“La construcción del ‘mal salvaje’”

Ante expresiones públicas que circulan por medios de comunicación oficiales locales, referidas a los sucesos del pasado 28 de diciembre en la comunidad Winkul Newen, paraje Portezuelo Chico, en los que se han criminalizado actos de defensa territorial encarcelando a sus dirigentes y propiciando actos de violencia no sólo física sino también simbólica, no debería perderse de vista el conflicto más amplio en el que se centran. Empresas petroleras –extranjera en este caso–, gobierno provincial, Poder Judicial y fuerzas de seguridad que, actuando en forma separada o por intermedio de alianzas explícitas o tácitas, violan derechos para los pueblos indígenas, mapuce en este caso, reconocidos en la Constitución nacional y en la provincial, así como en otros acuerdos internacionales a los que nuestro país adhiere y que incluyen el consentimiento libre, previo e informado, necesario cada vez que las decisiones afecten territorio comunitario. Los recurrentes intentos de desalojo sufridos en los últimos años por la gente mapuce de la mencionada comunidad muestran continuidades con la forma en la que el Estado argentino ha relegado y posteriormente incluido a los pueblos originarios dentro del territorio nacional, sobre todo con la denominada Campaña al Desierto: matanzas, traslados forzosos de población, desmembramiento de familias, silenciamiento de su lengua y ceremonias tradicionales, encarcelamiento de autoridades religiosas, etc. Prácticas posibles gracias a la construcción del “otro” como salvaje y que han permitido explotarlos laboralmente en estancias de la región, así como en ingenios azucareros del norte argentino. Resulta poco sorprendente la actual construcción del conflicto al que se hace referencia, que incurre en una nueva elaboración de imágenes negativas del “otro” como “violento”, “homicida”, una nueva expresión del salvajismo anterior, en un contexto en el que se intenta introducir nuevas tecnologías de explotación de hidrocarburos, como la fractura hidráulica o “fracking” para la región. Tecnologías prohibidas en algunos países así como en Estados Unidos, por el impacto ambiental que provoca: contaminación de las aguas subterráneas, impacto sobre la producción agropecuaria e incremento de afecciones respiratorias, epidérmicas y otras más graves aún, ocasionadas por la ingesta de metales pesados. Asimismo, es desoída la denuncia de las comunidades sobre el impacto cultural que la explotación petrolera genera sobre su modo de vida específico que, aunque es histórico, incorpora una territorialidad particular –concepción y utilización del espacio–, incluyendo la trashumancia y el respeto por la biodiversidad, que permite no sólo su reproducción física y el sostenimiento material de su población sino también el de valiosas especies animales, de carácter sagrado para su cosmología. Mariana Videla Manzo DNI 29.356.224 Buenos Aires

Mariana Videla Manzo, DNI 29.356.224 Buenos Aires