Discurso de Fernández: la campaña y la urgencia de salvoconductos judiciales toman velocidad

Se acentúa la diferencia de un presidente que antes invitaba a “apostar al diálogo” y ahora arremete contra las “minorías ultra recalcitrantes”.

Presidente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se apresura la carrera electoral y se ensancha más la grieta con un discurso de Alberto Fernández ante el Congreso que mantuvo flama alta contra la oposición, los medios de comunicación “concentrados” y, sobre todo, la Justicia.

¿Autocríticas? Casi inadvertidas. El breve reconocimiento de los “errores” del escándalo de las vacunas se desdibujó con sonrisas irónicas del mandatario.

Se profundiza la diferencia de un presidente que antes invitaba a “apostar al diálogo y a construir el futuro entre todos” y ahora arremete contra las “minorías ultra recalcitrantes”, los portadores del odio”, y la “mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia" (por la gestión Macri). Se difumina un mandatario dialoguista, para quienes cándidamente lo creían.

En el auditorio, aunque aisladas, fueron igualmente penosas las reprobaciones o chicanas proferidas sin respeto por el discurso por parte de Fernando Iglesias y Waldo Wolff, del PRO.  

La fusta presidencial contra el mayor frente opositor alcanzó máxima intensidad en el mensaje cuando Fernández anunció una “querella criminal” por la toma de crédito del FMI en la gestión macrista: la encuadró en un claro delito.

Pero sobre el tema del acuerdo en sí con el Fondo, de resolución abierta, dejó en claro que no tiene apuro. Queda para después de las elecciones.

Luego definiciones reiteradas: fuerte defensa de los controles de precios, promesas productivas, apuesta a los ladrillos públicos (sin fondos extra en el Presupuesto 2021), nueva ley de hidrocarburos, tarifas diferenciales según nivel de ingresos y nuevo cuadro tarifario para 2022, amén de un “gran acuerdo federal” por la educación (aun cuando no quedan demasiados puentes con los ya dinamitados).

El plato fuerte -el capítulo judicial que más interesa a la vicepresidenta Cristina- llegó al final. La acusación de Fernández fue de las más graves escuchadas: “El Poder Judicial parece vivir en los márgenes de la democracia”. Hubo palos por las demoras en las resoluciones (que comparte la ciudadanía toda), críticas porque sus integrantes no pagan Ganancias (ídem), quejas la por la edad y porque no son transparentes las declaraciones juradas de bienes en el sistema judicial. Fueron filípicas claras hacia la Corte, en particular a Highton de Nolasco por su edad, y al fiscal Carlos Stornelli que investigó la causa de los cuadernos, tan procesado como la vicepresidenta por razones claramente distintas.

Así, Fernández insistió con proyectos que el kirchnerismo no logra ver avanzar: cambios en el funcionamiento de la Corte, reglamentación del artículo 280 (usado para la confirmación de la condena a Amado Boudou), reforma del Consejo de la Magistratura, y lo más novedoso y extravagante: tribunal intermedio por debajo de la Corte, para limitar su poder. Muchos de ellos, salvoconductos de impunidad.


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