La causa que frena el contrato del cerro Catedral sigue en Bariloche
En junio la Justicia hizo lugar a una apelación del municipio y lo remitió al STJ pero nunca llegó a Viedma. Hay dos nuevos planteos para resolver.
La causa que frena el contrato del cerro Catedral sigue en Bariloche
El contrato de prórroga de la concesión del cerro Catedral no podrá firmarse por ahora. Con una medida cautelar en plena vigencia, que frena la firma del convenio hasta 2056 entre Catedral Alta Patagonia y la municipalidad, el expediente judicial todavía está en Bariloche a la espera de la resolución de nuevos planteos.
A mediados de junio, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, hizo lugar a una apelación de la medida cautelar presentada por el municipio y resolvió remitir la causa al máximo tribunal judicial. Sin embargo nunca llegó a Viedma el expediente.
Fuentes judiciales confirmaron a “Río Negro” que el legislador Alejandro Ramos Mejía, que fue quien impulsó la demanda original contra la prórroga del contrato, realizó dos nuevos planteos que todavía no resuelve la Cámara.
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El primer planteo a resolver es la recusación del juez Carlos Cuellar, el único que votó en consonancia con el planteo municipal, a quien el legislador pidió que se releve por haber preopinado en la causa. Ese trámite, tras la feria judicial, está ahora en vías de resolución.
El segundo planteo de Ramos Mejía es una revocatoria a la apelación concedida en favor de la municipalidad. El argumento central es que el Código de Procedimiento Administrativo establece que las apelaciones pueden darse ante sentencias firmes y en este caso se concedió ante una medida cautelar.
El tribunal debe primero resolver la recusación de Cuellar porque si se hace lugar, debe convocar a otro magistrado (posiblemente del fuero laboral) para analizar la revocatoria.
Se estima que los dos planteos podrían resolverse en un mes y en caso de dar curso a la revocatoria, el municipio tiene la opción de ir en queja al STJ. De lo contrario, la causa pasa directamente al máximo tribunal para su resolución de fondo. En Viedma el trámite también es prolongado porque debe estudiarlo y emitir dictamen el Procurador General, Jorge Crespo, y recién luego lo evalúa el STJ.
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