La corrupción institucionalizada

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Al agravar las penas y los embargos de bienes enfrentados por los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, la Cámara Federal dio a entender que en opinión de los jueces los funcionarios fueron directamente responsables del terrible accidente ferroviario que, el 22 de febrero del año pasado, causó la muerte de 51 personas y dejó heridas a otras 700. No los acusó sólo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, o sea negligencia, sino de administración fraudulenta y estrago culposo, si bien, a diferencia del juez de primera instancia Claudio Bonadío, no quería calificarlos de miembros de una “asociación ilícita”, es decir una mafia formada con el fin de apropiarse de una tajada de los miles de millones de pesos que el Estado nacional gastaba para subsidiar a la empresa Trenes de Buenos Aires de los hermanos Cirigliano. En cambio, la diputada Elisa Carrió no vaciló en aprovechar el fallo de la Cámara Federal para pedir el juicio político a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ministro de Planificación, Julio De Vido, por su papel en “la asociación ilícita que lideraba su esposo”, puesto que “este esquema corrupto de subsidios a empresarios amigos y testaferros del poder fue ideado por Kirchner al comienzo de su mandato”. Huelga decir que no hay posibilidad alguna de que prospere la iniciativa de Carrió. Aunque es razonable suponer que Cristina y De Vido avalaban la forma de operar de Jaime y Schiavi y, por lo tanto, deberían compartir la responsabilidad por la precariedad extrema de todas las líneas ferroviarias nacionales, escasean los legisladores dispuestos a arriesgarse impulsando un juicio político. Asimismo, el esquema denunciado por la diputada y también, a su modo, por la Cámara Federal, cuenta con la aprobación del grueso de la clase política del país. Por desgracia, aquí el capitalismo de los amigos, porque es de eso que se trata, no suele considerarse una aberración exótica sino una modalidad perfectamente normal. Puede que el gobierno kirchnerista haya exagerado al favorecer de manera ostentosa a los miembros de la rama empresarial del movimiento político que se ha formado en torno a sus dos líderes máximos, pero sucede que virtualmente todos los mandatarios anteriores actuaron del mismo modo. A través de las décadas, gobernantes peronistas y radicales, militares y civiles, han aprovechado en beneficio propio los instintos estatistas y nacionalistas de buena parte de la población. Aunque el Estado local no tiene mucho en común con las instituciones así denominadas del mundo desarrollado, para muchos sigue siendo irresistible la idea de que debiera desempeñar un rol mayor en la economía, lo que sirve de pretexto para que el gobierno de turno se apodere de sectores determinados para entonces entregarlos ya a empresarios amigos, ya, como se ha puesto de moda últimamente, a grupos de militantes políticos como La Cámpora. Asimismo, es rutinario que los gobiernos tanto nacionales como provinciales colonicen las reparticiones públicas con sus propios simpatizantes, o con desempleados que podrán manejar con facilidad, de ahí la presencia de sucesivas “capas geológicas” parasitarias que no aportan nada al bienestar común. En el sistema así supuesto, es con toda seguridad natural que funcionarios colaboren con empresarios cortesanos –miembros de la incipiente “burguesía nacional” reivindicada por ciertos teóricos del populismo– para aprovechar las muchas oportunidades para lucrar. También lo es que los funcionarios y sus amigos del sector privado se preocupen tanto por sus propios intereses personales que pasan por alto los de los desafortunados usuarios de los servicios públicos que han caído en sus manos, de ahí el estado pavoroso del grotescamente ineficiente sistema ferroviario y de las líneas aéreas públicas, además de las deficiencias notorias de los hospitales públicos. No se equivocaban los que atribuyeron el desastre de Once a la corrupción, pero sería un error suponer que sea cuestión de algunos problemas puntuales imputables a la deshonestidad, o a la irresponsabilidad, de individuos determinados. Antes bien, se trata de una consecuencia previsible del apego de la mayoría de los habitantes del país a una variante sumamente nociva del populismo.