La causa de las licencias truchas tiene más plazo

El juez le dio al fiscal seis meses más para que investigue a la banda que otorgaba el carnet de conducir sin la exigencia de los requisitos, a cambio de dinero.



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Como la licencia es federal, el fiscal Lista pidió datos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.(Foto: Archivo )

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Las oficinas de Tránsito.

El juez de garantías Ricardo Calcagno resolvió prorrogar el plazo para que el fiscal Guillermo Lista siga adelante con la recolección de pruebas en la investigación preliminar para tratar de identificar a los responsables de la emisión de licencias de conducir apócrifas en el área de Tránsito y Transporte del municipio.

Calcagno admitió el pedido de Lista que había reclamado la prórroga porque explicó que aún tiene pendientes peritaciones informáticas que son clave para la investigación.

Lista señaló en la audiencia, que se hizo días atrás en Tribunales, que todavía no se pudo hacer la peritación de las copias de los CPU de las computadoras del área de Tránsito y Transporte, que se obtuvieron en un allanamiento.

Dijo que a finales del año pasado pidió informes a la dirección de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que indique datos relevantes para la investigación, pero la respuesta que recibió fue insuficiente. Por eso, reiteró la solicitud de información al organismo nacional. Esos datos son fundamentales para que el perito informático del Poder Judicial rionegrino pueda hacer la peritación de los CPU.

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Lista pidió a los organismos nacionales que informen, por ejemplo, los empleados o funcionarios que tenían permisos para operar el programa informático, que controla la emisión de las licencias de conducir. Se trata de un programa que depende de Seguridad Vial de Nación. También, solicitó que informen los niveles de acceso a ese soporte informático, que estaba en las computadoras de Tránsito y Transporte del municipio.

La expectativa del fiscal es que con esa información podrán después establecer cuántas licencias truchas vendieron. El año pasado se hablaba de alrededor de 700 licencias apócrifas. Lista sostuvo que “es un número cuantioso”. Las licencias se vendieron a personas que estaban inhibidas de obtener su carné de conducir.

Señaló que es una causa compleja de investigar y, por eso, solicitó la prórroga del plazo de 6 meses que dispone el Código Procesal Penal para la etapa preliminar.

Recordó que es una causa que se originó con el viejo Código Procesal Penal a partir de la denuncia que funcionarios municipales formularon a principios de septiembre de 2016, cuando advirtieron presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir en el área de Tránsito.

Destacó que en esa investigación preliminar se autorizaron intervenciones telefónicas a algunos de los sospechados y se hizo el allanamiento en las oficinas de Tránsito. Lista recordó que hubo que adecuar la causa al nuevo sistema.

Sostuvo que hay varios empleados municipales sospechados y una mujer que no trabajaba en la municipalidad que se dedicaba a ofrecer las licencias apócrifas. Los conductores interesados en esa propuesta no tenían que sacar libre deuda, ni rendir examen teórico ni de conducción. Era suficiente con pagar el monto solicitado (que nadie pudo precisar hasta ahora) para obtener una licencia, que no tenían el legajo correspondiente.

El defensor oficial Juan Pablo Laurence había pedido suspender la audiencia y convocarla para otra fecha con las personas sospechadas para que puedan designar defensores. Pero Calcagno desestimó el planteo.

Por ahora, la Justicia no logró determinar cuáles eran los empleados municipales con niveles de acceso a la red nacional para poder emitir licencias.

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Por ahora, la Justicia no logró determinar cuáles eran los empleados municipales con niveles de acceso a la red nacional para poder emitir licencias.

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