En Bariloche la CEB analiza cómo reducir el impacto de la boleta de luz

Los cargos que la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) incluye en un talón aparte del reglamentado por el ente regulador perderán peso dentro del precio final de la energía en la ciudad. Como se trata de dos adicionales que equivalentes al 45% del valor del consumo, han ido creciendo exponencialmente de la mano de los incrementos en el precio mayorista de la luz que autoriza el gobierno nacional.

Fuentes de la cooperativa confirmaron a “Río Negro” que la revisión está en proceso y que será elevada al Consejo de Administración de la empresa para su análisis.

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La CEB cobra en el llamado talón B cargos que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) no le permite incluir en la factura:

• El servicio de sepelios.
• El servicio de saneamiento en el caso de los que tienen cloacas.
• Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (Simbov).
• La tasa que le cobra el EPRE.
• “Aporte Beneficio 0 CEB”, que equivale al 20% del valor del consumo eléctrico (costo fijo y costo variable).
• “Fideicomiso infraestruct. CEB”, que es el 25% del valor de la energía.

El talón A incluye los tres componentes puros del servicio de energía: costo mayorista, valor agregado de distribución (VAD), y tasas e impuestos.

El costo mayorista (generación y transporte) ha ido creciendo de manera notable desde 2016 sin que la eliminación de los subsidios nacionales llegara a cubrirlo. Y el VAD que percibe la CEB también tuvo aumentos, aunque menores, en los últimos años.

Como consecuencia de estos dos aumentos, el talón B le dio a la CEB ingresos por encima de la pauta original por el que fueron creado ambos adicionales.

“Estamos haciendo las dos proyecciones de las revisiones tarifarias ordinarias (tanto en energía como en saneamiento) y con esos datos se hará una eventual propuesta de reducción al Consejo de Administración. Pero a la fecha no tenemos ninguna definición”, dijo la fuente consultada.

El EPRE había objetado esta manera de la CEB de cubrir sus costos (la técnica regulatoria obliga a los prestadores a ajustarse a los números de una “empresa ideal”), pero luego cambió de parecer y consideró que se trata de una decisión que toman los socios de la cooperativa, representados en la asamblea de delegados, lo que está fuera del radar fiscalizador del organismo.