitar a todos salvo a quien se encuentra en la cúspide, razón por la que se le oponen los “barones” del conurbano bonaerense, que temen que la lista –o acuerdo– del diputado Martín Sabbatella los prive del apoyo que necesitarán para continuar mandando en sus distritos. Otro perjudicado por el retoque más reciente a la Ley de Reforma Política será el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ex vicepresidente Daniel Scioli, aunque, como de costumbre, no ha protestado públicamente. Algunos juristas han cuestionado la legalidad de los decretos presidenciales señalando que conforme a la Constitución nacional el Poder Ejecutivo no está facultado para emitir decretos a fin de cambiar las reglas electorales, pero no es demasiado probable que prosperen los eventuales intentos de obligar al gobierno kirchnerista a dar un paso atrás. Podrá acusar a sus adversarios de tratar de “judicializar la política” y, de todos modos, los tiempos de la Justicia suelen estirarse tanto que sería asombroso que se produjera un fallo definitorio antes del 23 de octubre. Asimismo, sorprendería que incidieran en el estado de ánimo del electorado los planteos éticos de quienes afirman que es poco democrático permitir a un presidente que, es de suponer, buscará ser reelegido, cambiar las reglas con miras a apropiarse de más votos. Como en repetidas ocasiones se ha hecho evidente, en nuestro país sólo un puñado de especialistas se preocupa por los temas institucionales. Además de favorecer a Cristina en el caso de que finalmente opte por postularse, las colectoras podrían beneficiar a algunos candidatos opositores, entre ellos el porteño Mauricio Macri, con adherentes que se ven diseminados por el territorio nacional. En cambio, a los aparatos de los distintos partidarios les será más difícil impedir la dispersión de los votos. Antes de iniciarse la temporada electoral el gobierno kirchnerista se aseveraba decidido a simplificar el panorama político nacional impulsando medidas encaminadas a reducir drásticamente la cantidad de partidos, pero pronto se dio cuenta de que la atomización le conviene, razón por la que quiere provocar más divisiones estimulando los “acuerdos de adhesión”. Si bien por motivos que podrían calificarse de prácticos es comprensible que los kirchneristas, dueños de una facción del PJ que se las han arreglado para suplementar con un conjunto abigarrado de “transversales”, entre ellos muchos radicales, hayan optado por fragmentar todavía más el ya caótico panorama político nacional, sus esfuerzos en tal sentido no pueden sino tener consecuencias muy negativas al hacer virtualmente imposible la formación de un sistema partidario equiparable con los de los países “normales”. Asimismo, el gobierno ha decretado una serie de medidas que, según sus adversarios, le permitirán limitar la difusión de propaganda electoral opositora al prohibir a los partidos contratar publicidad en los medios televisivos o las emisoras de radio mientras dure la campaña. Puesto que nada impedirá que el gobierno siga gastando mucho dinero para mantenernos informados de sus logros –se habla de más de un millón de pesos diarios–, es lógico que quienes no militan en el oficialismo se crean víctimas de una nueva manifestación de prepotencia kirchnerista. En algunas democracias, la voluntad patente del gobierno de poner al Estado al servicio de su campaña proselitista le jugaría en contra, pero parecería que aquí la mayoría está tan habituada al abuso de poder así supuesto que lo tomará por evidencia de que sólo el kirchnerismo está en condiciones de asegurar la gobernabilidad.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 19 de abril de 2011
Además de encabezar todas las encuestas de intención de voto por un margen muy amplio, si bien no se acerca al 50% más uno que le ahorraría la hipotética necesidad de enfrentar una segunda vuelta en que podría perder, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con la ventaja adicional de poder modificar las reglas electorales por decreto, lo que acaba de hacer al habilitar las “listas colectoras”, rebautizadas como “acuerdos de adhesión”, con el propósito de beneficiarse de los votos cosechados por candidatos menores presuntamente afines. Se trata de una modalidad destinada a hacer aún más presidencialista nuestro sistema político porque servirá para debilitar a todos salvo a quien se encuentra en la cúspide, razón por la que se le oponen los “barones” del conurbano bonaerense, que temen que la lista –o acuerdo– del diputado Martín Sabbatella los prive del apoyo que necesitarán para continuar mandando en sus distritos. Otro perjudicado por el retoque más reciente a la Ley de Reforma Política será el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ex vicepresidente Daniel Scioli, aunque, como de costumbre, no ha protestado públicamente. Algunos juristas han cuestionado la legalidad de los decretos presidenciales señalando que conforme a la Constitución nacional el Poder Ejecutivo no está facultado para emitir decretos a fin de cambiar las reglas electorales, pero no es demasiado probable que prosperen los eventuales intentos de obligar al gobierno kirchnerista a dar un paso atrás. Podrá acusar a sus adversarios de tratar de “judicializar la política” y, de todos modos, los tiempos de la Justicia suelen estirarse tanto que sería asombroso que se produjera un fallo definitorio antes del 23 de octubre. Asimismo, sorprendería que incidieran en el estado de ánimo del electorado los planteos éticos de quienes afirman que es poco democrático permitir a un presidente que, es de suponer, buscará ser reelegido, cambiar las reglas con miras a apropiarse de más votos. Como en repetidas ocasiones se ha hecho evidente, en nuestro país sólo un puñado de especialistas se preocupa por los temas institucionales. Además de favorecer a Cristina en el caso de que finalmente opte por postularse, las colectoras podrían beneficiar a algunos candidatos opositores, entre ellos el porteño Mauricio Macri, con adherentes que se ven diseminados por el territorio nacional. En cambio, a los aparatos de los distintos partidarios les será más difícil impedir la dispersión de los votos. Antes de iniciarse la temporada electoral el gobierno kirchnerista se aseveraba decidido a simplificar el panorama político nacional impulsando medidas encaminadas a reducir drásticamente la cantidad de partidos, pero pronto se dio cuenta de que la atomización le conviene, razón por la que quiere provocar más divisiones estimulando los “acuerdos de adhesión”. Si bien por motivos que podrían calificarse de prácticos es comprensible que los kirchneristas, dueños de una facción del PJ que se las han arreglado para suplementar con un conjunto abigarrado de “transversales”, entre ellos muchos radicales, hayan optado por fragmentar todavía más el ya caótico panorama político nacional, sus esfuerzos en tal sentido no pueden sino tener consecuencias muy negativas al hacer virtualmente imposible la formación de un sistema partidario equiparable con los de los países “normales”. Asimismo, el gobierno ha decretado una serie de medidas que, según sus adversarios, le permitirán limitar la difusión de propaganda electoral opositora al prohibir a los partidos contratar publicidad en los medios televisivos o las emisoras de radio mientras dure la campaña. Puesto que nada impedirá que el gobierno siga gastando mucho dinero para mantenernos informados de sus logros –se habla de más de un millón de pesos diarios–, es lógico que quienes no militan en el oficialismo se crean víctimas de una nueva manifestación de prepotencia kirchnerista. En algunas democracias, la voluntad patente del gobierno de poner al Estado al servicio de su campaña proselitista le jugaría en contra, pero parecería que aquí la mayoría está tan habituada al abuso de poder así supuesto que lo tomará por evidencia de que sólo el kirchnerismo está en condiciones de asegurar la gobernabilidad.
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